Nadie ignora que la educación chilena vive un largo estado de coma, conectada a un respirador artificial, como cortesía de 38 años de políticas basadas en el principio de la “libre competencia”. Este principio -patente en las políticas del Mineduc (Ministerio de Educación) de los años de la dictadura, en el fiasco de la jornada escolar completa de Frei, en el negociado de los créditos con aval del Estado de Lagos y hasta en la LGE (Ley General de Educación) de Bachelet, se parece al 2º principio de la termodinámica: Incomprensible pero inevitable.
Lavín continúa la tarea de sus predecesores bajo la mirada experta de Harald Bayer y de José Joaquín Brunner, cabecillas del CEP (Cheek, Earnings & Profits).
La PSU es el mejor indicador de la agonía de la educación chilena. Este índice que califica el saber de quienes cursaron la enseñanza secundaria, adolece de algunos defectos. Partiendo, mete en el mismo saco a los egresados de colegios públicos, subvencionados y privados con un criterio de igualdad solo aparente. Mide un pretendido nivel de conocimientos, dejando de lado cualquier otro tipo de habilidad o de talento.
En esa olimpiada corren rencos, curcos y tullidos, lisiados por la educación para menesterosos, junto a jóvenes entrenados por los Mourinho de la educación para los poderosos. Es insensato hacer competir a unos y otros. Estudiantes pobres versus estudiantes ricos, ¿quién va a ganar? ¡El suspenso es terrible!
Mientras el Estado, administrado bajo la lógica del mercado, mira para el otro lado. La PSU deviene así en otro instrumento de segregación, intensificando el elitismo de las universidades tradicionales. El 66% de los puntajes nacionales de la PSU 2011 proviene de colegios privados. Unos pocos de colegios públicos como el Instituto Nacional o el Liceo Lastarria. Todos, o casi todos, optan por estudiar en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile. El resto debe conformarse con universidades que pierden la decencia cuando se lanzan a la caza de los estudiantes, en una suerte de oferta de saldos de fin de temporada.
Además de instrumento de segregación, la PSU tiene una carga ideológica innegable. Es una barrera inmensa, que sólo pueden franquear quienes gozan de una situación de privilegio social, cultural y económico. Los estudiantes que no cuentan con las condiciones básicas para un desarrollo pleno y mucho menos de algún privilegio, quedan fuera. La PSU filtra a los que tienen mayor acumulación de conocimientos, y elimina a los que no los tienen. Puerta abierta para los primeros. Los demás a formar parte de la clientela cautiva del jugoso y rentable mercado de la educación tarifada.
El tema del acceso es central, porque la educación tiene un valor sustancial en procesos sociales como la democratización, la participación y la conciencia ciudadana. Y por cierto en el desarrollo social y económico del país. La cuestión del acceso a la educación pone en evidencia aspectos ideológicos, porque la igualdad de oportunidades es sólo un elemento discursivo falaz, pues representa una amenaza para la hegemonía de la elite.
Democratizar el acceso a la educación -en todos sus niveles- implica la democratización de todos los aspectos de la vida en sociedad. En Uruguay -pequeño país de 6 millones de habitantes-, la Universidad de la República, catalogada como una de las mejores de Latinoamérica, practica una política de acceso universal y libre a todos quienes deseen ingresar. En Uruguay la enseñanza es gratuita en todos los niveles, incluso en los postgrados. También existe un Fondo Solidario, uno de verdad, que le ofrece becas a los estudiantes del interior del país para que puedan frecuentar la Universidad de la República. “La Universidad” como la llaman en Uruguay, es gratuita y autónoma, y cualquier uruguayo puede acceder a ella bajo las premisas que garantizan la democratización de la enseñanza universitaria. En Uruguay coexisten una rica cultura, una democracia efectiva y una intensa vida intelectual, entre tantas otras bondades que caracterizan a ese país. No hay ghettos ni para ricos ni para pobres en el ámbito educacional: Todos se cruzan en los patios de los colegios o en el campus de la Universidad, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad armónica, sin las tensiones que conocemos en Chile entre los de arriba y los de abajo.
En materia de educación debemos exigir que el acceso a la universidad sea universal, democrático y gratuito para todos. La Usach (Universidad de Santiago) ha dado un paso en ese sentido, creando el propedéutico que selecciona a los mejores estudiantes de un grupo de colegios pobres, para que ingresen a bachillerato en esta casa de estudios. Pero no es suficiente. La educación integral -que va de la sala cuna a la universidad-, debe ser pública, laica y gratuita, como ya fue el caso en el Chile que ostentó alguna vez la calidad de República.
En este tema, como en tantos otros, existe el freno de la Constitución antidemocrática e ilegítima aún en vigor. De ahí que sea de imperiosa necesidad movilizarnos por una Asamblea Constituyente. Para dotarnos de una Constitución de la que podamos sentirnos orgullosos. Una que le devuelva al pueblo de Chile su calidad de único Soberano, condición imprescindible si queremos construir el sistema educacional que Chile necesita.
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