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¿Personas de confianza, operadores políticos o asesores de Gobierno?

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La polémica al inicio de todos los gobiernos; ¿Cuántas personas deben dejar su puesto por ser de confianza del gobierno anterior y cuántas personas legítimamente pueden ingresar el nuevo gobierno para dar cumplimiento al programa? Vamos por orden:

Es evidente que la primera línea de trabajo político y de confianza la constituyen los ministros y subsecretarios que son la representación macro de lo que el Gobierno planteó en campaña y por la cual obtuvo el triunfo.


Es importante separar la función del Estado con la función de Gobierno, pues son dos aspectos necesarios pero que cumplen roles complementarios y debiesen tener tratamientos diferentes.

Una segunda línea de trabajo político y también de exclusiva confianza lo denotan intendentes, gobernadores y seremis que son la expresión regional del Poder Ejecutivo, es decir una desconcentración de las distintas carteras de Gobierno para representar e impartir la línea programática del Presidente de la República.

Hasta aquí, nuestro país es un ejemplo de República, pues no hay duda de que todas las personas que encabezan estas líneas de mando tienen clara su fecha de expiración y esto se ajusta al 100% de los casos y gobiernos del color que sean.

Por otro lado, tenemos los diferentes Servicios Públicos, autónomos por ley, que tienen como misión ejecutar la política pública que emana del Poder Ejecutivo, a través de la carteras de gobierno. Acá se tiene una dualidad entre lo político y técnico o profesional, pues la creación de la Alta Dirección Pública ha convertido estos cargos en una mixtura entre competencias técnicas y confianza política, lo que se traduce en que un nuevo Gobierno tiene capacidad limitada para ajustar estos servicios acordes a la confianza que necesita en la ejecución de políticas.

Aquí existe una primera aproximación del tema que nos convoca; pues si bien es cierto los nombramientos por Alta Dirección Pública tienen el componente técnico, no es menos cierto que la mayoría, sino todos, los ganadores de concursos son militantes o activos independientes ligados a algún partido político justamente del conglomerado que Gobierna en el momento que ganó el concurso.

Podría ser una simple coincidencia, sin embargo, el desarrollo de la Alta Dirección Pública hizo que muchas personas nombradas inicialmente por criterio estrictamente de confianza política hayan desarrollado habilidades y cumplido experiencia en calidad de “suplentes” para luego llegar con amplia ventaja a la terna final donde la autoridad política de manera discrecional lo designa. Es el caso de algunos Directores Nacionales de Servicios, varios directores regionales de servicios públicos y algunas jefaturas de departamento que corresponden al primer, segundo y tercer nivel jerárquico respectivamente. Muchos de ellos son activos militantes de partidos, ex miembros de mesas directivas, ex autoridades o candidatos a elección popular.

Luego tenemos, los diversos apoyos de asesoría política, profesional y técnica que necesitan las diversas autoridades designadas, que van desde Ministros a Jefes de Departamento, en este grupo tenemos a los famosos jefes de gabinete, asesores de gestión o temáticos, periodistas, coordinadores de áreas, jefes de unidades y/o secciones y los diversos profesionales de apoyo del correspondiente servicio que son designados por la simple voluntad de la autoridad, previa liberación de recursos para contratarlos.

Aquí radica el propósito de esta opinión, pues en este grupo se radica la confianza más absoluta de toda autoridad designada, quien diga lo contrario miente. Desde estos grupos, nacen las distintas acciones comunicacionales, decisiones administrativas, negociaciones o acuerdos que cada autoridad puede alcanzar con los actores sociales para cumplir los objetivos de la cartera. Esas personas son por regla, más que general, militantes de los partidos de gobierno con experiencia en procesos políticos partidistas, exdirigentes estudiantiles, ex dirigentes juveniles, o simplemente “ahijados” del timonel de turno o familiar de algún camarada de partido donde algunos de ellos reúne las características que se requieren para asesorar a la autoridad. Este grupo de funcionarios forma parte de la exclusiva confianza de la autoridad de turno y no por no ser nombrado por el presidente de la república debe creer que es de carrera, pues fue designado por quien goza de la confianza de la primera autoridad del país.

La distorsión se genera porque este caracterizado grupo, una vez llegado a los distintos gabinetes, pasado un tiempo se  disgrega, esparce o aterriza en las líneas organizacionales del servicio, aprovechando su “autoridad”. Se hacen de buenos grados de sueldos y espacios de confort laboral lo que hace que vayan repentinamente olvidando su origen de confianza política y vayan probándose la “chaqueta” del funcionario de carrera, para cuando cambie la autoridad de turno ellos están muy escondidos en la línea organizacional o ya no reconocen su activo pasado de asesor político, además de solidarizar con los gremios de trabajadores o incluso adherirse a ellos. Esta situación se replica en el nivel nacional y regional de Gobierno y también en servicios públicos.

Por supuesto que existen excepciones de muy buen nivel que permanecen hasta el final con su autoridad y se van junto a él, ellos merecen el mayor de lo respetos y enaltecen la necesaria función de asesoría política en el servicio público.

Este necesario funcionario de confianza debe ser denominado Funcionario de Gobierno, pues sus servicios son requeridos por el Gobierno de turno para una labor de staff hacia una autoridad. Aquí radica la polémica cuatrienal y donde el proceso de instalación se frena, pues los recursos públicos están ocupados en ellos.

Por el contrario, el funcionario público con años de experiencia y estudios formales que nunca ha ostentado una jefatura, que ha visto pasar un montón de “expertos asesores”, que cumple el horario y pide permiso administrativo hasta para ir al banco, jamás es tomado en cuenta para liderar procesos, pues su pecado es no tener redes de conexión política o si las tiene, no están dentro del imperio del clan o del parlamentario de turno en su zona. Lamentablemente este funcionario es tratado con el mismo desdén por parte de la ciudadanía producto de los comportamientos descritos de los asesores de gabinetes. Este funcionario podemos decir que es parte de la Administración Publica del Estado y por cierto su espacio de trabajo no debe ser revisado cada cuatro años.

Es importante separar la función del Estado con la función de Gobierno, pues son dos aspectos necesarios pero que cumplen roles complementarios y debiesen tener tratamientos diferentes. Una reforma al Estado debe contemplar estas características de comportamiento ancladas por años desde el retorno a la democracia. Haría muy bien al sistema de partidos políticos y al régimen político.

TAGS: #AltaDirecciónPublica #Gobiernos

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Comentarios

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Javi-Al

11 de abril

Estimado, concuerdo con Ud., tiene razón, pero sabemos que muchas de esas personas no quieren irse apelarán a todo cuanto puedan, perder un sueldo generoso es siempre un drama familiar, pero si son honestos deben reconocer su calidad de miembros activos de una fuerza que perdió. Por otra parte sería bueno instalar de una buena vez la meritocracia y terminar con los tongos para acceder a un puesto de carrera en la administración pública, me parece que en este caso quién debería dirimir un concurso debería ser un organismo independiente que entregue garantías, parece iluso pero hay que hacer algún intento.

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