“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”, es una máxima de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) florentino renacentista, considerado el padre de la ciencia política. Siempre tan contemporáneo, es el autor que desliga intrínsecamente del dominio moral y ético a la política.
El adjetivo maquiavélico, entonces, se puede definir como la práctica política que se basa en el engaño para conseguir sus propósitos. Con la institucionalidad heredada de la dictadura, donde el Tribunal Constitucional (TC) tiene la capacidad de vetar leyes y reformas, el mejor maquiavelismo está servido. Y, sin duda, una ilustración de esta práctica es el abuso que la oposición hace del TC para obstaculizar las reformas estructurales de la Administración Bachelet.Velar por el respeto a la constitucionalidad de las instituciones de la democracia y eliminar la capacidad de impugnar reformas y nuevas leyes que deben tratarse en su integridad en el Parlamento por los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente.
En efecto, la centro derecha que decretó manu militar en plena dictadura, la discriminación en la reforma estructural privatizando el sistema educativo en 1981 convirtiéndola en apologista y devota de la segregación, el copago, la discriminación en la selección de los estudiantes, el lucro en el sistema educativo por sobre la calidad y la igualdad, y que definió la educación como un bien de consumo y no como un derecho, presentó en el TC un requerimiento de inconstitucionalidad a la gratuidad universitaria, argumentando que sería discriminatoria ya que en el primer año abarca a un estamento determinado de estudiantes vulnerables discriminando a otros.
Los padres de la discriminación defendiendo la no discriminación en el sistema educacional se transforman, en una operación política macro maquiavélica, en los portavoces de la antidiscriminación defendiendo lo que nunca han creído: la igualdad de oportunidades en la gratuidad en el sistema educativo universitario.
Con esta maniobra maquiavélica aparecen amparando lo que siempre han rechazado y desterrando de sus códigos morales y éticos en sus operaciones mercantilistas en el sistema educativo. Viendo lo que son y no las apariencias, como nos enseña Maquiavelo, la centro derecha, devota del neoliberalismo más salvaje, ve el sistema educacional sólo como un nicho más dentro del mercado con posibilidades de lucro. Defienden, en rigor, la gratuidad universitaria de estudiantes de universidades privadas, llevando el maquiavelismo a su expresión máxima: quieren continuar recibiendo dinero público para sus universidades privadas y así continuar lucrando con el dinero de todos los chilenos y chilenas.
Pero lo más maquiavélico es que al recurrir al TC (con mayoría conservadora) judicializan la política y politizan la justicia porque ya no tienen los votos en el Parlamento para abortar las reformas estructurales bacheletistas que, en este caso, delimita la discriminación y el lucro en el aparato educacional universitario otorgando una gratuidad gradual y progresiva.
Y más aún: nos muestra que la centro derecha acude al TC porque la implementación de la gratuidad gradual para estudiantes universitarios a partir de 2016 puede ser el punto de inflexión en la ciudadanía, asqueada de tanto maquiavelismo transversal, al comprobar que los compromisos adquiridos con ella se están materializando. Sin duda, y a pesar de todos los baches en la gestión de esta reforma, existe una férrea voluntad política en la Administración Bachelet para llevarla a cabo, y esta constatación puede producir un vuelco favorable de la opinión pública con Bachelet que, por cierto, lo necesita urgentemente si quiere sobrevivir hasta la elección presidencial de 2017.
La centro derecha, por otra parte, tiene una sola línea de oposición al proceso de reformas estructurales que cambian parámetros centrales del neoliberalismo salvaje heredados de la dictadura: la obstrucción total a las reformas, sí o sí. Sin los votos en el Parlamento, sólo les queda el TC.
El abuso de recursos de inconstitucionalidad de reformas presentados en este caso por la centro derecha en el TC es una operación política que otorga a esta institución antidemocrática y elitista un rol institucional equívoco y excesivo, y un efecto perverso: convierten la democracia representativa en una farsa maquiavélica.
El TC, el penúltimo búnker heredado de la dictadura que tiene secuestrada la plena democracia (el último es nada menos que la Constitución de la dictadura) ejerce la coacción política contra las mayorías representadas en el Parlamento y es, en los hechos, una institución anómala que enrarece la convivencia democrática. La nueva Constitución debe otorgarle la institucionalidad que debe tener: velar por el respeto a la constitucionalidad de las instituciones de la democracia y eliminar la capacidad de impugnar reformas y nuevas leyes que deben tratarse en su integridad en el Parlamento por los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente.
Sean cual sean las resoluciones finales del TC para futuras impugnaciones contra otras reformas o leyes presentadas por la centro derecha o la centro izquierda, serán maquiavélicamente draconianas porque maquiavélica y draconiana es esta institución que sólo destila un veto a la democracia. La institucionalidad vigente del TC permite que el maquiavelismo, verdadera biblia para demasiadas corrientes políticas en Chile, lleven al paroxismo eso de “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”.
La centro derecha, en este caso, lo ha aplicado ejemplarmente. Para ello se ha valido de otra máxima de su maestro, Nicolás Maquiavelo: “el fin justifica los medios”. Sin duda, en este caso, la alumna ha superado al maestro.
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