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La memoria propositiva de los movimientos sociohistóricos en Chile

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Una nueva Constitución Política de la República para Chile ha de ser el eje articulador de estos esfuerzos, para que la modernidad tardía no signifique precariedad y desamparo, sino que exista un cobijo del ciudadano y una sociedad más justa, igualitaria, libre, fraterna y solidaria.

Una generación sin temor, ha sido testigo de lo que el historiador social, don Gabriel Salazar Vergara, ha nombrado como “un estallido de la memoria”. Esta idea ha sido enunciada recientemente, durante el lanzamiento del libro ‘Exhumación del olvido: cronología de la dictadura 1973 – 1989’, del autor Bruno Serrano, en el Museo de la Memoria. Ya va más de un mes, desde que hemos rememorado, el desarrollo de la revolución democrática allendista y la gravísima disrupción militar del Estado de derecho, de la democracia y la república. Ante la memoria se plantea la necesaria problematización social o la pregunta sobre la acción.

En un plano prioritario, se ha de develar y constatar toda la verdad, toda la justicia y toda la reparación, de las evidentes violaciones a los derechos humanos, a mujeres y hombres, desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, exonerados, exiliados y retornados, son parte del espíritu del pueblo chileno y están presentes en él. Sabemos hoy, luego de años de silencio y represión, que la ‘obra’ de la dictadura, logró enriquecer a unos pocos y pauperizar a la mayoría de los habitantes de nuestro país, utilizando como recursos principales, la avaricia, la usura, el terror y la muerte. Es de este modo, que se puede ahondar en el conocimiento de los radicales cambios que operaron en el sistema de vida de los chilenos durante la dictadura, como la cultura del toque de queda, que está principalmente marcada por el miedo. Además, es preciso advertir los profundos daños al Estado de bienestar o estado de compromiso, lo que nos ha dejado la seguridad social de los ciudadanos en manos de un estado subsidiario, de la oferta privada, perdiendo el estatus que, en el siglo XX, tuvieron la escuela, la salud y las pensiones, como sistema público, además de echar por tierra, las conquistas sociales relativas a la sindicalización, las demandas salariales y la protección de los trabajadores. Entre los años 70 y 80, se va dibujando un mundo de la vida, basado en los modelos de la sociedad de consumo y el endeudamiento, además de una economía neoliberal, en que el mercado dice resolver las necesidades humanas y el Estado crea condiciones para la libre competencia.

Lo recién expresado adquiere carácter de ley, no obstante, tiene vacíos de legitimidad. Varios cuerpos legales, precarizan la situación personal de las chilenas y los chilenos. En la cúspide de este proceso forzoso, se encuentra la Constitución Política de la República de 1980. Cuatro generales, entre cuatro paredes, legislando para todo un país, mientras un autonombrado Presidente de la República, deroga la justicia y el derecho, para promulgar la barbarie desde el Estado y la criminalidad de lesa humanidad. Sin elecciones populares y con el país en vilo, no es legítima una parte importante de la institucionalidad, que tenemos por legal desde el comienzo de los años 90. Ante estas circunstancias, como movimientos sociohistóricos, la acción consiste también, en la capacidad de poder transitar, “de la protesta a la propuesta”, ha dicho el profesor Salazar.

Los actores sociales populares, tales como campesinos pobres y obreros industriales, adquieren significados nuevos, en la sociedad chilena posterior a la Guerra Fría. Los estados nacionales pierden la categoría de absoluto, en favor de un entramado de redes sociales, que se advierten desde los planos locales a los globales. Al caer el Muro de Berlín, accedemos a la evidencia, de que la industria ha abierto paso al sector financiero, siendo el actual, un tiempo de hiperrealidad: de velocidad en los medios de comunicación y transportes. En este escenario, los pobres del campo y la ciudad, se ven asociados a las problemáticas del mundo indígena, los ecologismos, los movimientos femeninos, de identidad sexual, las situaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de personas de edad mayor, discapacitados, migrantes, las condiciones de los usuarios de salud, educación y previsión social, además de, la precarización y desprotección del empleo. Por estas razones, si anteriormente la construcción social de justicia, hacía alusión al ‘poder popular’, podemos hablar hoy, de sujetos sociales, en procesos de ‘empoderamiento’, hacia la transformación en sujetos de derecho. En nuestra tarea cotidiana, de acceder a una agenda de gobierno, desde la agenda pública nos vamos enterando que Chile es un país con belleza, en toda su diversidad y complejidad. Las políticas públicas, entonces, han de permitir el bienestar, en un sentido de vida integrado. El valor de la persona humana, que reside en la constante influencia de las subjetividades en la construcción de estas políticas, se ejerce desde los derechos humanos, en su vigencia actual. Las cuestiones de la seguridad social, son de la mayor radicalidad para profundizar «la democratización de la democracia», siendo necesario fundar el ‘Sistema de Protección Social’, que las chilenas y chilenos, de nuestra sociedad, merecemos.

Una nueva Constitución Política de la República para Chile ha de ser el eje articulador de estos esfuerzos, para que la modernidad tardía no signifique precariedad y desamparo, sino que exista un cobijo del ciudadano y una sociedad más justa, igualitaria, libre, fraterna y solidaria. Una Asamblea Nacional Constituyente, ha de ser un medio, un instrumento para la construcción del Chile que soñamos. Los desafíos van más allá aún y constan de la posibilidad de acceder al bienestar, que está en nuestras manos provocar y producir. Por su parte, una verdadera Reforma Tributaria, habrá de ser orientada al alivio de la carga impositiva en el salario o en el consumo de los trabajadores y a aumentar la recaudación de impuestos a las grandes empresas. La administración de los nuevos recursos ha de efectuarse con transparencia y una gestión moderna, que permitan mantener los equilibrios macroeconómicos, además de moderar los efectos de los actuales indicios de desaceleración económica, en nuestro país y en el planeta, aprovechando los buenos momentos de crecimiento, que hemos vivido y los que han de venir, conforme a la observación constante de los ciclos económicos.

Una identidad chilena ‘siendo’, como dice Gabriel Salazar, en la actualidad, se puede ‘observar’, al menos por instantes, como posicionándonos en un puente, por donde transcurre el curso de los cambios históricos, propicios a los menos favorecidos de la sociedad. Cambios capaces de generar un compromiso de clases, que tienda a una nueva institucionalidad y legalidad, con valor de ‘legitimidad social y democrática’, basado en la libertad de los pueblos de decidir su rumbo, en paz, justicia y democracia, con ciudadanos de una sola categoría: activos. Estos desafíos, habrán de ser los que la doctora Michelle Bachelet Jeria y su parlamento, quisieran tomar para sí, transitando por las ‘grandes alamedas’, con las mujeres y hombres de todas las edades y de cualquier condición de nuestro país, en la cotidiana tarea de luchar y crear, ‘Chile y su futuro’. Estos caminos, podrían ser los que el Presidente Salvador Allende Gossens, quisiera vivir, sin temores y con gallardía, junto al pueblo chileno, estando entre nosotros en estos días.

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