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«Nuestros» pueblos originarios. Respuesta del director nacional de Conadi

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Hemos apreciado, no sin cierta sorpresa, la respuesta que el director nacional de Conadi, Jorge Retamal Rubio, ha dado en El Mostrador del 29 de marzo pasado a un artículo en el que analizábamos críticamente los resultados de la política indígena implementada por el actual gobierno, y a la cual en días pasados se refería el ministro Larroulet. 

Decimos sorpresa, puesto que en su artículo el director se contradice con la información que ha sido dispuesta al público en el propio portal web de la institución que dirige. Nos causa sorpresa, además, que insista en referirse a los pueblos indígenas como una posesión: “nuestros pueblos originarios”, giro lingüístico que podría denotar afectividad, pero que no está en sintonía con la dignidad y el respeto a la especificidad cultural y política que el derecho internacional otorga a los pueblos indígenas.

Respecto a las afirmaciones del director relativas a las adquisiciones de tierras, en donde se sostiene que el “no comprar bajo presión ha permitido reducir significativamente los precios”, ello no resulta coherente con la información que se proporciona en el sitio oficial de Conadi en Internet.  En efecto, de esta página se desprende que de las compras realizadas por vía del artículo 20, letra b, ha sido precisamente en estos dos últimos años cuando se han pagado los más altos valores anuales promedio por hectárea, alcanzando un monto de 3 millones 596 mil pesos el año 2010 y 3 millones 364 mil pesos el año 2011, cifras que resultan ser superiores a los valores promedios pagados anualmente por hectárea desde 1994.

En tanto que la superficie adquirida por medio del mismo artículo -en los dos primeros años del actual gobierno- alcanza las 13.640 hectáreas, siendo inferior casi en 2.600 hectáreas a la superficie adquirida tan solo el año 2009.  Lamentablemente, lo reiteramos, no existe en la página de Conadi información sobre la superficie adquirida en el mismo periodo por medio de los subsidios comunitarios del artículo 20, letra a, falencia que seguramente no resulta imputable a los funcionarios de la corporación.

Lejos de hacer una defensa de la gestión de los anteriores gobiernos en esta materia, que en su oportunidad también cuestionamos por no ser consistentes con las directrices de derechos humanos referidas a pueblos indígenas, nos llama la atención que el director no se haga cargo de la ausencia de una política pública que permita restituir a los pueblos indígenas sus tierras de propiedad ancestral, y no solo aquellas de propiedad legal que les fueron usurpadas a lo largo del siglo XX. Ello desoye la interpretación que el propio Comité de Expertos de la OIT ha dado al Convenio 169 en relación al alcance del concepto de propiedad de las tierras indígenas, así como las recomendaciones hechas en la materia a Chile por el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya.

En cuanto al diálogo al que también hace referencia en su columna el director de Conadi, cabe señalar que la consulta y la participación de los pueblos indígenas en las materias que les conciernen, constituye una obligación sustantiva adquirida por el estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al suscribir la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas tienen plena conciencia de sus derechos y en tal sentido se opusieron a la consulta nacional sobre institucionalidad indígena que implementó el actual gobierno durante el año 2011, puesto que ella no se ceñía a los criterios internacionalmente aplicables a dichos procesos y que fueron reseñados en nota del relator James Anaya a Chile el 2009.

Cabe agregar que en septiembre del año pasado el ministro Lavín finalmente acogió las críticas de las organizaciones indígenas a este proceso y comprometió al Consejo Nacional de la Conadi a elaborar una propuesta de mecanismo de consulta en un plazo que no superaría el tercer trimestre de 2011. Sin embargo, hasta la fecha nada se sabe de tal propuesta. No obstante resulta alentador conocer, de puño del director de Conadi, que el gobierno trabaja arduamente en ello aunque, paradojalmente, sin la participación de las principales organizaciones que lideraron la oposición al proceso de 2011 y que incluso realizaron un encuentro nacional con parlamentarios para exponer sus propuestas en la materia.

Finalmente, en relación al anuncio del programa “más revolucionario que se haya ideado en el sentido de rescatar y revitalizar las lenguas de los pueblos originarios”, como lo califica una nota en la página web de Conadi, y al cual se han referido tanto el ministro Larroulet como el director Retamal, si bien esto es plausible ante una falta endémica de iniciativa, resulta desesperanzador como herramienta para revertir la tendencia que la propia nota menciona, en cuanto a que al ritmo presente no habrán hablantes de las lenguas indígenas al 2030.

Al respecto, resulta imperioso admitir que las lenguas indígenas desfallecen no solo por falta de lealtad lingüística de sus hablantes, sino que principalmente debido al hecho de que el castellano, la lengua oficial del estado, se impone sin contrapeso en todas las esferas de la vida pública, incluyendo a Conadi. Aparte del hecho de requerirse políticas lingüísticas y no solo programas para equiparar el estatus de las lenguas habladas en el país, conviene recordar que ni siquiera en la Conadi es requisito hablar una de estas lenguas para acceder a un puesto, y que en los dos últimos años numerosos funcionarios indígenas hablantes de la lengua de sus pueblos, han sido despedidos o reemplazados por personas no indígenas y monolingües del castellano. En el entendido de que una política destinada a revitalizar las lenguas indígenas tendría más consistencia si la principal institución destinada a promover sus derechos las ocupara como principal vehículo de comunicación con sus usuarios.

* Entrada escrita por José Aylwin y Pedro Marimán, Codirector y Coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, respectivamente.

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Foto: Antitezo / Licencia CC

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