La naturalización de los conflictos de interés: el Estado en peligro

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La imposición de una visión de estas características, que naturaliza los conflictos de interés, constituye un enorme peligro para el Estado. Se trata de una «puerta giratoria» que subjetiviza las decisiones del aparato público y libera a las autoridades para actuar según su personal comprensión del «interés común». Al debilitar las barreras que impiden la captura del Estado, lo que se termina haciendo es permitir que éste se convierta en botín del bando ganador de turno.

Tarde o temprano, la crisis del Servicio de Impuestos Internos tendrá una salida y los funcionarios de carrera, bajo una nueva conducción, reconstruirán la confianza de la ciudadanía y el prestigio justamente ganado ante los contribuyentes por una institución que ha sido vanguardia de los procesos de modernización del Estado. El daño provocado al SII es incalculable y, cada día que el gobierno retrasa la salida del señor Julio Pereira, continuará profundizándose. Pero lo cierto es que la crisis gatillada por el «Perdonazo» a Johnson’s va más allá del SII y sus implicancias alcanzan al conjunto del Estado.

La mayoría de los ciudadanos ha tomado posición en la discusión desde una mirada ética y, sin restarle relevancia a sus aristas tributarias y legales, es una mirada plenamente acertada. Bien vale recordar que el SII se proyectó basado en los principios de equidad, probidad, autonomía y excelencia. Su modernización fue un proceso de profesionalización e incorporación de tecnología pero sobre todo, un proceso de cambio cultural que instauró una visión ética del servicio público y la misión institucional de recaudación tributaria.

Por eso, los trabajadores del SII, a pesar de las presiones y amenazas, han sostenido una posición monolítica, mandatando a sus organizaciones sindicales a asumir una férrea defensa de la institución. Esto explica también la profundidad de la crisis: se ha afectado las bases mismas de la cultura y la visión institucional, quebrantando cada uno sus principios. La cuestión ética no es el «telón de fondo» del debate, sino su centro.

Entonces, aunque sea necesario para determinar las irregularidades e ilegalidades del caso Johnson’s, el intento por reducir la discusión a cuestiones legales o administrativas es insostenible. Por eso, la parsimonia de quienes descartan delitos, ilegalidades o irregularidades, ha sido incapaz de acallar la indignación ciudadana ante la inequidad y el abuso de poder.

Los personeros de gobierno y dirigentes de la derecha han comprendido perfectamente este hecho y se han visto en la obligación de ofertar un «relato» para sustentar sus actuaciones. Durante las últimas semanas, diversos columnistas han compartido la misión de relativizar el concepto de «conflictos de interés»; hasta el Presidente de Chile Transparente ha salido en auxilio de Pereira. Pero es el propio Presidente de la República quien, en una entrevista en el diario La Tercera, asentó la matriz de este discurso que analizaremos en detalle por sus graves consecuencias para el Estado.

El primer componente del relato busca universalizar los conflictos de interés, impedir a cualquiera sentirse libre de ellos. «En la vida, uno tiene que enfrentar muchos conflictos de interés. Uno enfrenta conflictos de interés entre ser Presidente y ser padre de familia: qué hace ¿asiste a un acto oficial o a una reunión escolar de su hijo?» Para ello utiliza un mecanismo sencillo: confronta familia y trabajo, elevando al nivel de conflicto de interés un tope de agenda. Esto es una falacia, los conflictos de interés afectan a los agentes públicos, particularmente en la toma de decisiones, cuando sus relaciones familiares, personales, laborales o patrimoniales, les restan imparcialidad. Es por ello que, como todos tenemos familia, amigos y relaciones laborales, los conflictos de interés se amplían en quienes tienen mayor patrimonio. Es más, se agravan en proporción directa a su patrimonio.

El segundo consiste en instaurar una simple receta para evitar sus daños. «Lo importante es resolver bien los conflictos de interés y la regla de oro es una sola: siempre, cuando uno tiene que resolver, debe privilegiar el bien público por sobre el bien privado y el interés común por sobre el particular.» Nuevamente yerra el Presidente. Nuestra legislación es muy precisa al respecto: ante conflictos de interés los funcionarios públicos deben abstenerse o inhabilitarse, delegando toda actuación. Nuestro derecho público impide, por este medio, que los conflictos de interés intervengan en las decisiones del Estado, pero además protege la fe pública, ya que la «regla de oro» del Presidente opera en la subjetividad de cada individuo y el Estado debe proceder de forma irreprochable en el ámbito objetivo, visible para todo ciudadano.

El tercero complementa el anterior con un mecanismo de control. «¿Y cuál es la mejor forma de garantizar que los que tienen que tomar esas decisiones ni siquiera caigan en la tentación de equivocarse, o no se equivoquen? Transparencia, (…) porque ese es el mejor antídoto contra los conflictos de interés mal resueltos o los actos de corrupción.» Sin duda la transparencia en el Estado es un componente fundamental de la lucha contra la corrupción y del control ciudadano. Pero resulta extraño que el Presidente lo plantee frente al «perdonazo» a Johnson’s, en que se ha abusado del secreto tributario y denegado información permanentemente.

La imposición de una visión de estas características, que naturaliza los conflictos de interés, constituye un enorme peligro para el Estado. Se trata de una «puerta giratoria» que subjetiviza las decisiones del aparato público y libera a las autoridades para actuar según su personal comprensión del «interés común». Al debilitar las barreras que impiden la captura del Estado, lo que se termina haciendo es permitir que éste se convierta en botín del bando ganador de turno, justificando el actuar como una situación sobre la cual no se tuviera control.

En definitiva, es abrir vía libre a la corrupción.

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