Creo que nadie quedó ajeno al debate sentado el día de ayer respecto al proyecto de ley que busca establecer la consagración constitucional de la capacidad de retiro de fondos del sistema de seguridad social en caso de un estado de excepción constitucional. Caras triunfalistas en la oposición como desde hace mucho tiempo no se veían, un gobierno alarmado por la situación y que llegó hasta las últimas consecuencias, y una coalición oficialista fragmentada por las concepciones internas versus la realidad nacional de miles de personas que necesitan un impulso financiero para poder llegar a fin de mes.
Pese a todo eso, hay algo que me sorprendió bastante, y es el lenguaje del gobierno durante este miércoles.La manera para vencer al gobierno y a la clase política, será mediante el ordenamiento y la definición de las peticiones de la sociedad, mediante una visión realista.
Y es que por primera vez en mucho tiempo, el gobierno habló con la verdad de frente.
Reconoció una realidad conocida por mucha gente, que es que la gente que tiene los recursos y la educación suficiente para saber sobre el riesgo financiero, es la única que se va a ver «beneficiada» por esta medida, mientras que la gente que no ha sabido manejarse en el sistema de capitalización individual, que es un gran porcentaje de nuestra ciudadanía, solo va a recibir migajas. Por primera vez hubo un reconocimiento oficial de que este sistema de seguridad social no sirve, pues ha sido creado con objetivos que son imposibles de alcanzar para la población que es incapaz de tener las oportunidades para comprender sus vicisitudes.
Alarmado, decidió ir al choque de manera inmediata, y ofreció cual mago, una carta bajo la manga, en la que proponían una mejoría sustancial de las condiciones ya propuestas en el Acuerdo COVID, como si los recursos del Fisco fuesen para dilapidarse. Y es que ellos saben que las administradoras de fondos de pensiones no tienen la forma de sacar los ahorros, teniendo en cuenta que disponen de ellas en varios mercados internacionales en forma de acciones para acrecentar las sumas, por lo que el adaptarse a esta nueva regla podría menoscabar gravemente el sistema de seguridad social.
Y eso lo saben en la clase política. Porque lo de ayer no fue un intento para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Fue una prueba de fuego para el gobierno. Y al fallar nos han dado la manzana del conocimiento que predije en la columna pasada.
Pues ayer quedó de manifiesto que la manera para vencer al gobierno y a la clase política, será mediante el ordenamiento y la definición de las peticiones de la sociedad, mediante una visión realista.
Y es que la medida del 10% es una medida tan evidente, tan obvia, que cuesta creer que en realidad no existan los mecanismos para poder traspasar ese dinero a la ciudadanía. Pero no los hay, y ese es el asunto que refleja la larga relación entre la política como una esfera de poder y los demás grupos de influencias que se relacionan con esta. No puede ser que una medida tan evidente y a la vez “sencilla” en el aspecto técnico, sea tan imposible de realizar.
El gobierno salió con franqueza, con realidad, con apuro, pues sabía que estaba arrinconado. Pero no se dio cuenta que el objetivo del proyecto no era obtener la aprobación, sino justamente ver la reacción ante una situación de legislar para la ciudadanía con realismo aún cuando operen grandes intereses de por medio. Fallaron.
Lo peor es que es una medida “simple”. ¿Qué pasará cuando los legisladores quieran eliminar el principio de subsidiaridad de la institucionalidad que reemplazará al SENAME, que los legisladores aprobaron en masa dejando el sistema casi igual? ¿Qué ocurrirá cuando busquen derogar el Decreto Supremo 1086 de 1983, que regula las marchas y que irónicamente miembros que participaron en marchas gigantescas no han intentado derogar? ¿Qué podría pasar si reactivan el proyecto de reforma procesal civil, que puede generar graves problemas al retail y a las PYME, y que descansa desde 2014 en el Congreso? ¿Se imaginan deciden hacer pie atrás a su decisión de no consagrar constitucionalmente el agua como bien nacional de uso público?
Quizá ustedes no se han dado cuenta aún de lo que intento decir, así que lo preguntaré abiertamente.
¿Nuestros legisladores pasarían una prueba de fuego de esta clase si se les aplicase, o fallarían como el gobierno lo hizo ayer?
Lo de ayer fue una demostración de que el gobierno es incapaz de transar con objetivos ciudadanos bien establecidos y fundamentados. Pero el gobierno tiene un mismo origen con el Congreso que hoy está fijado en la clase política transversal, por lo que la prueba de fuego no solo expuso las debilidades del Ejecutivo, sino también las de las bancadas del Legislativo.
Si un nuevo estallido social viene, ahora la ciudadanía tiene la clave para poder vencer. Solo hará falta gente que sea capaz de organizar aquello.
Jaque.
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