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¿Por qué despenalizar el aborto inducido en Chile?

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La divergencia de opiniones con respecto al aborto, surge cuando se habla de aborto inducido. No existe otro procedimiento quirúrgico electivo con la repercusión social, política y económica que ha tenido el debate sobre la despenalización de la interrupción deliberada del embarazo.

La regulación de la fecundidad es una de las prácticas más antiguas de la historia. Así, es posible encontrar en la literatura, que la mayoría de los aborígenes americanos tomaba brebajes elaborados a partir de ciertas hierbas para interrumpir el embarazo A pesar de eso, en Chile el aborto sigue siendo una práctica punible. Y hoy está nuevamente en el tapete mediático. Esto, porque la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció durante la cuenta anual del 21 de mayo, que enviará un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos específicos; propuesta que ha sido rechazada ampliamente por los sectores más conservadores del país.

¿Cuándo hablamos de aborto? Desde el punto de vista clínico, el aborto se define como la interrupción de la gestación antes de la vigésima semana, contando desde el primer día del período menstrual[1]; o sencillamente, como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal.

La divergencia de opiniones con respecto al aborto, surge cuando se habla de aborto inducido. No existe otro procedimiento quirúrgico electivo con la repercusión social, política y económica que ha tenido el debate sobre la despenalización de la interrupción deliberada del embarazo.

Hoy en día, la sociedad chilena, ha cambiado su percepción en torno al aborto. Cada vez son más las chilenas decididas a enfrentar la cultura machista y a demostrar que ellas también deben ser parte de la discusión. Sin ir más lejos, la periodista Patricia Espejo, en una carta enviada a El Mercurio, relata su testimonio de aborto terapéutico, en donde señala: “Sin duda fue una decisión por la vida”.

En la cuenta pública del 21 de mayo, Michelle Bachelet, fue enfática al anunciar que “Chile debe enfrentar, en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”.

Ante la envergadura de lo expuesto por la Presidenta Bachelet, el sector más reaccionario de Chile no tardó en manifestarse. En concreto, el ex presidente Sebastián Piñera envió una carta a El Mercurio para expresar su opinión en relación a la despenalización del aborto en los casos que ha señalado la presidenta. Piñera argumenta que hay razones de naturaleza moral, jurídica y práctica que sustentan el derecho a la vida por sobre el derecho al aborto. En la misiva, el ex Mandatario es firme al señalar que “algunos esgrimen que Chile sería un país menos moderno y civilizado por no imitar lo que han hecho otras naciones supuestamente más desarrolladas, donde el aborto no solo es legal, sino ampliamente aceptado. Pero están equivocados”.

El peligro en el que incurre el sector más tradicionalista de nuestro país, al sustentar sus argumentos solo en asuntos morales y jurídicos, es precisamente, contribuir al detrimento de la salud femenina, en particular, al atentar contra los derechos reproductivos de la mujer. Cuando en un Estado de derecho se ponen en marcha políticas para prevenir los embarazos no deseados y los abortos, evadiendo las cifras que evidencian la cantidad de abortos inducidos que ocurren en un año, se está llevando a cabo un proceso antidemocrático.

Un ciudadano que está en contra de la despenalización del aborto inducido, es un individuo que ignora el papel de la mujer en la sociedad, más aún, desconoce, primero, que se estima que 46 millones de embarazos finalizan en un aborto inducido cada año y que casi 20 millones son inseguros. Segundo, que alrededor del 13% de las muertes relacionadas con embarazos han sido atribuidas a las complicaciones de los abortos inseguros y probablemente alcanzan la cifra de 67 mil muertes anuales[2].

En países en desarrollo, como el caso de Chile, el riesgo de muerte secundario a complicaciones de procedimientos de abortos inseguros es varios cientos de veces mayor que aquel de un aborto realizado profesionalmente y bajo condiciones seguras. Además, las complicaciones resultantes de un aborto inseguro contribuyen a serias secuelas para la salud de la mujer, verbigracia, la infertilidad. Finalmente, dado que ningún anticonceptivo es 100% efectivo, continuará habiendo embarazos no deseados, a los que las mujeres buscarán poner término mediante el aborto inducido[3].

El gobierno de Bachelet ha tenido la osadía de enfrentarse al conservadurismo chileno con una propuesta clara: discutir un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida de la madre. Este es el momento propicio para que los parlamentarios demuestren al país que pueden llevar a cabo una discusión madura, informada y propositiva –como lo ha solicitado la mandataria-; sin caer en el empecinamiento y la moralina. Aprobar el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, contribuirá a salvar la vida de cientos de mujeres, que de otra forma, morirían sin recibir uno de los derechos fundamentales a todo ser humano: El derecho a la salud.

Notas:
[1]Niswander, K. R. (1987). Obstetricia. Práctica clínica. Barcelona: Reverté S.A.

[2] OMS. (2003). Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para Sistemas de Salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS).

[3](OMS, Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para Sistemas de Salud., 2003)

 

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