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Plebiscito, inicio del fin de la Constitución de Pinochet

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Este 26 de agosto, se inició período de propaganda electoral para el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre por medio de prensa y radio emisoras; por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la o las opciones del plebiscito o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos; en los lugares calificados como plazas, parques u otros lugares públicos autorizados; y en espacios privados, mediante carteles, afiches o letreros, con autorización del propietario.

Todo proceso constitucional nace indefectiblemente de las crisis y convulsiones institucionales, políticas y sociales. Las condiciones objetivas que estaban constituidas por los bloqueos y cerrojos de la actual Constitución para llevar a cabo cualquier cambio institucional para terminar con los muchos abusos que sufren los ciudadanos por parte de las grandes empresas, se unieron a las condiciones subjetivas que representó ese despertar que llevó a los ciudadanos a recuperar con fuerza el “nosotros” y dejar atrás el “yo” del individualismo.

Desde la UDI hasta el Frente Amplio- excepto el Partido Humanista y el Partido Comunista y FRVS, pero que ahora respaldan- firmaron un acuerdo el 15 de noviembre de 2019 para el inicio del proceso constituyente, con un cronograma, procedimientos y plazos que permiten que la ciudadanía defina en un plebiscito de entrada que se realizaría en abril de 2020 (por razones de la pandemia del Covid-19 cambiado para este 25 de octubre) y donde se harán dos preguntas: primero, si se quiere, o no, una nueva Carta Fundamental, y segundo, a través de qué mecanismo, con dos opciones: a) Convención Mixta Constitucional -conformada por un número equivalente de parlamentarios y ciudadanos electos y b) una Convención Constitucional -con la totalidad de sus integrantes electos en una elección universal por los ciudadanos, que tendrá la tarea de elaborar un texto de una nueva Constitución, desde una perspectiva de futuro, puesto que se requiere una Carta Magna para un nuevo ciclo político, social y económico.

La reciente encuesta Espacio Público-Ipsos arrojó datos sustantivos de la percepción ciudadana en torno al plebiscito. El 78% indica que votará en cualquier circunstancia, 85% respalda garantizar la votación de personas con Covid-19. Asimismo, la encuesta revela que, en general, la ciudadanía tiene una idea positiva sobre una nueva Constitución (65%), y que piensa que traerá cambios favorables para la democracia en Chile (61%). En la última encuesta Cadem, el 87% de los entrevistados se mostró de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución.

La línea divisoria en el plebiscito no está entre la izquierda y la derecha, sino entre los partidarios de un cambio para mejorar y los que quieren conservar el pasado. Estos últimos se quedarán atrás Esta oportunidad de cambio, que la gente siente mayoritariamente como positiva, debería entenderse como una gran oportunidad para dotar a una ciudadanía -recelosas de las instituciones- de un nuevo pacto social que ayude a recuperar las confianzas y, por sobretodo, como un momento propicio para reinstalar la convicción democrática, el compromiso y respeto por una institucionalidad que involucra y obliga a todos y todas, como también la tolerancia y aceptación de la diversidad.

El plebiscito significa darle un cauce institucional a las reivindicaciones sociales y políticas, entre ellas a la cuestión constitucional que ya es un sentido común ampliamente compartido por los distintos actores políticos y sociales: los partidos políticos de centro izquierda, sectores de Chile Vamos, las organizaciones sindicales y sociales, académicos, economistas y muchos empresarios, concuerdan que una nueva Constitución es la única salida al grave conflicto que está atravesando el país y poder avanzar hacia un nuevo pacto social. Incluso, el 9 de noviembre 2019, el Presidente Piñera, en entrevista con el diario El País de España afirmó que “creo que es necesario modernizar y perfeccionar nuestra Constitución.

El pinochetismo redivivo que se confina en los fantasmas de chilezuela y se niegan a reconocer el cambio de época en que se encuentra la humanidad, proseguirá apostando a que el miedo seguirá jugando de su parte, tratando de sumergir al país en la angustia y que la paranoia congele los ánimos de participar, por tanto, mostrará al Apruebo como la opción a la deriva, lanzada a un mar sin costa ni muelles, como quien arroja una botella a un río que tal vez se rompa en las rocas. Apelarán a miles de figuras retóricas, retruécanos y a la majadería de usar datos para retorcer y encorvar la verdad, ya que la Constitución de 1980 forma parte de sus ADN.

La línea divisoria en el plebiscito no está entre la izquierda y la derecha, sino entre los partidarios de un cambio para mejorar y los que quieren conservar el pasado.

La crisis de carácter político, que involucra un fuerte cuestionamiento no solo a las autoridades y los patrones de distribución del poder político, sino también a los arreglos institucionales que dificultan el procesamiento de las transformaciones necesarias para promover una mayor equidad y nuevas formas de representación, supone admitir que Chile debe avanzar hacia un nuevo modelo, definido libre y deliberativamente por la ciudadanía y los actores relevantes, en un contexto democrático que deberá no solo reflejar las preferencias de una sociedad que ya no es la misma de 1990, sino también promover una institucionalidad libre de amarres y con capacidad de adaptarse y reinventarse en tiempos de crisis, por medio de una nueva Constitución.

El país cerró un ciclo y necesita un Estado capaz de generar una nueva política de desarrollo. Se requiere, asimismo, una alta participación ciudadana para darle mayor legitimidad al contenido de la nueva Constitución, ya que el principal déficit de la institucionalidad política actual se refiere a la desigualdad en la influencia, visibilidad y capacidad para participar en las decisiones de las personas comunes, lo que incumple un principio básico de una democracia en que la opinión de los ciudadanos pesen de manera similar en la deliberación en los asuntos colectivos. La instancia que se ha propuesto que así lo garantice, es la Convención Constituyente.

Hoy el sistema político chileno se encuentra en una tremenda encrucijada, el Presidente carece de una legitimidad transversal para encabezar un diálogo; el Congreso lo mismo. Por tanto, la perspectiva que se presenta es que sea la misma sociedad pueda resolver esto, mediante una instancia totalmente electa por los ciudadanos y que asuma esa responsabilidad constituyente para garantizar legitimidad al proceso, ya que exclusivamente en la soberanía popular descansa y le puede conferir legitimidad a esa nueva Constitución.

Integrar, por tanto, la paridad de género y que los pueblos originarios estén debidamente representados, junto con abrir los espacios deliberativos en los territorios para que la expresión de los ciudadanos y ciudadanas sean propiamente acogidas, teniendo en cuenta que la Constitución contiene los valores y principios, derechos y deberes e instituciones fundamentales sobre los cuales se construye el resto de las políticas públicas del país. Sin esa diversidad la nueva Constitución no será representativa de lo variopinta que es la sociedad chilena.

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J.A.

J.A.

Hay un hecho cierto, Chile se ha desarrollado como nunca antes en su historia, post dictadura miles de ciudadanos han salidos de la pobreza en que vivieron sus padres, todos los indicadores reales muestran la veracidad de esos hechos. Una nación que crea riqueza objetivamente puede y debe ayudar a los que no alcanzan por sus medios a salir adelante, hoy como nunca el hijo del obrero ha llegado a ser profesional, a emprender, a ser un contribuyente y con su esfuerzo entregar recursos para levantar todos los planes sociales que seamos capaces de concebir. Le recuerdo las palabras de Lagos al cambiar la Constitución el 2005 : «Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional» . Ahora, cargarse el Tribunal Constitucional , quitar la autonomía al Banco Central, eliminar el rol subsidiario del Estado, buscar mecanismos para eliminar la propiedad privada y cargarse el ahorro previsional privado es una lucha ideológica muy conocida, no nos hará más justos, más dignos, menos discriminadores, ni más igualitarios ante la ley, porque eso es un asunto de personas, de integridad y valores, pero sobre todo, de madurez social.

    Jaime Rubio Palma

    Se fundamenta el cambio de la Constitución, en que objetivamente, no obstante los cambios constitucionales relevantes que se le han hecho a la Constitución del 80 desde 1989 en adelante, particularmente las reformas del 2005, es todavía una Constitución, en parte importante, deficitariamente democrática y que tiene vacíos e imperfecciones graves en materia de derechos fundamentales, que no facilita para nada la descentralización del país; abrir el debate en torno a los aspectos económicos que debería contener la nueva Carta Fundamental. En ese sentido, hay que expresar que resulta de gran importancia mantener la institucionalidad y autonomía del Banco Central, entidad que ha permitido que nuestro país no haya tenido ninguna crisis bancaria, ni de balanza de pagos desde el retorno a la democracia, y además, ha tenido la responsabilidad de controlar la inflación y la estabilidad de pagos internos y externos, lo que permitió que la inflación disminuyera desde niveles cercanos al 30% en los inicios del retorno a la democracia a un 4,5% en la actualidad.

    Resulta relevante q’ la nueva Constitución reconozca el dominio público pleno de los recursos mineros, del espectro radioeléctrico y de los recursos hídricos. En este sentido, el agua no puede seguir tratándose como un derecho de propiedad individual, con el cual algunos especulan, sino que debe reivindicarse en el texto constitucional como un bien nacional de uso público y un derecho humano garantizado.

    J.A.

    J.A.

    Estimado Jaime, la autonomía de Banco Central es uno de los objetivos de los cambios, pienso que será imposible conservar esa autonomía, va contra los intereses colectivistas, por otra parte descentralizar el país es una necesidad que nadie esta dispuesto a asumir por lo magro de los votos en algunas zonas del país, la clase politica se alimenta de votos. En mi caso pienso que el agua y otros bienes escasos deben ser cuidados para todos nosotros y para eso bastan leyes, y como vemos no hay interés en hacerlas, lo mismo ocurre con aquellas leyes que deberían protegernos de la creciente delincuencia, no interesan. Lo que ocurre con el cambio de constitución es que el objetivo no es que Ud. o yo vivamos mejor, es cargarse un sistema, por ello han habido varios intentos de llevar este país al socialismo, se ha intentado mucho la “vía chilena al socialismo”, pero debe entender que hay personas por aquí que no queremos una nación socialista, deseamos una nación libre donde los socialista puedan ser gobierno si ganan en las urnas, y se vayan para la casa si pierden.

abechtold

abechtold

El Plebiscito no es el fin de la Constitución actual. Ya Constitución ya se acabó, específicamente el 18 de Octubre de 2019.
El plebiscito solo mostrará cuanta fuerza tiene el afán reformista, para proyectarse sobre la futura Constitución.
Otra cosa es que se trate de publicitar, con todo el derecho de quien gana una contienda (ya ganada), como un triunfo personal de los partidos de izquierda, que sin dudar se apoderaron de todas las marchas y conceptos surgidos del 18 de Octubre.
¿a alguien no le cabe duda de que el 25 de Octubre aparecerán todos los lideres de la izquierda tomados de la mano, diciendo «Ganamos», y acomodándose a su futuro como dirigentes del nuevo sistema?
Por lo tanto la verdad es que el partido se juega en el siguiente paso: las elecciones para escribir la nueva. Ojo con eso.

    J.A.

    J.A.

    Tengo la sensación que esta lucha no esta perdida, hay mucha gente joven que esta tomando conciencia que se juega esta vez, en parte porque esta etapa es hija de la destrucción, no de convencimientos profundos o de debates verdaderos y libres de la sociedad. Por otra parte, es cierto que hay temas nacionales en todo esto, pero no hay que perder de vista el globalismo, hay temáticas que están siendo introducidas a la fuerza en las legislaciones nacionales por esos poderes, y parte de todo este frenesí viene dado desde esos intereses, y con ellos no se negocia, no se conversa, no hay acuerdo posible, el mundo entero esta siendo reglado.

    Jaime Rubio Palma

    Una nueva Constitución es necesaria para superar “democracia consociativa”, propia de países que han atravesado largos períodos de confrontación política, religiosa o étnica, dando paso a una democracia deliberativa y participativa. Para lograrlo hay que cambiar los quórums altísimos para aprobar ciertas leyes y las normas que impiden la consulta a la ciudadanía en caso de desacuerdo grave entre Ejecutivo y Legislativo, o que los propios ciudadanos exijan un referéndum para derogar una ley; avanzar hacia una verdadera descentralización del país manteniendo el carácter unitario del Estado, que garantice a las regiones un ámbito de autonomía económica y política importante; garantizar de mejor manera los derechos económicos y sociales, y definir mejor el papel del Estado en la economía, a fin de asegurar la primacía del bien común. Junto con ello, habría que establecer en la Constitución los principios que fundamentan los derechos de los consumidores; reconocer los derechos de los pueblos originarios, como han hecho la mayor parte de los países latinoamericanos, Nueva Zelanda y Canadá. Ese reconocimiento debe comprender una tutela especial a la propiedad sobre tierras y aguas, y el establecimiento de canales de participación política a todos los niveles.

    El camino para alcanzar esta meta debe ser participativo, es decir, todos están convocados a aportar su punto de vista para generar un nuevo acuerdo constitucional.