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No cabe duda, el proceso constituyente iniciado por millones que marcharon por las avenidas y ocuparon las plazas realizando cabildos a lo largo y ancho de nuestro país, está completamente instalado y goza de abundante legitimidad. Aún cuando se mantienen justificadas críticas a la forma, y en aspectos relevantes también del fondo al acuerdo del 15 de noviembre, la posibilidad de terminar con la constitución de Pinochet es un desafío convocante de mayorías y que fortalece el nuevo ciclo político que debe generar un cambio de modelo para terminar con los abusos y desigualdades que ha generado el neoliberalismo en Chile.
Así, junto con participar del plebiscito de 25 de octubre y garantizar un triunfo contundente del Apruebo y la elección de ⅔ de los convencionales en abril que estén por los cambios que Chile requiere, es importante que el pueblo chileno y sus organizaciones sean protagonistas integrales en este proceso, ello supone también participar del debate sobre contenidos de la nueva constitución. En esta línea, es necesario que desde los espacios locales se instale con fuerza un aspecto de toda relevancia para los territorios; municipios y su marco jurídico, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La realidad del municipio de hoy puede graficarse en la contradicción administradores v/s gobiernos Locales, en donde los primeros representan una radiografía al “municipio” post dictadura que literalmente se remite a administrar políticas públicas del nivel central que no incorporan realidades locales, que no propenden a la participación ciudadana temprana y vinculante y que carecen de real autonomía, cuestión que a pesar de estar planteada en la ley, en buena parte aquello es letra muerta. Por otro lado está la idea de los gobiernos locales, que se proyectan como el contrario posible y como la superación del municipio actual; a condición de dejar atrás la anquilosada estructura vigente de dichos organismos.
Los municipios en Chile son el primer eslabón del aparato del Estado, y son también los primeros en reproducir, en una perspectiva general, la desigualdad. Es un dato de realidad la abismante diferencia presupuestaria entre municipios, en donde según el estudio del 2019 del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, la diferencia de per cápitas entre el municipio con más recursos y el con menos puede llegar hasta 7,9 veces, cuestión que, en el marco del debate constitucional, debe ser abordada y modificada. Ello implica cambiar la lógica de financiamiento de los municipios con medidas que resuelvan esta inequidad territorial, que van desde aumentar el aporte estatal con criterios redistributivos, y necesariamente fortalecer su autonomía para generar ingresos propios, como por ejemplo la implementación de empresas municipales, lo que en los hechos hoy se les prohíbe.
Otro de los aspectos centrales debe ser el de la participación ciudadana, que no es otra cosa que una cuestión de poder, y descentralizar desde el Alcalde o Alcaldesa, es un imperativo democrático. En esta línea es importante garantizar un rol activo de las y los vecinos en las diferentes decisiones de alta relevancia que toman las autoridades locales, como lo son las herramientas de gestión municipal (Presupuesto, Pladeco, Plan de Seguridad, entre otros) cuyas etapas de diseño, planificación y elaboración deben ser a partir de reales espacios participativos, tempranos, vinculantes y deliberativos de las y los pobladores, incorporando las consultas y plebiscitos comunales, y no una participación simulada que, salvo honrosas excepciones, es la regla general en el municipio de hoy.
Los municipios en Chile son el primer eslabón del aparato del Estado, y son también los primeros en reproducir, en una perspectiva general, la desigualdad
Además, es necesario avanzar en la modernización del aparato municipal, la innovación tanto en las políticas públicas como en el funcionamiento interno, mejorar los tiempos de atención y gestión, cuyo centro deben ser las comunidades, protegiendo siempre a las y los trabajadores municipales, que más allá de las caricaturas sobre los empleados públicos, son vitales en cualquier servicio.
El proceso constituyente está en marcha y desde las comunas debemos seguir impulsando cambios que nos garanticen vivir dignamente, en esa línea los gobiernos locales son un horizonte perfectamente posible y de profunda necesidad democrática.
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J.A.
Concordando con el comentario anterior, pienso que esto es lo que ocurre en mucha de las intenciones, no se conoce el tema. En recursos El Fondo Común Municipal ayuda mucho, hay municipios que reciben mucho más de lo que aportan, y si no fuera por ello, ni siquiera pagan los sueldos. Pero hoy los buenos y correctos municipios deben ser los menos, en los más, el municipio no tiene control, antaño la Contraloría General era el «CUCO», hoy ya no es así, y es territorio de políticos, para entrar a trabajar basta estar inscrito en el partido del alcalde, son agencias de empleo de los partidos y los pobres profesionales bien calificados no pueden con los » tongos». Pero el fenómeno es muy complejo, en general los Concejos no pueden fiscalizar, y los beneficios municipales los tienen siempre los mismos. Antes de cambiar la Constitución por un gustito ideológico que no nos va llevar a ninguna parte, quizás se debería reformular la ley Constitucional Orgánica de Municipalidades, el tema ha tocado fondo, hasta con narcotraficantes en la estructura municipal.https://ciperchile.cl/2018/06/26/san-ramon-tres-investigaciones-cercan-al-alcalde-vinculado-a-narcotraficantes/, es un asunto muy serio.
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Carlos
Buenas intenciones, la realidad muestra que los municipios son, -salvo excepciones- el vertedero de la corrupción sostenible en las comunas, amiguismo, clientelismo, fraudes, desfalcos, nepotismo, etc. Los nuevos mandarines y el caciquismo puertas adentro. Asiduos en desfile tribunales (varios fosilizados por décadas). Cuàntos han sido procesados y condenados, informese don Pepe. El carcamal de Quillota ya superò a Pinochet en «años de servicio público»….PASO—