La democracia no es una religión con normas sagradas, interpretadas por supuestos sacerdotes y profetas, que relegan a sus seguidores al papel de creyentes y feligreses. No, la democracia es un consenso permanente de prácticas, normas e instituciones al servicio del bien común y que prima el interés general sobre cualquier otro −por legítimo que sea− interés particular. Sin reformas, no hay democracia.
En abril de este año se presentaron los primeros resultados del Estudio Values and Worldviews, que examina un amplio conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de diez países europeos. Es un trabajo meticuloso, profundo y que recomiendo. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública (política, economía) y plano privado (familia, religión, ética). Hay una pregunta significativa: «En conjunto, ¿cómo cree que funciona la democracia en su país?». La media europea (sobre 10) es de 4,9 puntos. España se sitúa en la cola de la lista con 3,6 puntos.
La insatisfacción política es el estado de ánimo de la sociedad española. Los más miopes atribuirán esta situación a las duras condiciones que la crisis económica (o la búsqueda de soluciones basadas en los recortes y en la austeridad como dogma) imponen sobre la vida de los ciudadanos. Buscarán en las causas exógenas las explicaciones a sus propios déficits. Pero lo cierto es que la sociedad española lleva mucho tiempo mostrando una constante desafección respecto a la vida pública: a nuestra arquitectura institucional y a sus principales operadores públicos; es decir, los partidos políticos y las instituciones democráticas.
La mitad de los españoles, por ejemplo, se muestra insatisfecho con la Constitución y la otra mitad, podríamos decir, no está de acuerdo con ella. El consenso (necesario, conveniente e impresdindible para cualquier reforma de calado) ha sido secuestrado por una interpretación errónea de la mayoría parlamentaria, que no comprende que se trata de mirar en perspectiva de una generación, no de una legislatura. Y la percepción y opinión públicas sobre la confianza y la credibilidad de los partidos políticos y de nuestros representantes está por los suelos, situándose como el segundo problema real de los ciudadanos. Además, la corrupción real y percibida es una losa pesadísima.
Seguramente, hay un factor común a la insatisfacción política que tenemos sobre textos, personas, instrumentos e instituciones. Se trata de la incapacidad para regenerar su función y su credibilidad como servicio público y bien común por la ausencia de reformas. Cuando no te reformas a tiempo (y con tiempo), te vuelves conservador, incapaz de abordar con la calma (o la determinación necesarias) las reformas y los cambios estructurales que cualquier realidad humana necesita para seguir adaptándose a las nuevas demandas y exigencias. La democracia no es una religión con normas sagradas, interpretadas por supuestos sacerdotes y profetas, que relegan a sus seguidores al papel de creyentes y feligreses. No, la democracia es un consenso permanente de prácticas, normas e instituciones al servicio del bien común y que prima el interés general sobre cualquier otro −por legítimo que sea− interés particular. Sin reformas, no hay democracia.
Hay un nudo gordiano en este contexto: el papel de los partidos políticos como institución pública preferente de participación política. Nudo que se aprieta cada día más por el bloqueo parlamentario en las reformas centrales en la Ley de Partidos, de Financiación y Electoral. Mientras, cada vez más, muchos ciudadanos, hartos y decepcionados de la actual formulación de los partidos y de su oferta, exploran nuevas prácticas, nuevos modelos de acción, intervención y participación política, e incluso creen que se necesitan nuevos y más dinámicos instrumentos. La gente no espera a los que siempre llegan tarde. Se han puesto en marcha. Están en pie. Los partidos políticos han perdido el privilegio exclusivo de la acción política. Es sano… y es sintomático.
Pero, también, muchos ciudadanos desean que los actuales partidos se reformen para promover una mayor cultura democrática interna y nuevas prácticas. La insatisfacción ha dado paso, simultáneamente, a la indignación y la proposición exigente, en una retroalimentación de energía cívica. En estos momentos, extramuros de las instituciones, en la sociedad civil, se están generando un importante y relevante número de iniciativas regeneracionistas y renovadoras. Muchos ciudadanos no se van a quedar de brazos cruzados: fiscalizan, reclaman, exigen y proponen. Queremos colegislar, también, ante la parálisis parcial de nuestras instituciones, bloqueadas por una concepción patrimonial y partidista de la participación política y de la democracia misma. Y frente a esta energía, ¿qué hacen algunos partidos políticos, y sus dirigentes?
Adela Cortina, en un artículo publicado en las páginas de este diario, lo resumía muy bien: «Son los diálogos los que permiten ir incorporando en las instituciones las propuestas más lúcidas y fundamentadas, las que pueden ayudarnos a salir del marasmo, y crear una sociedad justa. La forma política de esa sociedad sería la de una democracia deliberativa, en la que los representantes responden de sus acciones, de sus programas, y también tienen línea directa con los interlocutores más preocupados por el interés común que por los intereses partidarios. En este punto la reforma de los partidos políticos se hace imprescindible en lo que hace a su democracia interna, a la transparencia de su financiación o a la necesidad de debilitar el poder de los aparatos».
Una de estas iniciativas de diálogo crítico y propositivo es la del Foro +Democracia, en la que participo junto a centenares de personas. Proponemos una nueva Ley de Partidos que contemple, como mínimo:
1. La consideración de los programas electorales como «contratos con la ciudadanía», cuyo incumplimiento debe conllevar responsabilidades políticas.
2. La total transparencia sobre los ingresos de los partidos políticos, sean públicos o privados.
3. La prohibición de las donaciones anónimas y por parte de empresas y el establecimiento de responsabilidades penales por financiación irregular.
4. La apertura de los procesos de selección de las personas que irán en las listas electorales, incorporando al sistema electoral las «primarias abiertas» organizadas por las juntas electorales.
5. La prohibición de la disciplina de voto y el fortalecimiento de los comités de ética y garantías.
6. Elecciones directas para cargos internos, incrementado la capacidad de participación de todas las personas afiliadas.
Más de 50.000 personas (y sigue creciendo su número) respaldan esta propuesta que cuenta con la colaboración con algunos de los más importantes expertos en esta materia y de importantes complicidades dentro de las actuales formaciones políticas.
Necesitamos abrir ya una comisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Partidos, que contribuya −también− a un nuevo compromiso colectivo por la democracia, que Fernando Vallespín describía muy bien recientemente: «Creo que aceptaríamos gustosos menor bienestar por mayor cohesión y regeneración ciudadana, por una verdadera reforma política asociada a un nuevo pacto constitucional. Pero eso no parece estar en la agenda. La consecuencia es que sigue abriéndose la brecha…». Y hay que taponarla con determinación, generosidad, humildad y… rapidez. Necesitamos una comisión parlamentaria que supere el marco tradicional de consulta con la sociedad civil y que sea capaz de sumar energías cívicas, talento experto y prácticas novedosas para legislar otra Ley mucho más ambiciosa, más profunda y regeneradora de la que tenemos.
Cuando los cambios afuera son más rápidos que los cambios dentro, el fin está cerca. No esperemos más. No hay tiempo que perder, como decía el poeta Sófocles: «Cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas». Pues estamos, creo sinceramente, en tiempo descuento.
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