Los días martes 12 y jueves 14 de este mes se desarrollarán en Santiago los alegatos por los recursos que presentara HidroAysén ante los tribunales ambientales impugnando la decisión del Comité de Ministros de rechazar su estudio de impacto ambiental. Reclamaciones interpuestas a pesar de todo lo dicho por el CEO de Enel (que controla Endesa España, que controla Enersis, que controla Endesa Chile, que controla HidroAysén), Francesco Starace, en el sentido de que “este proyecto no les gusta a los chilenos y no se puede hacer algo en contra de un país (…) Nunca se puede construir en contra de la población. Si se piensa que sí, se es loco”.
Dicen que el papel aguanta mucho. Y que obras son amores y no las buenas razones, dando cuenta de que se puede decir mucho para la galería pero que si los actos apuntan en otra dirección, eso es lo fundamental. Esto no significa que la palabra no sea relevante, gracias a ella se hacen alianzas, se comienza a soñar, se construye realidad –algo que sabemos los periodistas- sino simplemente que no hay que dejarse embaucar por bonitas reflexiones.Más allá de la discusión sobre “autoflagelantes” y “autocomplacientes” que en algún momento sacudió a la Concertación, está claro que un tema de fondo es el maridaje impúdico entre la acción política y los intereses privados. O intereses de los grupos económicos controladores de Chile, más bien.
A pesar de que Enel se ha mostrado proclive a cambiar su estilo en el desarrollo de determinados proyectos, concordemos en que el gigante italiano no está disponible para dejar que HidroAysén caiga así como así. Y para ello está utilizando no solo toda la artillería legal sino que las amplias redes económicas y políticas a su alcance.
A estas alturas para nadie es un misterio que el actual presidente del holding Enersis y ex presidente de Endesa Chile Jorge Rosenblut más que ejecutivo es un operador político. Funcionario de confianza en La Moneda durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, con vínculos en la agenda legislativa, es reconocido como uno de los principales recaudadores de fondos para las dos campañas de Michelle Bachelet. Incluso hace poco reconoció que en tal rol solicitó a SQM fondos para apoyar la reelección de la actual Presidenta. Y las dos principales empresas del holding –Endesa Chile y Enersis- tiraron a la cancha varios millones de dólares para financiar a determinados candidatos.
Esta situación, que ya hoy dejó de verse como algo aceptable, se agrava al saber que Rosenblut es presidente de una empresa de un sector regulado, que depende de las políticas públicas que impulsan tanto el Congreso como el Ejecutivo. Más aún, Michelle Bachelet no hace mucho lo designó como miembro del directorio de la Fundación Imagen Chile. ¡A Rosenblut, quien como uno de los principales respaldos de HidroAysén pretendía dañar irreversiblemente la percepción que del país se tiene en el extranjero!
En las últimas horas hemos conocido los nombres de los nuevos ministros del Gabinete y ya se han lanzado varias teorías. Desde que Enrique Correa habría logrado instalar a dos de sus aliados en el Comité Político (el PPD Jorge Insunza y el PS Marcelo Díaz) hasta que el giro es un triunfo de la otrora Concertación por sobre la Nueva Mayoría.
Más allá de la discusión sobre “autoflagelantes” y “autocomplacientes” que en algún momento sacudió a la Concertación, está claro que un tema de fondo es el maridaje impúdico entre la acción política y los intereses privados. O intereses de los grupos económicos controladores de Chile, más bien.
Cierto sentido de la ética, de que hay relaciones entre dinero y lo público que no debieran establecerse, fue lo que fuimos perdiendo durante dos décadas de Concertación. Y se fue profundizando la visión de lealtades político partidarias a cierta nomenclatura mas no a principios que se suponía tales colectividades se debían. Lealtades político partidarias cuyo principal enemigo no eran los ideales, aquellos fundacionales, sino la adscripción a un modelo que aboga por la privatización y mercantilización de las decisiones públicas.
Es este el principal desafío de lo que planteó la Comisión Engel. Uno más de fondo, que pasa por un sentido común ético que debemos iniciar a recuperar.
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