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La trascendencia de la reforma Procesal Penal ante casos Caval y Penta

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El caso PENTA tiene una singularidad. Permitió evidenciar de forma brutal cómo la Reforma Procesal Penal se instala como un factor clave del sistema político. Existe una nutrida experiencia de cómo la reforma en cuestión incidió e incide en el sistema político, pero ninguna había permitido, por lo menos para un amplio número de ciudadanas y ciudadanos, aquilatar la trascendencia de la misma. Hoy no son redes de narcotraficantes los que están en el banquillo de los acusados, hoy los que están ahí son los poderosos exponentes de la oligarquía nacional. En el imaginario de la clase trabajadora, se ha tocado a los intocables.


Alguna lectura en Teoría de Gobierno indica, cómo el Poder Judicial es actor central en la gestión efectiva de los ejecutivos, donde la clásica separación de poderes se relativiza, no necesariamente porque exista la voluntad a priori de querer hacerlo, sino porque las dinámicas de sus diseños institucionales lo obligan a cruzar fronteras que no necesariamente eran cruzables unos años atrás, por lo menos como sí lo son ahora.

Lo anterior, permite otra circunstancia del todo relevante. Más de alguien ha indicado que existe una cultura de la evasión, elusión, inclusive corrupción, en todos los niveles y temas posibles, esto es, desde el emprendedor más acotado en ventas hasta los grandes empresarios nacionales. Hay una cultura instalada. Si eso es así, gradualmente entonces, la cultura deberá modificarse, dado que la misma será incompatible con este tipo de acciones que desarrolla este tipo de instituciones, como es el Ministerio Público.

De ser favorables los resultados de la gestión del Ministerio Público en este caso, el posicionamiento político del mismo será de tal nivel, que las exigencias de mañana serán aún más intensas. Implicará, que todas las cuestiones que se asocian con los déficit de gestión, como es la escasez de fiscales y los niveles de opacidad de la Fiscalía que han sido profusamente reporteados tendrán que abordarse, ya que los éxitos no pueden opacar las dificultades que arrastra, sobre todo cuando ya ha logrado un posicionamiento político y ciudadano, antes nunca ‘sentido’.

Pero la reforma procesal penal, que tiene esta expresión, esto es el Ministerio Público… la Fiscalía, tiene la contraparte, que son los Tribunales de Garantía, los que imparten justicia. Los jueces, en este caso el Sr. Escobar, no solo cumplió con la obligación de estar a la altura de los requerimientos en cuanto a la aplicación de justicia con ética, sino que también da una fuerte señal a la clase política. En este sentido, se debe hacer notar el accionar de los fiscales acusadores que a diferencia del también renombrado caso liderado por el fiscal Peña, con un despliegue comunicacional intenso, generó una serie de acciones, que finalmente fueron desestimadas por los Tribunales de Garantía. Esto, con PENTA no ocurrió.

Con esta acción, el Ministerio Público, fue capaz de develar seriamente los diferentes aspectos de hacer negocios en vínculo con la política, queda en evidencia, una vez más, cómo el poder judicial se transforma en un actor determinante para la gestión del gobierno. Alguna lectura en Teoría de Gobierno indica, cómo el Poder Judicial es actor central en la gestión efectiva de los ejecutivos, donde la clásica separación de poderes se relativiza, no necesariamente porque exista la voluntad a priori de querer hacerlo, sino porque las dinámicas de sus diseños institucionales lo obligan a cruzar fronteras que no necesariamente eran cruzables unos años atrás, por lo menos como sí lo son ahora.

Penta y Caval, entre otros casos, como son los ambientales, de los que no se opinará en esta oportunidad, permiten la judicialización de la política. Ello, entre otras consideraciones, gracias a la implementación de la Reforma Procesal Penal.

TAGS: Debido Proceso Poder Judicial

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Estamos ante un inestable equilibrio de fuerzas. La derecha duopólica aún tiene la iniciativa pero solo porque ello no significó, por ahora, que la recuperaramos la clase trabajadora. Los casos de corrupción desvelan a los dominantes porque no tienen respuestas: una condena judicial al hijo y nuera de Bachelet nos mostrará el abuso. No condenarlos, comprobará la impunidad. Lo mismo pasará con el caso SQM: avanzar en la investigación revelará nuevos implicados mientras que detenerla reivindicaría la impunidad. La solución racional y popular es la Asamblea Constituyente Autoconvocada.

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