En democracia han sido múltiples las voces que se la han jugado por proponer reformas a la Ley, pero muy pocas han sido escuchadas.
Asombra la mezquindad con que la derecha ha intentado sacar provecho de la emergencia a causa de los incendios forestales. Esta mezquindad se evidencia en las actitudes de José Manuel Edwards (RN) pagando para multiplicar la audiencia de sus críticas a la gestión gubernamental o bien la poco lógica relación que Alejandra Bravo (PRI) quiso encontrar entre la votación del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales y los incendios, con atribuciones casi bíblicas. Mención aparte merece el comentario de Teresa Marinovic donde echa por tierra cualquier intervención estatal y la cataloga de “burocrática” y a los funcionarios públicos como “faltos de educación”.
En este ambiente haría bien discernir entre lo que corresponde hacer y lo que no. Corresponde una autocrítica por la capacidad de reacción estatal, desde luego, pero también hay que reconocer que no hubo avances sustanciales respecto de lo que el ex Presidente Piñera prometiera como una reestructuración de ONEMI, cuyo nombre sería Agencia Nacional de Emergencias. Dijo, en aquél momento Piñera, que dicho servicio buscaba «que (se) establezca un sistema eficaz de alerta temprana y ayuda a las víctimas, frente a todas las emergencias que afectan a nuestro país» (El Mostrador, 2010). Lo cierto es que pasó todo su gobierno y no hubo cambio, y también es cierto que en el presente gobierno tampoco ha existido, pero se han elevado sustancialmente los recursos disponibles para instituciones clave, entre ellas Bomberos de Chile. Lo que claramente no tiene lugar, y hay que decirlo, es la crítica destemplada y fuera de lugar, que hace de Chile Vamos una coalición que hoy aparezca como oportunista.
Bien vale aprovechar esta coyuntura para proyectar las capacidades de asumir las catástrofes como un tema de Estado y que no pase esta ocasión donde, al parecer, hay voluntad política transversal para dotarnos de una institucionalidad de emergencias acorde a las características de nuestro país.
Si coincidimos en el diagnóstico de que se hace necesario contar con una institucionalidad de emergencias potente, preventiva, pero también con capacidades de control de las situaciones de catástrofes, coincidiremos en que es necesario que dicha institucionalidad tenga el carácter de permanente. Al contrario de lo que se ha planteado en este debate por personas de la derecha chilena, es un imperativo que esta institucionalidad sea estatal, no por un fetiche de lo estatal en sí mismo, sino por la premisa que es algo que no se debe dejar a la deriva sino que debe ser parte de las obligaciones del Estado con la población.
Para que exista esta transformación de fondo se necesita un financiamiento permanente y es aquí donde debería darse el pie para modificar la Ley Reservada del Cobre que actualmente entrega cerca de 858 millones de dólares anuales a las Fuerzas Armadas para la compra de armamento. Con esos recursos, incluso de manera transitoria, Chile podría adquirir el equivalente a la reposición y compra de más de mil carros de bomberos (utilizando un costo promedio de 600 mil dólares por carro bomba), o bien 14 veces la capacidad recuperada luego del 27F en los 9 hospitales de construcción acelerada. Estas cifras pueden parecer exorbitantes, pero no lo son, desde 1995 a la fecha se le ha entregado a las Fuerzas Armadas un total de 17.456 millones de dólares, unos 11 billones de pesos si tomamos la conversión actual. Además, la Ley Reservada del Cobre tiene una carga de antidemocrática, pues su contenido no fue debatido por un Poder Legislativo, sino que fue impuesta durante la dictadura.
En democracia han sido múltiples las voces que se la han jugado por proponer reformas a la Ley, pero muy pocas han sido escuchadas. Quizás sea momento de hacer un uso de los recursos que verdaderamente haga justicia de las necesidades de la ciudadanía y prepararse para contingencias más ciertas, como son los desastres.
Si de propuestas se trata, entonces hagamos de esta emergencia un momento para aportar al debate y juguémonos por salir de este desastre preparados para los que vendrán y por tener una verdadera política pública en tiempos de calma para tiempos de catástrofe.
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