En pocas ocasiones un mandatario ha reunido tantas y tan nítidas características que permitieran augurar un gobierno casi sin contrapesos, como en el caso de Sebastián Piñera. En primer lugar, el actual gobernante supo alinear a las fuerzas de la derecha tras una candidatura que impuso a fuerza de perseverancia. Esto mismo le confirió suficiente libertad para establecer un modelo de gobierno a su medida, esto es, con escasa intervención de sus partidos y con bastante margen de maniobra para establecer una agenda y prioridades personales. En tercer término, Piñera encarnaba el poder empresarial real, aquel de las grandes finanzas y de los poderes fácticos; ya no era entonces la influencia en las sombras sino la encarnación de lo que los grupos de interés habían anhelado por tantos años: más libertad (de emprendimiento), más mercado (ahora con el Estado a disposición) y más oportunidades (con un reimpulso a las privatizaciones y concesiones). En cuarto lugar, la caída de la coalición de centro izquierda que determinaba una oposición más bien fragmentada y débil. Este poder casi omnímodo se ha ido eclipsando precipitadamente a la sombra de otros factores que parecían secundarios al electorado que favoreció al candidato de la derecha.
El lado “B” de la medalla tenía escaso peso relativo en comparación a la enorme influencia de lo expuesto anteriormente. Por un lado, el Presidente era débil, no de carácter, sino desde el punto de vista político. Fueron innumerables las veces que Piñera llegó a La Moneda, cuando era senador o Presidente de RN, para comprometer a su colectividad en la aprobación de reformas políticas que nunca prosperaron, dada su incapacidad de alinear a su propio partido. De hecho, las reformas logradas en el gobierno de Lagos se cerraron por un compromiso con Longueira. En segundo término, su desconfianza en la política institucional, que lo lleva a mantener un círculo cerrado de asesores y autoridades con los que comparte o discute sus decisiones. El tercer elemento, se trata de la mirada economicista de la sociedad, lo que se traduce en una fe incontenible sobre el crecimiento económico y en una escasa convicción respecto a las políticas sociales. ¿Es la supremacía de estos factores lo que incide a que, antes de un año y medio en ejercicio del poder, empiece a discutirse sobre la gobernabilidad y la capacidad de responder al creciente malestar social?
La pregunta se puede explicar de muchas formas, pero éstas podrían englobarse en el denominado “síndrome De la Rúa”. Una breve descripción de la historia nos da ciertas luces. El ex mandatario trasandino llegó al poder en 1999, a través de una base de apoyo que incluía a los radicales, la izquierda del FREPASO y grupos menores que formaron la denominada ALIANZA (lo del nombre es pura coincidencia). De la Rúa asumió la presidencia tras un claro desgaste del justicialismo, cuya salida se daba en medio de diversas críticas, en especial orientadas a la corrupción que se daba en todo el nivel público y en los graves problemas de delincuencia de la época que incluso implicaban a instituciones policiales. En síntesis, De la Rúa ofreció honradez, transparencia y seguridad, algo que era dramático en Argentina y que aquí se replicó y muchos engancharon.
El inicio del gobierno radical dejó en claro que el mandatario era más bien desconfiado y limitó la presencia de figuras políticas en el gabinete y constriñó a sus aliados del FREPASO a roles de menor protagonismo. A muy poco andar las quejas del FREPASO fueron públicas y su descontento por el rol secundario comenzó a fracturar la convivencia en el gobierno, algo muy similar a lo que ocurre hoy con la UDI. Esta posición del FREPASO estaba más que avalada por el hecho que De la Rúa había formado un “petit comité” en el que trataba los temas más sensibles y que estaba compuesto por familiares o personas muy cercanas. El Presidente concentraba todo el poder de decisión provocando que ni sus propios partidarios tuvieran clara cuál era la agenda del gobierno. Al interior del Ejecutivo comenzaron a surgir las voces propias donde varias autoridades defendían sus prioridades sectoriales. Esto creó frecuentes contradicciones entre el mandatario y sus ministros y en el seno del gabinete, en síntesis, el clima gubernamental se hizo cada vez más confuso (todo lo descrito es mera coincidencia con el caso chileno)
Para complicar las cosas, el Presidente comenzó a tomar decisiones erráticas, influenciado por distintos grupos que presionaban de distinta manera. Este fenómeno impactó fuertemente en la parálisis con que se fue asociando al gobierno y en su incapacidad para establecer cualquier tipo de compromiso de mediano plazo. La relación con el Congreso no podía ser peor y el deterioro de la política se fue precipitando. En este contexto, las organizaciones sociales ya estaban en la calle y, poco a poco, la ingobernabilidad se hizo notoria e irreversible. Sobrepasado por la situación, el gobierno terminó de manera abrupta a los dos años y poco más, cuando el Presidente debía abandonar la sitiada casa Rosada en un helicóptero destinado a su rescate. Fernando de La Rúa, que había tenido una larga trayectoria en el servicio público, terminó en un estrepitoso fracaso.
Hace unos días el semanario The Economist daba cuenta de las dificultades de Piñera y su bajo apoyo en las encuestas. Una de las cosas que destacaba la nota era el contraste con Bachelet, quien buscaba acuerdos amplios mientras Piñera solía tomar decisiones encerrado en su oficina y sin los consensos necesarios. El aislamiento buscado por el Presidente cada vez es menos voluntario, atendido el hecho que la UDI empezará a ejercer poder de veto a las iniciativas que no estén en su esfera de interés. El grave problema para Piñera es que si asume la agenda del gremialismo terminará por verse sobrepasado por los movimientos sociales; si no lo hace seguirá corriendo cada vez más en solitario. La agenda social que pretende el actual gobierno es demasiado torpe y limitada frente a todo lo que está ocurriendo; si bien Piñera pareciera consciente de la necesidad de reformar la política, su capacidad de emprender esta tarea es nula y jamás ha tenido la fuerza política para ello.
Por último, las líneas centrales del gobierno en cuanto a combatir la corrupción, hacer un estado más eficiente y alcanzar un estatus de seguridad pública que marque una diferencia no se han materializado. Por el contrario, en esos aspectos ha habido numerosos elementos que indican más bien un retroceso. Si las auditorias al saliente gobierno de Michelle Bachelet no determinaron irregularidades, la gestión de este período ha dejado ya varios flancos expuestos. Para qué decir del desarrollo de la agenda de seguridad donde el caso bombas se ha vuelto inconducente, la vinculación de las FARC con el PC se ha caído por su propio peso y el conflicto mapuche pareciera ir doblándole la mano a un gobierno sesgado y recalcitrante. El síndrome De la Rúa, traducido en la parálisis gubernamental y lo errático de su desempeño, pareciera más que nunca interpretar el balance de este período.
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Foto: www.eldiario24.com
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