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Poder judicial y gobierno de la nueva mayoría: marcando la cancha

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Lo que es interesante de constatar en estos tiempos es que ante la mayor capacidad que tiene la ciudadanía para acceder a espacios formales e informales – institucionales y no institucionales- para satisfacer las necesidades de reclamo, justicia, planteamiento de visiones políticas, derechos humanos, ambientales, entre otros, es el poder judicial. Es una dimensión que no se había gestionado desde este poder, ni tampoco desde la ciudadanía, ahora sí lo es.

La ciencia política en tanto disciplina tiene entre sus preocupaciones teórico – empíricas el estudio del poder. Sea en su producción, distribución y gestión, la ‘separación de poderes’ se enseña como un axioma para entender cómo opera una república, un Estado democrático. Montesquieu y el Federalista entregaron las primeras luces al respecto y sobre ellas se ha erigido la arquitectura de la democracia liberal occidental. Entre ellas la de nuestro país.

En Chile tal circunstancia fue y es una cuestión que teórica y discursivamente aparece siempre defendida por académicos, intelectuales y políticos, pero que en los hechos no siempre se ha logrado satisfactoriamente. En ese sentido el gobierno ha tenido la sistemática actitud de arrastrar al poder ejecutivo a cuestionar la separación de poderes cuando se trata de cuestionar las decisiones del mismo, o bien poner condicionantes administrativas a sus integrantes y a los que aspiran integrarlo. Pero eso ya es historia con el cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Lo que es interesante de constatar en estos tiempos es que ante la mayor capacidad que tiene la ciudadanía para acceder a espacios formales e informales – institucionales y no institucionales- para satisfacer las necesidades de reclamo, justicia, planteamiento de visiones políticas, derechos humanos, ambientales, entre otros, es el poder judicial. Es una dimensión que no se había gestionado desde este poder, ni tampoco desde la ciudadanía, ahora sí lo es.

Pero no sólo esta lógica instrumental ciudadana lo hace acreedor de mayor protagonismo. El poder ejecutivo, por medio del gobierno, también se acerca, no sólo cuestionando sus fallos o interviniéndolo, sino que también instrumentalizándolo, cuando de judicializar los conflictos políticos se refiere, sobre todo cuando desde la política no hay capacidad para resolverlos. ‘Esperaremos que los tribunales se pronuncien’ se dice.

Interesa para esta opinión, sobre todo el primer caso, ya que la ciudadanía dispuesta en una lógica de geografía de la Multitud, Movimiento Social, Sociedad Civil, o en cuanto persona individual, hace uso de este Poder Judicial con las autonomías y grados de conciencia correspondientes a estos tiempos, esto es, ejerciendo ese poder que no se encuentra institucionalizado, pero que si logra tensionar al poder institucionalizado.
Se estaría en presencia de lo que Foucault definiría, ejercicio de la microfísica del poder, entendiendo al poder diseminado por todo el cuerpo social, más allá de la esfera política, permitiendo.  Desde ahí se activaría la ‘idea – hecho’ de Contrademocracia, que plantea Rosanvallón, donde los ciudadanos extreman su desconfianza a lo instituido por medio de la acción, implicando control, juicio y obstrucción a la gestión de un  gobierno o de otra autoridad. El poder judicial es una herramienta que viene, para el caso de Chile, a ser funcional para estas acciones.

El poder judicial, teniendo a Sergio Muñoz a la cabeza de la Corte Suprema, se configura en un instrumento interesantísimo para el ejercicio de la microfísica del poder, como también para la ‘idea – hecho’ de contrademocracia, ya que su trayectoria lo muestra como un juez cercano a estas posibilidades de gestión de justicia, sea en cuestiones de derechos humanos y ambientales, entre otros.

Es lógico pensar que Sergio Muñoz sabe esto. También, es pertinente pensar  que sabe que el ejecutivo continuará instrumentalizando al Poder Judicial, sea para criticar su forma de lograr justicia, y así resolver sus incordios políticos, o bien judicializando temas de agenda de gobierno. Si Sergio Muñoz sabe esto, debería comprender que tiene un poder político significativo que podría permitirle una gestión para su sector positiva en el entendido que, además, debiese redundar en un mejoramiento de las prácticas democráticas nacionales. También ha delineado algunas de sus aspiraciones para la gestión de su período.

En este sentido, Sebastián Piñera, en el ocaso de su gobierno, inclusive en su apogeo, ha sido un muy buen catalizador para enviarle mensajes macizos al nuevo gobierno de la Nueva Mayoría. Este poder judicial es consciente de lo que ‘pesa’ en este momento de mayor activación ciudadana, también de lo útil que puede ser para el ejecutivo en la gestión de su gobierno.

Implica entonces, que la Nueva Mayoría y su gobierno, deben atender a este actor desde una dimensión distinta, porque ya se está presentando con una definición política clara. Estamos para ejercer poder desde la administración de la justicia.

Bajo este razonamiento, habrá que esperar cuáles serán las últimas señales que enviará Muñoz a la Nueva Mayoría utilizando al Gobierno de Sebastián Piñera.

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