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Los derechos civiles en su batalla final

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No existe razón alguna, más allá de elementos valóricos confesionales que fundamenten esta diferenciación arbitraria. Hoy en Chile el único contrato civil que personas mayores de edad no pueden suscribir por la razón única de tener el mismo sexo es el matrimonio.

El Código Civil chileno, que data de 1855 y vigente desde 1857, establece en su artículo 102 como requisito de existencia del matrimonio la diversidad del sexo de los contrayentes («el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente»).

Es este artículo, ya derogado parcialmente y de forma tácita por la Ley 19.947 de Matrimonio Civil del año 2004, que estableció la posibilidad de los cónyuges de terminar con el matrimonio mediante el divorcio (volviendo tan sólo romántica la frase «indisolublemente y por toda la vida»), el último eslabón y más notorio de la división entre ciudadanos clase A y clase B.

El Código Civil de Andrés Bello de pleno siglo XIX, establecía instituciones abiertamente injustas y discriminatorias, las cuales se han ido mejorando y derogando conforme al desarrollo de la sociedad chilena. Entre otros ejemplos:

1. Se impuso la indisolubilidad del matrimonio en el mencionado artículo 102, la que fue derogada por la denominada Ley de Divorcio.
2. Se establecía la diferenciación entre hijos de filiación legítima, natural o simplemente ilegítima, situación definitivamente subsanada con la Ley de Filiación N°19.585 del año 1998.
3. La inexistencia de los Bienes Familiares que preservasen el hogar común ante la separación de los padres, incorporados por Ley 19.335 del año 1994.

Por otra parte, vale recordar que en 1884 se estableció mediante la pretérita Ley de Matrimonio Civil la «laicización» de este contrato, determinándose que el mismo y sus implicancias se discutirían en sede jurisdiccional civil (hoy Tribunales de Familia).

Este proceso de laicización de la sociedad civil se ahondó mediante la Constitución de 1925, que separó oficialmente la Iglesia del Estado (Artículo 10 N°2 de dicha Carta Magna). La Constitución de 1980 reitera esto en su artículo 19 N°6.

Leyes recientes como la N°19.947 de Matrimonio Civil han modificado el contenido, alcances y formas del matrimonio.

Por otra parte, nuestra Carta Magna actual determina dos principios inalienables: la libertad individual y la igualdad. Es el primer artículo de nuestra Constitución el que imperativamente señala que «las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Libertad e Igualdad.

El matrimonio civil no es otra cosa que un contrato de familia regulador de derechos patrimoniales entre los cónyuges. Las valoraciones éticas y religiosas no tienen cabida ni en los contratos civiles de compraventa, arriendo, mutuo, comodato, etc. Sólo existe necesidad de la diferenciación de sexo en un contrato: el matrimonio.

Lo importante no es si se trata de una mayoría o una minoría (que por cierto lo es) quienes se ven privados de celebrar este contrato. Lo trascedente es determinar qué razones legales y constitucionales avalan esta diferenciación.

El artículo 102 del Código Civil es abiertamente inconstitucional. La Constitución en su artículo 19 N°2 asegura a todas las personas la igualdad ante la ley (lo que no se cumple con el citado texto), la no existencia de personas ni grupos privilegiados (heterosexuales) y la seguridad que ley (el Código Civil es simple ley) puede establecer diferencias arbitrarias.

Esto es trascendental para la discusión del matrimonio igualitario o derechamente del matrimonio, tal cual debe ser denominado.

No existe razón alguna, más allá de elementos valóricos confesionales que fundamenten esta diferenciación arbitraria. Hoy en Chile el único contrato civil que personas mayores de edad no pueden suscribir por la razón única de tener el mismo sexo es el matrimonio. Por mucho que se trate de un tema del derecho de familia, la regulación del matrimonio civil es la de un contrato, un contrato que debe ser accesible a todos los chilenos sin distinción alguna.

Una segunda opción sería derechamente eliminar la palabra matrimonio de toda, sí, de toda la legislación chilena y adoptar una forma de unión civil igualitaria, circunscribiendo el matrimonio solo a las manifestaciones religiosas, sin implicancia alguna en la vida civil. Seguramente esta propuesta será desechada desde ya por quienes se encuentran unidos ya en matrimonio.

Es deber del Estado y de los liderazgos de Bachelet y Gomez conducir al país a la plena igualdad de derechos civiles, acabando con discriminaciones arbitrarias. Es la tarea de un estadista mostrar el rumbo a su pueblo por más dificultades que esto implique. ¿Será capaz este gobierno de mostrar el camino final al desarrollo no sólo económico, sino que en dignidad y derechos para todos? Veremos.

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