Nueva Mayoría y política exterior: el caso de las fronteras

El programa de la Nueva Mayoría en su sección de “Relaciones Exteriores”, presenta una propuesta interesante desde el punto de vista de la Modernización del Estado, que debería entenderse como política pública.

La denominación de  la misma es “Sistema Integrado de Política Exterior” -según lo leído-, busca hacer más comprensiva la gestión de la ‘cosa pública – internacional’, superando el reduccionismo de acción desde la Cancillería, incorporando otros ámbitos de la gestión pública, ciudadana y territorial.

Conceptualmente, se podría indicar que se hace cargo, entre otros aspectos, de la ‘idea – práctica’ denominada para diplomacia, la cual se ejecuta, junto con otras expresiones políticas y sociales, por medio de expresiones institucionales subnacionales con arraigo territorial, donde algunos municipios e intendencias muestran agendas de desarrollo internacional.

Además, en las Estrategias Regionales de Desarrollo, que aunque sean sólo declaraciones de buenas intenciones, visibilizan y formalizan una práctica público internacional.  Algunos municipios, sobre todo los que tienen mayores posibilidades financieras, también avanzan en relaciones internacionales por medio de convenios, pasantías y cooperación múltiple para mejorar las gestiones que por mandato ciudadano y legal deben realizar. Para ello, es pertinente revisar los Planes Comunales de Desarrollo (PLACODE).

En esta lógica, a propósito de la posición que entrega el programa de la Nueva Mayoría y rescatando la variable subnacional (por el suscrito), en términos de gestión del territorio, desde la cuestión internacional parece interesante hacer el siguiente salto reflexivo.
Históricamente, la cuestión fronteriza ha estado supeditada a los conflictos entre Chile y sus vecinos. Uno de ellos es Argentina, con el que tiene su máxima conflictividad el año 1978, y que, posteriormente, con el tratado de Paz y Amistad de 1984, se zanja la cuestión del Beagle. Posteriormente, en la década de los 90’ se gestiona la solución de 24 puntos fronterizos disputados, quedando sólo pendiente la delimitación y demarcación del último trazo de la línea poligonal en Campos de Hielo Sur. El análisis y noticia se logra desde una escala nacional, entre estados.

Si con Argentina la situación se encuentra mejor administrada, hecho que permite mayores intercambios entre ambas economías, como es la integración energética en un momento, e integración minera vigente (Tratado Minero), con Perú y Bolivia, la circunstancia es bastante más compleja. De hecho, como es sabido, ambos países han demandado a Chile en la Corte Internacional de la Haya.

Respecto del primero, se espera veredicto muy próximo, hecho que más de una consecuencia ‘político – espacial marítima’ traerá, y el segundo, recién comienza, exigiendo negociar sobre «derechos expectaticios», para, finalmente, obtener el corredor soberano al océano Pacífico. Al igual que el caso anterior, el análisis y noticia se logra desde una escala nacional, entre estados.

Interesante sería observar en la propuesta del Sistema Integrado de Política Exterior, que el tratamiento de las fronteras, se hiciera posible bajo la concepción de ‘espacio geográfico político’, donde el componente político institucional, es comprensivo de los diversos flujos territoriales que existen y que tienen vinculación con municipios, intendencias y otras expresiones que entienden el hecho de frontera en una dimensión matemático – lineal, consagrado en los Tratados de Límites por medio de las coordenadas geográficas, pero también como zona o región, las cuales representan una serie de otras demandas y potencialidades de gestión integrada que no se encuentran contenidas desde la escala nacional, la que en más de una oportunidad, por no decir siempre, van en dirección contraria a los sentidos de integración que permiten estas expresiones ‘político espaciales’, dada su carga nacionalista.

Esta idea de concebir el hecho fronterizo desde la noción de espacio geográfico político, donde la institucionalidad política administrativa interior del Estado debiese tener un rol estratégico en la gestión de los espacios de fronteras, demandaría, entre otras varias circunstancias, mayores grados de descentralización política, financiera y administrativa, ya que, sin perjuicio de que deba estar asumido de forma permanente desde el Estado – Nación, las otras institucionalidades subnacionales precisan de capacidades reales para gestionar sus territorios fronterizos, en lo posible en un marco de los principios de equidad territorial y justicia ambiental.

La realidad europea, como es constatable, tiene una política de integración fronteriza que se inserta dentro del proceso de integración que permite la Unión Europea, donde el hecho fronterizo, tiene importancia fundamental, no sólo para cristalizar con mayores grados de profundidad el proceso de integración macro, sino por los desafíos migratorios, sociales, culturales y económicos que demandan. Conllevan, mayores grados de descentralización en la gestión de los gobiernos subnacionales, junto con políticas nacionales específicas.

En el caso latinoamericano, por medio de la Secretaría permanente del SELA, existe una voluntad (entre otras) de promover la intensificación de integración fronteriza de Latinoamérica. Su documento “La Integración Fronteriza en el Marco de Convergencia de América Latina y El Caribe”, del año 2012, da cuenta de ello. Sin perjuicio de las orientaciones políticas que pueda tener el informe, ya que es encargado para la discusión y recomendaciones de la Reunión de Coordinación de la Iniciativas Regionales de “Infraestructura para la Integración Física del Transporte, la Telecomunicaciones e Integración Fronteriza”, son pasos adelantes, pero que lamentablemente como indica el mismo documento, se encuentran siempre con muy intensas dificultades, en tanto, la voluntad política queda refrendada sólo en las grandes reuniones multilaterales, pero que posteriormente, en los espacios nacionales, la misma no se hace evidente y, por lo tanto, sin reflejo en los presupuestos nacionales correspondientes. Es un desafío para MERCOSUR, UNASUR, CELAC, entre otros foros multilaterales para avanzar en esa dirección. Desde lo supranacional y lo nacional se exigen mayores grados de descentralización territorial para tales cometidos, donde la noción de espacio geográfico político es pertinente de entender y aplicar.

Finalmente, en esta propuesta de Sistema Integrado de Política Exterior, entre otros temas, la cuestión fronteriza, debiese estar involucrada, en base a una unidad de análisis que es el hecho de frontera desde una lógica geográfico político, con una institucionalidad supranacional, nacional y subnacional, que asume a la paradiplomacia en profundidad. Sería, además coherente con los principios y prioridades de la Política Exterior de Chile hoy vigente.

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Foto: Michelle Bachelet / Licencia CC