Los mismos están cansados de los múltiples y repetitivos diagnósticos sobre los territorios Mapuches. Estos son numerosos pero faltan las ideas respecto a cómo se puede llegar a negociar un modus vivendi entre el Estado y la sociedad mapuche. ¿Qué ideas podrían avanzarse para montar una gran política que cambie el estado de las cosas? Que tenga efectos durables y que asegure la extirpación de la violencia en los territorios indígenas. Este es el problema de fondo, que no va a ser resuelto en negociaciones coyunturales, ni en mesas redondas de corta duración ni en las audiencias que puedan conceder las autoridades superiores a grupos de dirigentes Mapuches.Es una tarea que no puede resolverse en dos días, sino a partir un trabajo conjunto de varios meses de estudio y de programación estratégica de los representantes de ambas partes.
Recientemente la prensa ha mostrado que hay “medio centenar de localidades que deben resguardar los Carabineros de manera permanente en la llamada «zona roja» del conflicto mapuche, en la IX Región (Segunda, 30/08/2015). Se trata de 47 «puntos fijos», donde los efectivos policiales están cumpliendo -día y noche- con las «medidas de protección» decretadas por el Ministerio Público luego de que sus moradores fueran víctimas de atentados o amenazas”.
¿Qué significa esto, sino la expresión de un malestar generalizado o un terreno abonado para numerosos futuros conflictos y que muestra claramente que no es la represión la vía para asegurar el fin de la violencia? Tampoco lo es la continuidad de la política que han practicado los sucesivos gobiernos. Mientras la violencia se instala, reina la confusión en cuanto a las demandas y a las soluciones, lo mismo del lado del Estado que del lado de los indígenas.
El gobierno haría bien en reconocer públicamente que el tema central de la cuestión Mapuche hoy es la autonomía territorial. Al mismo tiempo comprometerse a hacer reconocer en la Constitución la plurinacionalidad del Estado chileno y la legitimidad de los Territorios de Autogestión Indígenas que se hayan creado y que se creen, definiendo los medios que arbitrará para que este reconocimiento sea efectivo en la realidad.
Imaginemos que este gobierno, o el próximo, decide ir al fondo del asunto y se hace cargo de proponer una fórmula comprensible y satisfactoria que no puede ser otra que la autogestión de los territorios ocupados por las comunidades, territorios cuya extensión y límites deberían ser determinados. La definición de los límites, así como el grado y modalidades aceptables de autonomía con que deberían funcionar los territorios de la Autogestión, será la tarea de los negociadores. Es una tarea que no puede resolverse en dos días, sino a partir un trabajo conjunto de varios meses de estudio y de programación estratégica de los representantes de ambas partes. Imaginemos que para ello el gobierno convoca un Parlamento, rememorando la práctica de la Corona española, por ser una alusión llena de fuerza simbólica mostraría claramente que está dispuesto a dar vuelta la página de la historia reciente y que no se trata de una negociación más, sino de una gran negociación de la cual saldrá de una vez por todas un nuevo trato para el pueblo Mapuche.
¿Prueba inmediata de la buena voluntad del gobierno para una aceptación de su iniciativa? La decisión de modificar la actual Ley Indígena para transformar las escasas Áreas de Desarrollo Indígena existentes en la Araucanía en territorios de autogestión indígena; es decir, entregando el Consejo de Administración de cada una de las cinco Áreas actualmente existentes, a un Consejo Mapuche, haciendo desaparecer del Consejo actual todos los representantes institucionales: el Intendente de Región, los alcaldes de Comunas, los gobernadores de provincia y los SEREMI ministeriales, autoridades que han dominado los Consejos de Administración, obstaculizando casi completamente el funcionamiento de las ADI y anulando prácticamente la finalidad misma de su existencia.
Esta medida debe ir acompañada de otras para asegurar el funcionamiento inmediato del nuevo estatuto, dando así una garantía de la buena fe del gobierno. Primero, asignar a los Consejos Mapuches los fondos correspondientes del presupuesto nacional, según el porcentaje de población que representa cada Territorio de Autogestión; segundo, poner la CONADI regional a disposición de los Consejos Mapuches; tercero, solicitar a los servidores públicos ponerse voluntariamente a la disposición de los Consejos Mapuches, conservando por cierto su estatuto contractual actual, medida que puede ser extensible a otros servidores públicos solidarios con el pueblo indígena.
Estas primeras medidas contribuirían a crear un clima de confianza, y tal vez abriría las puertas para continuar una negociación constructiva en el Parlamento convocado a tal efecto. La creación de nuevos Territorios de Autogestión Indígena queda abierta, de la misma manera que quedan también abiertas todas las modalidades susceptibles de asegurar que el pacto Estado/Indígenas contribuya a mejorar la condición de los conciudadanos indígenas a un ritmo igual al de los otros ciudadanos del país, que la identidad indígenas se conforte y que la tranquilidad vuelva a reinar en la Araucanía.
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