La presente semana El Mercurio ha dedicado dos artículos y una editorial a la situación de las tierras traspasadas a comunidades mapuches. La tesis principal del editorialista es que dichas tierras se encuentran en un estado de semi abandono, que han perdido radicalmente la productividad que exhibían antes de los traspasos y que la raíz de esta situación se explica por la “presunción de incapacidad relativa” que la ley indígena establece en perjuicio de los indígenas, al instituir que las tierras indígenas no pueden ser “enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.
La prohibición de vender las tierras establecida en la ley indígena se fundamenta en la experiencia histórica, en donde los mapuche no sólo perdieron las tierras que ocupaban ancestralmente, sino también las tierras que se les entregaron bajo la modalidad de Títulos de Merced tras la ocupación de la Araucanía por parte del Estado de Chile y la consecuente Reducción de las comunidades a espacios delimitados. Es un hecho indesmentible que los mapuche fueron víctimas de usurpaciones fraudulentas desde la época de la reducción hasta la promulgación de la actual ley indígena, período en que el Estado chileno fue incapaz de hacer respetar los Títulos de Merced.
El proceso de restitución de tierras a los mapuche se inspira entonces en el concepto de deuda histórica. Hay que decirlo en forma clara: la restitución de tierras a los mapuches no se hace para mejorar la productividad de las mismas en unos pocos años, sino para hacer justicia y devolverles lo que se les arrebató injustamente, condenándolos a la pobreza, la marginalidad y la destrucción de su cultura. Resulta completamente fariseico denunciar hoy la situación de los indígenas con tierra, atribuyendo a esta última condición su situación de pobreza.
Es cierto que en general no sólo no ha habido un desarrollo productivo en las tierras traspasadas a las comunidades indígenas sino que tampoco ha habido un mejoramiento importante de las condiciones sociales en que viven las familias beneficiadas, pero ello no debe servir como excusa para cuestionar la devolución de tierras, sino como acicate para mejorar los instrumentos de fomento y las políticas públicas orientadas a los pueblos originarios. El problema entonces es como promover el desarrollo de las tierras indígenas, no como echar marcha atrás.
Al respecto, hay que reconocer que en Chile hay todavía una fuerte resistencia en el Estado y en la sociedad para implementar políticas que verdaderamente impulsen el desarrollo de los pueblos originarios. Un ejemplo de ello es lo que pasa con el fomento productivo donde persisten diversos mecanismos de exclusión de posibles beneficiarios indígenas de los programas públicos. Entre ellos, la ley orgánica de INDAP que impide incluir como usuarios a indígenas cuyos ingresos agrícolas no sean generados al menos en un 50% por actividades agrícolas, o el DFL 701 que determina que predios acogidos al decreto no tienen acceso a otros instrumentos de fomento, sin considerar que el predio pudo tener el beneficio antes de ser traspasado a una comunidad indígena; o diversos servicios públicos de los ministerios de Economía y Trabajo que tienen normas que conllevan exigencias de constituirse en figuras jurídicas ajenas a las reconocidas por la Ley Indígena. Todas estas discriminaciones se podrían resolver fácilmente, pero no se hace.
Es evidente, por otra parte, que no hay suficiente pertinencia y sinergía entre los mecanismos disponibles para incentivar el desarrollo productivo de las tierras indígenas. En efecto, CONADI, INDAP, CONAF, CNR, MOP, MINVU, Gobiernos Regionales y Municipios desarrollan diversos programas e iniciativas, pero carecen de una estrategia común que permita armonizar el proceso de restitución de tierras y el desarrollo productivo. Hay una permanente mezcla de programas de emergencia que introduce una enorme confusión. Las líneas de superación de estos problemas pasan por identificar buenas prácticas y desarrollar experiencias pilotos que por la vía ejemplar incentiven a las comunidades, servicios públicos y sector privado a asociarse e insertarse en los mercados, tal es el caso del proyecto “Santa Rosa de Colpi” de las comunidades Didaico, Pantano y Temulemu, que lamentablemente el actual gobierno ha paralizado.
En el plano de la innovación tampoco se hace gran cosa. Los sistemas de fomento y apoyo a la innovación discriminan con exigencias formales que no se condicen con la especificidad cultural indígena. Salvo excepciones, no promueven ni declaran apertura a emprendimientos con valor agregado de identidad cultural o local, o bien destinan recursos de menor calidad a ello.
En relación al acceso al agua, es cierto que las comunidades tienen grandes dificultades de acceso y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas. Ello se explica por la exigencia de constituirse en figuras jurídicas ajenas a las reconocidas en la Ley Indígena y la pérdida de derechos de agua. Para enfrentar esta situación es imperativo adecuar la legislación relativa a aguas y procedimientos consecuentes a las normas del Convenio 169.
Con medidas como las señaladas, se podría dar un gran paso adelante para apoyar el desarrollo de los predios traspasados a las comunidades indígenas. No será permitiendo la venta o hipoteca de las tierras como va a lograrse el desarrollo de las comunidades. Ese camino llevaría a un nuevo proceso de usurpaciones, teniendo esta vez al sistema financiero como protagonista principal, a un retroceso gigantesco en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a un nuevo intento por retrotraer la situación a los años del despojo.
(*) Ricardo Brodsky forma parte del Programa Política Indígena de Proyectamérica
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