El “proceso constituyente” anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet, para elaborar una Nueva Constitución, ha encontrado ciertos reparos de forma y de fondo. La derecha optó por impugnar globalmente la iniciativa. Sin embargo, los cuestionamientos a la modalidad deliberativa y a los tiempos del proceso hechos por partidarios de un cambio constitucional, deberían ser escuchados por el Ejecutivo.
En una sociedad democrática las constituciones no pueden ser pétreas ni inmodificables. Como todo marco regulatorio debe estar abierto a rectificaciones o modificaciones para cambiar normas que un sector mayoritario de la población perciba como sesgadas y, por tanto, generan asimetrías o desequilibrios sociales y políticos. Por consiguiente, en la perspectiva de una buena gobernanza, es necesario buscar un consenso para establecer un nuevo marco regulatorio, más tangible, para la vida en común.Separar los temas que tienen que ver con el cómo del debate sobre el qué, es darle a la derecha motivos para seguir esgrimiendo argumentos que solo pretenden confundir a la opinión pública, verbigracia: incertidumbre e improvisación.
Las encuestas muestran que la ciudadanía, mayoritariamente, respalda un cambio constitucional. Según la Encuesta de Desarrollo Humano realizada en 2013, el 76,2% de los entrevistados considera que es muy importante o bastante importante hacer cambios a la Constitución (PNUD, 2015). Un sondeo de Cadem, mostró que un 71% está de acuerdo que Chile necesita una nueva Carta Fundamental. En tanto, una encuesta reciente de Chile 21 sitúa el cambio a la Constitución con 78% de apoyo.
Es por ello que este debate no puede seguir postergándose. Hoy adquiere una relevancia mayor la forma de organizar el Estado y sus distintos poderes para posibilitar una mejor convivencia social y política, más integradora, con un marco normativo que incida en la búsqueda de valores compartidos para potenciarnos como país y para dirimir sin conflictos traumáticos las ineludibles diferencias y discrepancias que conlleva el desarrollo social, económico y político en una sociedad moderna.
Sin embargo, la propuesta presidencial, al no acoplar simultáneamente, los contenidos con el procedimiento, genera reparos. Un debate racional requiere una focalización del tema en su integralidad, combinando, por ende, el cómo del mecanismo y las ideas matrices que se postulan. Gatillaría, además, una mayor participación ciudadana al constatarse que existen los espacios “incidentales” para hacer valer sus puntos de vista, ampliando los marcos del debate más allá del mecanismo. Asimismo, esclarecería el escenario y desvirtuaría con ello los cuestionamientos hechos por la derecha que solo pretende oscurecer y bloquear el debate sobre las bases esenciales de una nueva Carta Fundamental.
Los temas sustantivos que deberían conformar la nueva Carta Magna no se pueden esquivar en este “proceso constituyente”, puesto que circunscribir la discusión constitucional al mecanismo restringe el debate exclusivamente al cómo y relega a un segundo plano los temas relacionados con los principios y las bases de la nueva institucionalidad; elementos esenciales que deben ser conocidos, comprendidos y analizados en forma informada y crítica por la ciudadanía.
Existen propuestas concretas sobre el contenido de la nueva Constitución, en temas muy relevantes -como se expresa en el propio programa de Bachelet de 2013– a ello debiésemos sumar las innumerables propuestas y debates que en ambas cámaras del Congreso se han dado en los últimos años en materia constitucional, lo lógico, entonces, es introducirlas al debate en esta fase de “diálogos ciudadanos” –instancias que proveerían los insumos para que la Presidenta proponga un proyecto de Nueva Constitución al Congreso a inicios del segundo semestre de 2017.
De esta manera el Congreso 2018-2022 tendría la misión de definir, en un plazo no superior a un año, el texto definitivo de la nueva Carta Magna, permitiendo acotar el proceso a un tiempo menor, que no excedería los 3 años, un espacio de tiempo sensato y coherente para zanjar un tema tan relevante.
Separar los temas que tienen que ver con el cómo del debate sobre el qué, es darle a la derecha motivos para seguir esgrimiendo argumentos que solo pretenden confundir a la opinión pública, verbigracia: incertidumbre e improvisación. Respecto a la tan bullada incertidumbre empresarial sobre la propiedad privada, el programa de la Presidenta Bachelet 2013, explícitamente, garantiza y reconoce el derecho a la propiedad privada, declarando que ella cumple una función social.
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