Durante los últimos días hemos conocido algunos de los cambios que se implementaran en la Ficha de Protección Social para mejorarla como instrumento de focalización de la política pública. El año pasado expusimos en la comisión de expertos implementada por MIDEPLAN y dimos a conocer los resultados de un taller desarrollado con funcionarios municipales, expertos académicos y dirigentes sociales. En relación a estos resultados y a los nuevos cambios señalados por MIDEPLAN valoramos el esfuerzo desplegado en complementar la Ficha de Protección Social y no en terminar con ella como en algún momento se señaló. Creemos que sin duda estos cambios permitirán avanzar en mejorar este instrumento de focalización. Sin embargo, también queremos aprovechar de precisar algunos aspectos significativos para el proceso de implementación y cambio que se avecina.
El proceso de cambio del instrumento de focalización experimentado desde la ficha CAS 2, la Ficha Familia a la Ficha de Protección Social fue evaluado positivamente por diversos actores que utilizan a diario dicho instrumento. Pero consideran que la instalación de la Ficha de Protección Social fue un proceso que generó mucha tensión en el mundo municipal y un gran esfuerzo en recursos humanos. Si bien, se valora que existieron los traspasos de recursos económicos desde el nivel central (MIDEPLAN) para dicho proceso, los tiempos fueron muy acotados y las capacitaciones parecieron insuficientes para tener asimilados los cambios que significaban y poder replicar dichas experiencias de capacitación con los equipos de encuestadores.
Esta situación debe ser considerada para esta nueva etapa de cambio que se inicia, donde será necesario volver a encuestar a las personas y para ello se requerirá de un traspaso de recursos del nivel central al municipal, un traspaso de conocimiento a través de capacitaciones para trasmitir la información de buena forma y poder replicarlo con los equipos locales junto con contar con tiempos acordes. Hoy los municipios están en regla en relación al encuestaje y sin duda un cambio volverá a tensionar a los equipos.
Hasta el día de hoy existe una visión restringida sobre la capacidad técnica de quienes aplican la ficha. Un cuestionamiento en cuanto a comprender efectivamente la forma en que debe recabarse la información, tanto de los funcionarios municipales como de las empresas subcontratadas para la aplicación de la encuesta, que amenaza la confiabilidad de la información y rigurosidad del trabajo realizado. Esta situación debe subsanarse en esta nueva etapa.
Otra dificultad que existe hasta el día de hoy es la complejidad en el cambio de enfoque en la medición para desarrollar la focalización desde un enfoque de carencia a uno de vulnerabilidad social. Se afirma que la ciudadanía no ha entendido que la ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras instituciones que están haciendo uso de los puntajes de la ficha. Las instancias involucradas (funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido. Asimismo, desconocen a qué atribuir las variaciones de puntajes que se registran. Si bien, esto podría generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que les asiste a las personas con
respecto a este instrumento.
De lo anterior, se desprende la necesidad de avanzar en un enfoque de derechos, de esta puerta de entrada al Sistema de Protección Social. El derecho que tienen las personas a conocer las razones del puntaje obtenido más allá del temor a develar el funcionamiento del instrumento. Creemos que estos cambios deben permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos.
Parece positivo que por medio del puntaje global de la ficha se generen otros instrumentos específicos o puntajes secundarios para definir políticas sectoriales, puesto que a la “ficha se le estaba exigiendo más de para lo que fue diseñada”. Para ello suponemos que los algoritmos y pesos de las variables serán distintas según la política pública a la que se busca focalizar. Ello debería terminar con la situación actual, en que para toda política la capacidad de generación de trabajo es la variable con mayor peso, sin ponderar en forma adecuada otras situaciones sociales que viven las personas y las familias.
También resulta favorable la inclusión en los cambios a la Ficha de Protección Social de medios de verificación de diversas situaciones, incorporación de enfermedades crónicas, discapacidades, abuso de alcohol y otras drogas, endeudamiento y gastos de las familias. Ello debería ir acompañado de una buena supervisión profesional de la forma de aplicación y cálculo de puntaje por profesionales del trabajo social.
Un aspecto enfatizado por los medios de comunicación en los cambios propuestos es la posibilidad de llevar a la justicia a quienes falseen datos de la Ficha de Protección Social. Hay que señalar que esta situación había quedado establecida a través de la promulgación de la Ley 20.379 del año 2009, que pone en vigencia el Sistema Intersectorial de Protección Social que en sus artículos 5, 6, 7 y 8 hace mención a estas situaciones y que debía contar con un reglamento de aplicación que al parecer demoró más de lo debido en existir.
Junto con lo anterior, creemos preciso aumentar la fiscalización sobre todo considerando que hay empresas dedicadas a aplicar la encuesta y donde ya se han detectado situaciones fraudulentas que deben ser sancionadas. Esta fiscalización debe ser interna (cada municipio chequear al menos un 20% de fichas aplicadas) y externa (MIDEPLAN debe contar con un sistema de fiscalización de un porcentaje que en forma aleatoria sea evaluada cada año) con las sanciones fijadas por ley frente a cualquier fraude expuesto públicamente de forma ejemplificadora para cuidar el sistema y su legitimidad.
Aspectos que aún quedan pendientes son cómo medir el capital social de las familias y las discriminaciones por condición de migrantes o étnicas que viven las personas en nuestro país.
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