Como es de público conocimiento, el plebiscito para determinar si nos damos o no una nueva Constitución democráticamente redactada que debía desarrollarse este 26 de abril debió posponerse por la emergencia sanitaria producto del Covid-19. De esta manera, a fines de marzo cursó la reforma constitucional que cambio la fecha de la votación, junto con zanjarse un nuevo calendario electoral que, en concreto, contempla la realización del plebiscito nacional el 25 de octubre de este año, las elecciones primarias Municipales y de Gobernadores Regionales el 29 noviembre, las elecciones Municipales, de Gobernadores Regionales y, eventualmente, de Convencionales Constituyentes el 11 de abril de 2021 y la segunda vuelta Gobernadores Regionales el 9 de mayo.
Pese a ser un calendario ya discutido los últimos días han surgido voces oficialistas que han puesto en tela de juicio la realización del plebiscito, tal es el caso del exministro del Interior Andrés Chadwick (hoy miembro activo de la campaña del rechazo), del actual titular de Interior Gonzalo Blumel o del mismísimo presidente de la República Sebastián Piñera, este último afirmando en una entrevista que la fecha podría volver a discutirse en vista de la recesión económica que enfrentaría nuestro país.
Las declaraciones del primer mandatario y de su círculo cercano no se entienden si no es con una intencionalidad política. Es una realidad que realizar el plebiscito de octubre está sujeto a las condiciones sanitarias que atraviese Chile en esos momentos, algo que se conversará con altura de miras y bases científicas, sin embargo, especular con su concreción a casi seis meses de la fecha fijada para la histórica votación al mismo que se llama a una “nueva normalidad” y un “retorno seguro”, buscando que los funcionarios públicos regresen a sus puestos de trabajos, que se retomen las clases presenciales, que los malls reabran, pero no que podamos ejercer nuestro derecho democrático a votar simplemente carece de sentido.
Debemos ser claros: Enfrentar como país esta pandemia y sus consecuencias económicas no puede ser opuesto a avanzar en nuestro itinerario electoral o en iniciar el proceso de elaboración de un nuevo texto constitucional. No es sano para nuestra democracia que el presidente condicione el calendario electoral a aspectos económicos, puesto que si pone en duda el plebiscito entonces nada obstaría a que luego se planteara que de las condiciones fiscales depende la materialización de las elecciones municipales, de consejeros regionales, parlamentarias o presidencial. Sumado a lo anterior, si hubiese una verdadera preocupación por las arcas fiscales entonces escucharíamos propuestas como votar directamente las y los miembros del órgano constituyente, pero nada de eso se escucha, sino que solo se siembra la duda del proceso en general, lo cual de manera suspicaz puede verse como una operación política.
Enfrentar como país esta pandemia y sus consecuencias económicas no puede ser opuesto a avanzar en nuestro itinerario electoral o en iniciar el proceso de elaboración de un nuevo texto constitucional.
No se puede pretender y no se aceptará el cerrar por arriba un proceso cuyas razones que lo motivaron se mantienen vigentes. El problema constitucional no desaparecerá producto del coronavirus, donde discusiones como el rol del Estado, los quórums supramayoritarios, la carencia de derechos sociales en el actual texto o las atribuciones del TC, son debates que no podemos omitir.
Decidir el darnos una nueva Carta Fundamental es un derecho que el pueblo de Chile se ganó en las calles, movilizándose y cuestionar ese derecho solo será llevarnos por la senda de ahondar nuestra crisis social y política. Por ello, en buena hora las dudas del presidente y de su círculo no han encontrado piso ni en la oposición ni en buena parte del oficialismo y es de esperar que ahora se hable de los resguardos sanitarios para votar de manera segura y no sobre si tenemos o no plebiscito.
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