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Las falacias del Gobierno

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Febrero, según los periodistas, es un mes políticamente aburrido. Este año fue la excepción. Las declaraciones de la Intendenta del Bío-Bío y la aprobación del Proyecto termoeléctrico de Castilla en Atacama rompieron la monotonía tradicional del verano. Aunque ambos hechos han tenido una gran cobertura, especialmente por sus implicancias políticas y económicas, he notado que se ha prestado poca atención a las falacias que el Gobierno ha usado para justificar su actuar.

Luego de las declaraciones públicas evidentemente auto-inculpatorias de la intendenta, tal como un marido engañado, el Gobierno entró en un estado reflexivo que terminó en un perdón público. El argumento entonces fue que: dado que la intendenta no cometió ningún delito, entonces no hubo ni engaño ni falta, sino sólo declaraciones erradas. La falacia se hacía evidente. Aceptar que no se alcanzó a cometer ningún delito no es una razón para exculpar a alguien. Si lo fuera, muchos crímenes dejarían de serlo. En un extremo, por ejemplo, el “intento” de homicidio no existiría. Para las sociedades tan o más importante a que se cometa un delito es evitarlo, por eso ellas previenen el crimen condenando el acto potencial de cometerlo. Si no, ninguna persona que es amenazada de muerte podría pedir protección, porque el delito no se habría cometido. Esto es más válido aun para funcionarios públicos de alto nivel que, por su investidura, deben ser quienes más resguarden el principio preventivo de la ley. Si no fuera así,
cómo podrían perseguir al delincuente o con qué moral juzgarían el actuar de los ciudadanos comunes.

El Gobierno no sólo cometió un error al dejar que la intendenta siguiera en sus funciones; también quedó en ridículo. Qué pensarían los amigos de un marido que perdona públicamente a su esposa luego de sorprenderla desnuda con otro hombre justo antes de “consumar los hechos”, y que lo hace porque “no alcanzó a hacer nada.” El Gobierno ha quedado en una posición muy similar.

La segunda falacia fue presentada a razón de la aprobación del proyecto Castilla. Esta vez la Intendenta de Atacama declaró que el voto "no es en conciencia, es un voto cuyo único elemento a considerar es un voto basado en el cumplimiento de la normativa ambiental”. La segunda falacia entonces aparece. En proyectos como Castilla lo que está en juego no es nuestro bienestar; ni siquiera el de nuestros hijos, sino la herencia ambiental que le dejamos a nuestros nietos y bisnietos. Lo que uno espera de quienes toman la decisión de aprobar el proyecto o no, es que actúen más allá de sólo revisar si se cumplen los requerimientos legales. La normativa no es suficiente para juzgar si la mayor termoeléctrica de Sudamérica debe realizarse o no. En otras palabras, lo que se espera de un representante público en una instancia como la Corema es que haga justamente lo que la intendenta dijo que no se hizo: que actúe en conciencia. Si no, bastaría un burócrata, o más aún: un autómata, que chequee cada uno de los requisitos  solicitados. El rol de los miembros de esa comisión es ser crítico y capaz de ver cuáles serán las consecuencias de su decisión en tres o cuatro décadas más. Si no lo hace, entonces no está cumpliendo bien su tarea. Si no puede, entonces la ley es mala y esa autoridad debe denunciarlo. Al no hacerlo, no está cumpliendo su función y deja espacio para que la opinión pública elucubre conspiraciones u otras cosas.

En conclusión, la justificación que el Gobierno ha dado de su actuar respecto a los escándalos del Bío-Bío y de Castilla dejan en evidencia que no ha sido capaz de construir discursos coherentes con su rol y su propia imagen pública, sin embargo la pregunta que cabe responder es ¿le importará?

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Foto: Radio Bío Bío / Licencia CC
 

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