Hoy cuando se discute sobre la posibilidad de generar un Estado con un federalismo atenuado o definido con el carácter de “regional”, no debe quedar fuera la posibilidad de que la ciudadanía tenga la alternativa de conformar partidos políticos a nivel regional, provincial o comunal, que puedan participar en forma efectiva en las elecciones donde tengan presencia territorial. Sustentados en principios generales, por cierto, pero con componentes de la realidad particular.
Está lanzada la carrera por la elección de los consejeros regionales en todo el país. Por primera vez desde que en 1992 entrara en vigencia la Ley sobre Gobierno y Administración Regional no serán los concejales electos el año previo los que determinarán, en una versión extrema de nuestra democracia representativa, a los mandatarios en ese, para muchos, aún ignoto espacio de decisión financiera, administrativa y reglamentaria que es el Consejo Regional.
Como todo ejercicio en estreno y más todavía por el patente déficit de cultura cívico-administrativa del chileno medio, es muy probable que no sean pocos quienes se sorprendan este 17 de noviembre al recibir de manos de los vocales de mesa tres papeletas para optar por President@, diputad@ y consejer@. No faltará, quizás, el que exija además su voto para elegir senador o senadora, para quien de seguro eso de las regiones pares e impares no sea más que una insulsa materia del interés de políticos profesionales.
Para todos quienes creemos en la necesidad de mejorar nuestra democracia, es una buena noticia la elección directa de los Cores. No sólo porque se fortalece la vinculación entre el sentir de la mayoría (o las mayorías) y el ejercicio de lo público sino porque permitirá un mayor control de parte de los votantes, basado en las decisiones que se tomen en ese espacio definido por algunos como un parlamento regional.
Pero aún quedan tareas pendientes.
Una de ellas es que el intendente regional no asuma automáticamente como presidente del consejo (como es hasta hoy) sino que éste sea elegido en votación separada, definido entre el consejero más votado o mediante una decisión colegiada. Veamos el mecanismo, pero hacia allá debemos avanzar.
Y así, existen muchos otros temas que airearían nuestro sistema político y que cruzan todo tipo de elección popular: mejorar la fiscalización del gasto electoral, mayor transparencia en el financiamiento de las campañas y la posibilidad de revocar -previa recolección de firmas- el mandato de determinado representante son algunas de las materias en que estamos al debe.
Pero existe un ámbito también esencial, que extrañamente está siempre ausente del debate sobre reformas políticas. Es la potestad de conformar partidos a nivel regional. Tal es un tópico no muy común de escuchar.
La ley orgánica constitucional que rige el sistema establece en su artículo tercero que “los partidos políticos existirán como tales cuando se hubieren constituido legalmente en a lo menos ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas últimas fueren geográficamente contiguas”.
En concreto, no es posible para quienes viven en una región formar un partido político de principios propios sin la obligatoriedad de aliarse con las dos divisiones político administrativas contiguas.
Esta situación no sólo es un impedimento por un aspecto físico, cultural o de convergencia temática, también lo es logístico al obligar a la coordinación electoral simultánea. Se beneficia así a los partidos políticos tradicionales en desmedro de las fuerzas sin interés hegemónico nacional que pretenden actuar sobre territorios más acotados. No está demás señalar que la posibilidad de conformar colectividades a nivel provincial o comunal no está en el libreto constitucional chileno.
De esta forma se impulsa a quienes aspiran a competir en una elección con más de un escaño a cubrir (parlamento, consejo regional o consejo municipal) a buscar el apoyo de partidos políticos extra regionales -que pueden o no tener presencia en dicho territorio- para oficializar sus candidaturas. Es así porque en el caso de reunir firmas para postularse como independiente, cada candidatura actúa en la práctica como una sola lista, mermando sus opciones reales de elección bajo el sistema binominal o de cifra repartidora.
Hoy cuando se discute sobre la posibilidad de generar un Estado con un federalismo atenuado o definido con el carácter de “regional”, no debe quedar fuera la posibilidad de que la ciudadanía tenga la alternativa de conformar partidos políticos a nivel regional, provincial o comunal, que puedan participar en forma efectiva en las elecciones donde tengan presencia territorial. Sustentados en principios generales, por cierto, pero con componentes de la realidad particular.
Es ésta una reforma urgente y necesaria, junto con todas las que se mantienen pendientes para ir avanzando en la construcción de un Chile más democrático a nivel representativo, que es una más de estaciones en ese camino hacia la verdadera participación.
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