El día viernes recién pasado, nos reunimos las distintas juventudes políticas de los partidos y movimientos, debido a la invitación del director del INJUV, para debatir acerca de la necesidad de trabajar una propuesta transversal de ley de juventud, que garantice los derechos y deberes de nuestro segmento etario.
Si revisamos la realidad latinoamericana en torno a la legislación juvenil y su institucionalidad, podemos concluir que estamos bastante atrasados. Chile es uno de los pocos países de iberoamericana, que no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. En varias naciones de latinoamericanas existen leyes nacionales de juventud que consagran sus derechos y obligaciones. En distintos países de nuestro hemisferio los organismos de la juventud cuentan con rango ministerial, con la capacidad de ejecutar políticas publicas y con recursos considerablemente superiores en relacion a los que cuenta el INJUV; en países de sudamérica como Perú, se han establecido cuotas de jovenes para acceder a cargos de elección popular con importantes avances al respecto.
Si revisamos la realidad latinoamericana en torno a la legislación juvenil y su institucionalidad, podemos concluir que estamos bastante atrasados. Chile es uno de los pocos países de iberoamericana, que no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud.
Dicho lo anterior, cabe señalar cuál es la importancia que desde nuestro grupo le asignamos a un avance en esta materia. Creemos muy necesario consagrar el rol que debe cumplir el Estado, respecto de los derechos de los jóvenes: El derecho a una educación de calidad y al libre acceso a las instancias de formación profesional. El derecho garantizado de salud, así como la necesidad de entregar cobertura a los distintos tratamientos que sean prioritarios para nuestro segmento etario. El derecho a acceder a un empleo digno, en igualdad de condiciones y de salario, con el debido respeto y flexibilidad para aquellos que estudian o deben cumplir con sus tareas de padres; El derecho a la vivienda y acceder a situaciones ventajosas al momento de querer emprender un camino autónomo. El derecho a la no discriminación, por creencias religiosas, pensamientos políticos, identidad de genero, sexualidad y en cualquiera de sus formas. El derecho a la objeción de consciencia. El acceso a cargos de elección popular e instancias de participación democráticas corrigiendo las desigualdades del sistema actual, son temas que deberían ser prioritarios en una Ley Nacional de Juventud.
Ahora bien, como Juventud de Amplitud creemos que lo más importante es que una gran cantidad de jóvenes expresen sus intereses y prioridades. Es por esto que manifestamos nuestro compromiso para generar un proceso participativo y representativo, en el cual los jóvenes de todas las comunas de nuestro país puedan manifestarse respecto de que elementos debe considerar una ley que garantice sus derechos y que evidencie sus necesarias obligaciones, para que de esta manera podamos generar una propuesta que consagre el real sentir de la juventud.
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Foto: Agencia Makro
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