Es lógico pensar que las empresas donantes esperan una retribución en la tramitación de las leyes, lo que es preocupante y malsano para la estabilidad del sistema democrático.
La indagación de la Fiscalía respecto del llamado fraude al FUT o pentagate ha provocado un cuestionamiento generalizado al sistema de financiamiento de las campañas políticas, lo que obliga al gobierno y al conjunto de los partidos políticos a impulsar, a la brevedad, una agenda de reformas para legislar un marco regulatorio que ponga límites estrictos al actual maridaje entre dinero y política, elevando los estándares de transparencia y probidad.
Es urgente que el Ejecutivo envíe un proyecto en esta materia, particularmente cuando la enmienda presentada por los diputados Jackson y Mirosevic al proyecto de Ley para cambiar el sistema electoral binominal que busca transparentar las donaciones que hacen a las campañas políticas particulares y empresas puede ser declarada “inadmisible” en el Senado por “no tener nada que ver con el sistema electoral, sino con el sistema de financiamiento electoral, que es otra ley”.
Para que los ciudadanos emitan un voto informado es esencial que ellos conozcan no solamente las propuestas de los candidatos, sino también quiénes los financian. Al transformarse el dinero en el rector de la política en la sociedad, se abdica del bien común, puesto que la voluntad popular (pública) es monopolizada por un sector minoritario, marginando de la acción de gobernar a las personas y/o entes políticos exclusivamente por limitaciones de ingresos financieros, lo que repercute negativa e inexorablemente en la calidad y legitimidad de la democracia.
La democracia presupone la institucionalización de la igualdad política, lo que implica la igual participación de todos y cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas a la propia comunidad, por ende, al vulnerarse la igualdad política por factores de dinero, la representación política en las instituciones del Estado se distorsiona por la acción de quienes ostentan el poder económico, al no poder confrontarse todas las opiniones con iguales o similares posibilidades. Lo anterior conlleva una segunda vulneración: la limitación del derecho a la competición para construir una matriz política o paradigma socio-cultural distinto y alternativo al imperante.
Los aportes reservados (mayoritariamente provenientes de empresas) se han incrementado en forma sideral. Según datos obtenidos del Servicio Electoral, el año 2009 ascendieron a 12 mil 900 millones mientras que el 2013 alcanzaron a 16 mil 500 millones. En dicho año, el 45% fueron recibidos por candidatos de la UDI. Es evidente que la proporcionalidad no estuvo presente, como tampoco la igualdad política.
Permitir las donaciones reservadas de las empresas en elecciones, corroe el carácter democrático de la forma de gobierno al no transparentarse los compromisos y los vínculos de los candidatos electos, quienes eventualmente pueden condicionar su accionar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, a favor de quienes los financian y en detrimento de la mayoría de la población. Las empresas no son entes filantrópicos, al contrario, son instituciones que tienen como fin maximizar sus utilidades, por tanto las donaciones que efectúan tienen un solo propósito: coaptación y alineación entre los intereses de la empresa y el receptor, incrementando así la influencia del capital en los asuntos públicos y funcionamiento de la política.
La historia reciente nos indica que los receptores de los aportes de las empresas no se inhiben de opinar y participar en los debates o iniciativas referentes a la regulación de las empresas que financiaron sus campañas (banca, retail, pesca, etcétera), tal como lo ilustra lo sucedido con la Ley de Pesca y la diputada Isasi. Es lógico pensar que las empresas donantes esperan una retribución en la tramitación de las leyes, lo que es preocupante y malsano para la estabilidad del sistema democrático.
Se hace imperioso, por ende, modificar sustancialmente la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que legalizó los aportes reservados de empresas a las campañas políticas y que concede beneficios tributarios para las donaciones de las mismas.
La nueva norma debe eliminar la posibilidad de las empresas de realizar donaciones como personas jurídicas y acotar los aportes a personas naturales, suprimiendo el beneficio de exenciones tributarias y el de reserva, y debería propender a establecer un financiamiento mixto: fiscal (impide mercantilizar la democracia y empareja la cancha en la competencia electoral) y de personas naturales (incentivaría una ciudadanía más activa).
El argumento de que al eliminar los aportes reservados se reeditaría la antigua práctica de las “platas negras” o el “maletín” (aportes en efectivo que solían realizarse en las campañas), se deprecia al entregar al SERVEL facultades y recursos para monitorear en terreno el tope de los aportes y el gasto electoral, dándole atribuciones para revisar y detectar los gastos reales en que incurrieron los candidatos, tanto en propaganda impresa, los avisos en las distintas radios y otros gastos afines, como también atribuciones para hacer cumplir el período efectivo de propaganda. Este organismo debe tener la potestad de instruir investigaciones de oficio y de establecer sanciones pecuniarias a los administradores electorales y candidatos que infrinjan la nueva normativa. La nueva Ley debería considerar la facultad del Tribunal Electoral para determinar la pérdida del escaño, al comprobarse el quebrantamiento de la norma sobre el tope o límite de los gastos autorizados.
Es tiempo de una modificación cualitativa del sistema político chileno, reivindicando con mayor fuerza el interés general de la comunidad sobre cualquier otro interés particular.
Comentarios