La privatización del voto

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales (CORES) del pasado domingo 17 de Noviembre, fueron particularmente interesantes por los nuevos factores que se incluyeron en el proceso: los nueve postulantes a la Moneda, la elección directa de los CORES, y sin duda, lo más novedoso fue la puesta en marcha por primera vez del voto voluntario e inscripción automática en una elección de este tipo.

Este último factor provocó que el padrón electoral, es decir, la cantidad de personas habilitadas para sufragar ascendiera a 13.573.088 de personas. De esta cifra habría que eliminar una cierta cantidad de personas mayores de 115 años, y también a aquellos chilenos que se encuentran en el extranjero. De acuerdo a diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) existen alrededor de 400.000 compatriotas que actualmente residen fuera del territorio nacional.

Bajo esta lógica no fueron pocos los analistas que anticipaban una alta concurrencia a las urnas, estimando cifras en torno a los 7.500.000 u 8.000.000 de personas, llegando algunos –como Pepe Auth- a señalar que serían los comicios más concurridos en la historia del país. Sin embargo, ese no fue el caso, ya que según los datos del SERVEL, solamente 6.691.840 chilenos se presentaron a votar, mucho menos de lo que la mayoría de los analistas y cientistas políticos habían calculado.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado se daba por victoriosa a la “abstención”, y se acusaba a las elecciones de carecer de legitimidad directa suficiente como para que fueran representativas. Estas críticas venían principalmente desde las redes sociales como Twitter o Facebook. Por la otra vereda se hallaban los políticos, analistas, cartas al director, periodistas y ciudadanos, que también por las redes sociales, hicieron sentir su reproche por la baja cultura política, y el no cumplimiento de lo que ellos denominan el “deber cívico”.

He ahí entonces lo interesante, pues resulta –por lo menos- curioso que una sociedad que decidió volver del sufragio una cuestión voluntaria, ahora proteste reclamando por el incumplimiento de ese “deber cívico”. Chile (al igual que muchas otras cosas) privatizó el derecho a voto, lo que significa que ese derecho por el que la sociedad civil peleó, ofreciendo hasta su vida, quedó reducido a la mera decisión personal de cada quien. Esto significa que actualmente el voto en Chile no supone un compromiso social, no alude a un sentido de comunidad, de entendernos a todos como ciudadanos que habitan en un territorio en el cual es relevante que nos pronunciemos acerca de los representantes que harán valer nuestra voluntad en sus respectivos cargos. De ahí que el reproche por el incumplimiento de ese “deber cívico” nos sea –la mayoría de las veces- ininteligible, pues es una crítica moral, no jurídica. En efecto, yo diría que la implicancia obvia de la palabra deber es obligación, y en estos momentos ninguna persona tiene la obligación de votar.

Resulta –por lo menos- curioso que una sociedad que decidió volver del sufragio una cuestión personal, ahora proteste reclamando por el incumplimiento de ese “deber cívico”. Chile (al igual que muchas otras cosas) privatizó el derecho a voto

Somos todos partes de una comunidad política, y por lo tanto es menester entender la importancia del derecho a voto, no como una institución privada de cada uno, sino que de su aspecto social. Nosotros, el pueblo de Chile, ejercemos la soberanía, y nos damos representantes que legislen en virtud de nuestra voluntad, la voluntad popular. Sin embargo cada vez que alguien se resta del juego político es una persona más cuya opinión no será escuchada, y también uno más  quien verá que todas las decisiones que se tomen desde arriba se le aparecerán como pura heteronomía, y no como la autonomía que simboliza el Gobierno del Pueblo.

En definitiva, todas aquellas personas que no votaron el pasado domingo pueden caminar tranquilas, ya que el país al privatizar el voto, transforma la abstención en una opción completamente legítima. Sin perjuicio de aquello, eso no significa que los que tengamos la convicción de que el voto debe volver a ser obligatorio podamos pedirlo, pero tenemos que hacer la crítica correctamente, es decir, hacia el Congreso, y no condenar moralmente a aquellos que no lo hicieren, porque después de todo, ¿qué explica la virtud de los moralistas en un mundo lleno de viciosos?

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Santiago Recabarren G.

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