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¿Por qué sigue Rozas como General director de Carabineros?

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En la Ciencia Política para la explicación de los fenómenos políticos es necesario la construcción de conceptos, las que siempre deben tener un sustento o marco teórico, desde el cual se procede a explorar, describir, explicar o cualquiera que sea el verbo rector del objetivo de cualquier trabajo investigativo, en el campo de las Ciencias Sociales.

Es así como, para diversos fenómenos, se han construido conceptos o definiciones que explican, caracterizan algo, se crean expresiones sin significado formal en la lengua (como gobernanza o “accountability”) o, simplemente, aclaran o apropian una expresión entregándoles una significación técnica propia de la disciplina; como inacción gubernamental, por ejemplo. Según los autores Peter Bachrach y Morton Baratz (1963) la “no toma de decisiones” es una “práctica para limitar el alcance de la toma de decisión real hacia temas “seguros”, manipulando los valores dominantes de la comunidad, los mitos, las instituciones y los procedimientos públicos. Omitir esto, es negar una “cara” entera del poder” (American Political Science Review, vol. 57, n°3, sep 1963).


Nos hastiamos de la falta de control y de rendición de cuentas ante la ciudadanía de instituciones tan básicas como la policía, de delitos contra la integridad física y moral de personas

En consecuencia, para el caso que se trae a colación; es decir, la permanencia del General director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, y la evidente inacción del Gobierno de turno frente a las reiteradas, y ya confirmadas por diversos estudios (uno de ellos es el informe evacuado por la Comisión para la reforma de Carabineros del senado), violaciones a los Derechos Humanos como práctica sistematizada para el control del orden público, y que ante las reiteradas faltas e infracciones flagrantes a las normas imperantes para el límite al poder del Estado y al uso de la fuerza socialmente organizada y monopolizada en el Estado y sus agentes (policías y militares), el Gobierno de forma pertinaz no ha iniciado ni reformas a la estructura de Carabineros ni removido al alto mando. ¿Por qué?

Las acusaciones y hechos comprobados son de gravísimas consecuencias, tanto que la comunidad académica y política internacional ha levantado la voz de alarma ante la brutalidad policiaca que, aparentemente, las autoridades no han querido ver, se han desentendido y no han manifestado voluntad alguna en poner fin a una institucionalidad opaca, sin rendición de cuentas efectiva (accountability) y con completa y absoluta impunidad en varios casos, lo que ha provocado que la herramienta del control social y ciudadano del orden público sea despreciado por una abrumadora mayoría en la sociedad civil.

Frente a estas circunstancias, y retomando el concepto de Bachrach y Baratz, si el Gobierno de turno, y los que le precedieron (porque esta actitud brutal ha sido permanente en el tiempo) no actuaron, es decir, no tomaron la decisión de transformar a la policía militar chilena en una policía profesional, civil y no deliberante, se debe ni más ni menos a la dimensión de poder o control sobre el poder que una camarilla, es decir, el generalato de la institución ejerce sobre el poder civil. De otra manera no es posible explicar la falta de acción y voluntad política para reformar a la policía chilena y abolir, de una vez por todas, los abusos, ilícito e impunidad que cubre a Carabineros.

La falta de acción del Gobierno frente a los escándalos públicos de homicidios, lesiones graves, defraudaciones multimillonarias, no solo mellaron en la confianza ciudadana en la policía, sino evidenció que las camarillas formadas por el alto mando en conjunto con algunos funcionarios de tropa y oficiales de menor graduación, tienen un control absoluto, sin rendiciones de cuenta transparentes y creíbles ante la autoridad, y esta incólume, persevera en declarar públicamente su apoyo a un alto mando salpicado por la desconfianza, no solo ciudadana, sino también de la tropa, de los funcionarios que sí arriesgan su vida e integridad física, a las órdenes sin control civil de organizaciones opacas al interior de la institución.

La descomposición de toda la institucionalidad normativa de Chile se ha evidenciado desde inicios del siglo XXI, y es el poder de facto que ejercen las instituciones castrenses y de Carabineros aún poseen, es uno de los principales combustibles de la violencia desatada en las últimas rebeliones ciudadanas. Lo vimos durante la llamada “revolución pingüina”, donde gráficamente quedó plasmada la doctrina policial: Reprimir sin miramientos, castigos corporales a los desconformes, y completo desamparo a los procesados por el sistema. Este mismo patrón se repitió en las diversas manifestaciones que, como un sarpullido, comenzaron a desatarse por todo el país desde 2010 en adelante.

La rebelión del 18 de octubre de 2019 no solo evidenció el hastío de buena parte de la ciudadanía a los abusos de poder y privilegios de un grupo minoritario de la sociedad civil, quienes perciben todos los beneficios de la actual legislación y normativa constitucional, sino que además nos hastiamos de la falta de control y de rendición de cuentas ante la ciudadanía de instituciones tan básicas como la policía, de delitos contra la integridad física y moral de personas (muchos de ellos menores de edad) que han quedado impunes gracias a las leyes que, nuevamente, este Gobierno y los anteriores, de manera pusilánime, se han negado a reformar.

Hoy, a un año de la rebelión de octubre, la ciudadanía dice basta. Basta de la inacción o no decisión del Gobierno a remover a Rozas, basta de descontrol civil sobre las instituciones castrenses y de orden, y basta, señoras y señores, de falta de responsabilidad de los mandos. Es intolerable que no existan mecanismos de control y rendición de cuentas en las policías. Quizá, deberían tomar el ejemplo de las transformaciones en materia doctrinaria y de imagen de la PDI, única entidad policiaca del país en establecer mecanismos de transparencia y control civil sobre un órgano del Estado que detenta parte de la fuerza socialmente organizada.

El camino es claro y evidente: El general Rozas debe dar un paso al costado, por el bien de su propia institución, y el Gobierno y las autoridades políticas entregar una propuesta de abolición de la policía militar de Carabineros, y fundar una nueva policía nacional de Chile, de carácter civil, completamente no deliberante y bajo el control directo del encargado de la seguridad interna y ciudadana.  Si esto no se da, ya sabemos dónde está el control del poder, y claramente no en La Moneda.

 

TAGS: #CarabinerosDeChile #DerechosHumanos

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