Vale recordar la idea del Observatorio Judicial, la que decía querer regular ciertas prácticas pero que, siendo sinceros, centraba su objetivo en tratar de vigilar ciertos fallos que tuvieran carácter garantistas. Esto debido a que las garantías dentro de esta curiosa concepción justiciera serían mal vistas.
Si uno mira de manera general la administración de Sebastián Piñera, podrá ver que en ella hay una constante que se ha repetido durante estos cuatro años: su mala relación con el Poder Judicial.
Esta convivencia ha sido complicada, polémica y sumamente autoritaria en algunos momentos. Principalmente por la concepción misma de lo que es justo o no que tiene la derecha, la que -la mayoría de las veces- se concentra en el castigo y no tanto en el contenido de los fallos o la forma en que se pueden abordar ciertos casos.
Ya lo decía su propaganda de campaña: “Delincuentes: se les acabó la fiesta”. Querían terminar con una supuesta fiesta -personalmente creo que es una mala metáfora que no entiende nada a nivel social- de manera rápida, eficaz y populista que no solucionaría nada, sino que tendría maravillosos titulares que durarían apenas minutos en el colectivo ciudadano. No querían nada más, porque no entendían lo metódico y lo que trae consigo un verdadero mecanismo para acabar con los delitos o, seamos realistas, aminorarlos.
Es que Piñera y los suyos creen en una justicia más bien de superhéroe, en donde la sociedad se divide entre buenos y malos. Entre morenos y blancos. Entre pobres y ricos. Algunos pobres vendrían a ser los malos, aunque les cueste admitirlo en público.
Pero resulta que el ejercicio mismo de la justicia es mucho más complejo, mucho menos antojadizo y no puede estar al servicio de otro poder del Estado. Es la independencia la que debe mantenerse plena sin que pierda su sentido y su norte debido a opiniones que estén fundamentadas en intereses políticos.
Y las opiniones del mandatario -en todo ámbito, independiente de que tenga o no la razón con respecto de las resoluciones judiciales- han sido movidas por intereses políticos, por querer darle su sello al Poder Judicial, cosa que sería más propia de una dictadura -recordemos la pésima actuación de la Corte Suprema durante el régimen de Pinochet- que de una democracia responsable.
Sólo vale recordar la idea del Observatorio Judicial, la que decía querer regular ciertas prácticas pero que, siendo sinceros, centraba su objetivo en tratar de vigilar ciertos fallos que tuvieran carácter garantistas. Esto debido a que las garantías dentro de esta curiosa concepción justiciera serían mal vistas, y encontradas como débiles en un Estado que, para ellos, si bien debe ausentarse en ciertos negociados de cuello y corbata, debe hacerse presente de manera violenta en todo otro caso.
Porque curiosamente, la garantía aparece en la mente de este gobierno solamente cuando son amigos, ex socios o colegas los que aparecen juzgados. Debido a la estirpe de los dueños de cadenas de retail -la que han ganado debido al dinero-, ellos piensan de inmediato que lo sucedido debe ser un error, y que hay que tratarlos como seres humanos. Sólo a ellos.
Como le queda poco, este concepto de justicia se ha hecho presente en los últimos días. Porque Piñera apareció en las noticias hablando de que él estaba con las víctimas refiriéndose a la resolución en el caso de la familia Luchsinger, criticando nuevamente las medidas de un poder del Estado que no está a su servicio como él lo cree erróneamente.
Pero tal vez lo peor fue que cuando habló de algunas víctimas -habiendo condenado la horrible muerte de la familia de origen alemán, que merece el gran repudio de toda la sociedad, claramente- no dejé de recordar a los mapuche que son violentados diariamente por políticas estatales, a los estudiantes que fueron apaleados por querer una educación gratis y de calidad, y a cuanto joven poblacional que muere en lugares en donde brilla la ausencia de las cámaras y las palabras de justiciero del Presidente.
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Foto: www.fotopresidencia.cl
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