Cuando uno piensa en los habitantes del sur de Chile, piensa en gente tranquila, trabajadora, “bonachones”, “rosados” y buenos anfitriones. ¿Cómo se le da la vida a estas personas? Por ejemplo en el sur, para ir a estudiar de un pueblo a una ciudad un poco más central, solo en locomoción el estudiante tiene que pagar 1.000 pesos por pasaje, es decir, 2.000 pesos diarios que por 20 días hábiles da un total de 40.000 pesos sólo en locomoción. Eso sin contar los otros gastos ni la mensualidad, sumado a que en las regiones es más difícil conseguir empleo. Es por ello que mejorar la calidad de vida es mucho más difícil que en Santiago y por más que se argumenten avances en la región, los problemas cotidianos que no se ven en las cifras o la inversión, claramente existen.
Sin una ciudadanía que reclame ante esta situación, ¿cómo se solucionarán estos y otros problemas? No es correcto tampoco desconocer, que existe como hecho social el conflicto entre el gobierno central y las regiones, sumado al de la inequidad.
En una especia de “pataleta” por demostrar que “manda”, el Gobierno pretende que los ayseninos “se porten bien”, antes de llegar siquiera a conversar con ellos, mucho menos a algún acuerdo. Se espera que bajen sus medidas de presión, que es lo que tienen para reclamar, y sin darles nada, ponerles el pie encima a quienes simplemente reclaman lo que necesitan para su ciudad, sus pueblos, su región. Los asesores seguramente recomiendan no ceder porque si no cualquiera que se manifieste “pediría”. ¿Valorarán los asesores que también hay demandas regionales culturales más complejas que la administración de los “pedigüeños”?
¿Qué obstruye el simple hecho de sentarse a conversar las demandas de Aysén? Que el Gobierno plantee que es lo que sí se puede hacer del petitorio y que no es posible, para juntos superar los obstáculos que impiden cumplir con la totalidad de las demandas. ¿Es esto una señal de debilidad por parte del Gobierno o es justamente gobernar?
Por otro lado, el Gobierno dice que no aceptará “ultimátum”, pero sin pudor amenaza con aplicar la fuerza en contra de ciudadanos que lo único que hacen es tratar de que los escuchen, que oigan sus quejas que se arrastran desde los gobiernos de la Concertación. Estos ciudadanos supuestamente “mal portados”, son nada menos que amenazados con una ley que es para terroristas, como quienes integran la ETA, Sendero Luminoso o Al Qaeda.
Esta ley, fue creada en dictadura, y no pasó por ninguno de los órganos regulares que la democracia establece. La existencia de esta ley ha sido motivo de críticas internacionales para el Estado de Chile, por las arbitrariedades que implica y por su mal uso para acallar demandas sociales.
Pueden existir diferencias de opinión, pero hay hechos concretos y reales que no se pueden simplificar en un “si nos ponemos blandos, cualquiera hará manifestaciones y pedirá cualquier cosa”.
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Foto: Luis Fernando Arellano / Licencia CC
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