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Pertinencia de iniciar un Proceso Constituyente

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Las editoriales y columnistas del duopolio periodístico acometieron con  lanza en ristre en contra del anuncio de la Presidenta Bachelet de iniciar un proceso constitucional, argumentando que las medidas anticorrupción propuestas por la Comisión Engel nada tienen que ver con un cambio constitucional, tratándose de cosas distintas y coligen, por ende, que existen intensiones distractoras que “desvían el foco del verdadero debate”.


Definir y precisar el mecanismo constituyente es primordial para abrir camino a su materialización, considerando que las definiciones en política son imprescindibles para generar un clima dialógico basado en la confianza y en la transparencia, evitando de esta manera no darles municiones a los defensores del status quo que aspiran a proyectar sombras a este proceso.

Discrepamos de esa argumentación. Iniciar un proceso constitucional se relaciona directamente con las temáticas tratadas por el Consejo asesor, teniendo en cuenta que para el buen funcionamiento de la democracia se requiere un régimen político y una estructura del Estado exento de cuestionamientos para generar confianza en la ciudadanía con el propósito que ella se sienta plenamente representada, lo que hoy no acontece. Resulta lógico, entonces, vincular las medidas anticorrupción propuestas por la comisión Engel  con el cambio constitucional. La articulación de ambos temas permitirán una ecuación institucional donde el ejercicio del poder esté sujeto a reglas estrictas y a la soberanía popular.

Las medidas propuestas involucran al Estado en su conjunto, al sector de los negocios y a la sociedad civil  para generar un cambio cultural y de hábitos que acompañe las modificaciones normativas. Es por ello que la recomendación de incentivar la educación cívica en todo el proceso educativo y en la esfera cotidiana de las personas es tan relevante -como lo es también poner una lápida a la Constitución actual- puesto que la forma en que se organiza el Estado tiene que ver con múltiples factores y funciones: la legitimidad, transparencia y probidad del sistema político, la estructura del Estado y como se toman las decisiones acerca de la “cosa pública”, ergo, la formulación de políticas públicas.

La implementación eficaz de las medidas implican, necesariamente, cambios constitucionales, como el límite a la reelección a los cargos de elección popular; la pérdida del escaño en el caso que ellos incurran en la trasgresión de la normativa electoral; la autonomía constitucional del SERVEL y el fortalecimiento del TRICEL, entre otras materias. Es coherente, por tanto, vincular ambos procesos, teniendo presente que todo lo que tenga relación con aspectos normativos significa adecuar las instituciones del país para que éstas cumplan con el cometido que se busca: lograr gobernanza, transparencia, probidad y equidad.

No obstante, es necesario tener claro, que los tiempos del proceso constituyente son distintos a los de la agenda de probidad. El primero comienza en septiembre y la segunda es de rápida tramitación, como lo ha señalado el propio Eduardo Engel.

Definir y precisar el mecanismo constituyente es primordial para abrir camino a su materialización, considerando que las definiciones en política son imprescindibles para generar un clima dialógico basado en la confianza y en la transparencia, evitando de esta manera no darles municiones a los defensores del status quo que aspiran a proyectar sombras a este proceso. El mejor antídoto contra las previsibles resistencias será situar en un rol protagónico a la soberanía popular como la fuente primigenia y preeminente de este proceso. Por consiguiente, el contenido de la nueva Constitución debe necesariamente considerar los insumos entregados a través de un procedimiento ampliamente participativo y democrático que culmine con una propuesta de una nueva Carta Magna a ratificar en un plebiscito, para su legitimación, por la ciudadanía plena.

Finalmente, es esencial que este proceso no tenga disonancia cognitiva en la Nueva Mayoría para evitar posiciones contradictorias sobre los contenidos y mecanismo para plasmar en realidad esta iniciativa, concordando a la brevedad una hoja de ruta con el Ejecutivo que permita sacarla adelante en forma auspiciosa.

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