El viernes 3 de diciembre de 2010, se realizará un seminario sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas. Esta actividad es convocada por Proyectamérica y la Universidad Alberto Hurtado.
Participarán representantes del Gobierno, como el ministro Cristián Larroulet y el Jefe de la Unidad Indígena de la SEGPRES, Sebastián Donoso, además de dirigentes o representantes mapuches como el Lonco Juan Catrillanca (líder de la Alianza Territorial Mapuche) y Natividad Llanquileo, vocera de los presos mapuches. También habrá políticos y juristas como la senadora Soledad Alvear , el diputado Gonzalo Arenas, la presidenta del PPD Carolina Tohá, el ministro del Tribunal Constitucional José Antonio Viera Gallo, y los académicos Lucas Sierra, Sebastián Kaufman y Rosamel Millamán.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es un debate que está pendiente desde los acuerdos de Nueva Imperial del año 1989. Se puede celebrar la voluntad del Gobierno de impulsar ese reconocimiento después de muchos años de obstáculos por parte de la derecha en el parlamento, pero éste debe significar un reconocimiento no sólo a la existencia o al aporte cultural de los pueblos originarios en la construcción del país, sino también -y sobre todo- un reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos, en línea con el Convenio 169 que está vigente en Chile desde 2009.
La relación de los pueblos indígenas y en especial del pueblo mapuche con el Estado y la sociedad chilena, ha estado caracterizada por la ocupación y usurpación del territorio ancestral y la consecuente resistencia. Esta relación ha tenido momentos en que los derechos indígenas han sido reconocidos de manera parcial, pero la constante es que los pueblos indígenas de Chile han sido objeto de una discriminación sistemática a los largo de los 200 años de construcción de la República, lo que se puede verificar al observar los indicadores de escolaridad, pobreza, esperanza de vida, conectividad, acceso a los servicios básicos y un largo etcétera.
A partir de la promulgación de la Ley Indígena Nº 19.253 en 1993 esta relación empezó a sufrir un cambio relevante. En algo más de quince años, los pueblos indígenas mejoraron su posición jurídica y se construyeron instrumentos que viabilizaron la apertura de un proceso de recuperación de tierras y reconocimiento de derechos.
La política indígena de la Concertación posterior a la promulgación de dicha ley (1994 – 2010) permitió logros importantes en materia de recuperación tierras y consolidación de títulos de dominio. También se produjeron avances en los ámbitos de salud intercultural y educación bilingüe. No obstante, esta política se encontró con dificultades y obstáculos que no supo superar y que determinaron una crisis de la institucionalidad indígena, la pérdida de confianza de las comunidades en las autoridades políticas y el estancamiento de la política de restitución de tierras. Todo ello acompañado de reivindicaciones crecientes, movilizaciones que se enfrentaron de manera equivocada invocando leyes especiales como la ley antiterrorista, surgimiento de líderes con una nueva conciencia indígena con los cuales la clase política no supo dialogar y actos de violencia derivados de la impaciencia y frustración.
El país requiere una nueva política indígena, que tenga como punto de partida los avances de los últimos años pero que profundice en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Esa es la base sobre la cual adquieren sentido y capacidad de convocatoria el nuevo impulso a la política de tierras y aguas, las reformas a la institucionalidad indígena y las nuevas perspectivas al fomento productivo y al desarrollo cultural.
El diálogo político con las comunidades, dirigentes tradicionales y movimientos indígenas es la tarea actual. No se va a poder construir una política unilateralmente. Tendrá que haber diálogo, consulta, participación y, finalmente,un nuevo pacto. La discusión sobre el reconocimiento constitucional debe ser parte de ese proceso.
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Foto: Año nuevo mapuche – L / Licencia CC
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