Posterior a la realización del Cónclave de la Nueva Mayoría, es pertinente preguntarse si el debate entre los participantes cum clavis (bajo llaves) permitió establecer certezas para orientar las reformas y establecer las vías para remar contra el bajo respaldo popular que tiene el gobierno y su coalición en las encuestas. El objetivo principal de mejorar el modo de coordinarse entre el Gobierno y su coalición se logró -reconociendo los déficits de gestión y reformulando el modo de relacionarse- lo que augura un ordenamiento de sus parlamentarios para respaldar los proyectos priorizados y definidos como de alta relevancia.
Contrario a lo que escriben analistas políticos de la plaza, el Cónclave despejó dudas porque se definió una hoja de ruta nítida a seguir para los próximos 30 meses, estableció los límites y contenidos de las reformas para dicho período, desalojó -de esta manera- las incertidumbres generadas por la insuficiente socialización de las mismas, aunque agravado por la ausencia de un trabajo pre-legislativo con las bancadas parlamentarias oficialistas.Sin embargo, es ineludible develar si la Nueva Mayoría es una coalición política o un transitorio acuerdo electoral-programático, teniendo presente que los cambios prometidos son parte de un proceso de mediano y largo plazo.
Se reitera, entonces, la convicción de que la reactivación económica no implica abandonar las reformas; teniendo en cuenta que ambos objetivos pueden conjugarse; y por lo tanto, el horizonte programático permanece. No obstante, ello requiere una aproximación realista y sensata, sin partir de cero, con jerarquización y gradualidad; donde ni la gobernanza ni las reformas tengan que ser sacrificadas en nombre de una sobre-dimensionada ralentización económica.
En definitiva, la opción de la derecha de “girar el timón” hacia la ruta del status quo e inmune a las demandas sociales, ha sido desechada. Hoy tenemos mayor claridad sobre la reforma tributaria. Se simplificará su aplicación, sea por vía administrativa o por vía legal, manteniendo la recaudación, lo que se espera será un paso importante para impulsar la inversión privada y el crecimiento.
Claridad sobre el inicio de la gratuidad en educación superior, al determinar que en 2016 se dará cobertura al 50% de los alumnos más vulnerables del Cruch y cubrirá también a las universidades privadas que presenten el segundo nivel de acreditación (más de cuatro años) y que no tengan relaciones con entidades comerciales y posean mecanismos de participación tri-estamental interna.
Claridad sobre la reforma laboral, la cual busca equilibrar y modernizar las relaciones laborales, junto con promover el empleo y el emprendimiento al considerar las particularidades de las pymes, ampliando para tal efecto las materias a negociar para permitir procesos más flexibles y colaborativos en materia de negociación colectiva.
Claridad sobre seguridad ciudadana, al comprometerse a responder urgentemente a aquellos delitos que el sistema no resuelve ni enfrenta eficientemente, aumentando la prevención para evitar el robo a las personas, viviendas y vehículos; como también en consolidar un esquema de persecución penal “inteligente” que aumente condenas -aplicándolas en concordancia al rigor de la ley- y mejore el apoyo a las víctimas.
Claridad sobre el proceso constituyente, al instruir a los miembros del gabinete para consensuar, en este mes, un criterio con todos los sectores políticos sobre la fórmula para elaborar la nueva carta fundamental, proceso que comenzará en septiembre dando a conocer los plazos y los mecanismos.
Por último, darle alta prioridad a la agenda de probidad y transparencia para salir del marasmo de la desconfianza y malestar social que inmoviliza y tensiona al país, estableciendo altos estándares para retomar la ética del servicio público.
Sin embargo, es ineludible develar si la Nueva Mayoría es una coalición política o un transitorio acuerdo electoral-programático, teniendo presente que los cambios prometidos son parte de un proceso de mediano y largo plazo. Las reformas en su integralidad no se materializarán en este período, sino por etapas; lo que requiere construir acuerdos con mayor proyección y concomitancia en torno a objetivos de largo plazo, más allá de un gobierno de 4 años.
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