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La ley del garrote

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Los movimientos sociales en Chile nunca han sido bien vistos por el Estado. Desde sus orígenes, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fueron percibidos como un mal que había que combatir: se decretaba el estado de sitio en aquellos lugares en donde se desarrollaban y fueron eficientemente perseguidos desde los gobiernos que en muchas oportunidades entregaban una solución militar a los conflictos,  terminando así con la vida de miles de obreros, especialmente en el norte grande, en la industria del salitre. Emblemáticos, entre otros, fueron los casos de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, en el año 1907, bajo la presidencia de Pedro Montt, y la matanza de San Gregorio en el año 1921, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma.

El proyecto de Ley presentado por el gobierno para penalizar las tomas de establecimientos, el saqueo al comercio, así como otras conductas específicas de los manifestantes con ocasión de las movilizaciones, muy probablemente no culminará con semejante tipo de represión, pero resulta claro que subyacen los mismos temores, la misma desconfianza, los mismos fundamentos ideológicos de comienzos del siglo XX. Se trata de la misma línea argumentativa que emplearon esos gobernantes para justificar las medidas adoptadas contra los primeros movimientos obreros y que debían servir de ejemplo para que los manifestantes comprendieran que no tenían derecho a alterar el orden público ni entorpecer las faenas de las oficinas salitreras con sus injustificadas y caprichosas demandas. Demandas que, dicho sea de paso, lograron la dictación de las primeras leyes sociales en chile.

En el caso que nos ocupa, si bien el citado proyecto de Ley no contemplaría la prohibición de movilizaciones, está orientado a debilitar los movimientos ciudadanos emergentes a través de la penalización de aquellas formas de protesta que les dan notoriedad pública.

Aunque nunca puede ser considerada como una fórmula deseable, la toma de establecimientos educacionales constituye una medida de presión y una forma de protesta orientada a llamar la atención de la autoridad y la ciudadanía acerca de demandas que, planteadas de otra forma no lograrían posicionarse dentro de agenda pública del gobierno, ni alcanzarían la relevancia y legitimidad social necesaria para ser tomada con la seriedad que corresponde. Esto ha quedado demostrado durante el desarrollo de este proceso, por lo que, aun cuando la Ley no prohíba la realización de movilizaciones, la penalización de una de sus principales herramientas, así como la criminalización de sus actores, tiene como claro objetivo debilitar cualquier movimiento social que pudiere cuestionar las actuales estructuras de poder.

En cuanto a la penalización del “saqueo”, no existe debate respecto de que esos hechos queden impunes, pues nadie puede negar el carácter delictual de tales acciones. No obstante, se ha señalado la intención de convertirlo en un nuevo delito con penas severas. Si bien no existe el delito de saqueo (así como tampoco existe por ejemplo el delito de asalto a mano armada), estas conductas sí se encuentran sancionadas con las penas del robo y el hurto, arriesgando los autores de “saqueo” actualmente, penas que alcanzan los cinco años de cárcel, por lo que la creación de este nuevo delito, con penas más severas que las que se les aplica en la actualidad nos llevaría al absurdo de que se le asigne una sanción igual a la establecida para delitos tan graves como el homicidio, equiparando el valor de la vida con el derecho de propiedad.

La iniciativa legislativa del gobierno refleja no sólo su desconfianza, su tendencia al autoritarismo y temor hacia los movimientos y las demandas ciudadanas, sino también un desconocimiento de la profundidad y complejidad de este movimiento social. Esto es más grave cuando los sujetos a quienes se criminaliza son menores de edad, demostrando nuestras autoridades que no sólo no entienden, sino que además, envian de paso una pésima señal a sus interlocutores en la mesa de diálogo que se inicia.

Es de esperar que este grave asunto genere debate en el país y los legisladores sean capaces de hacer valer el sentido común para que este pintoresco proyecto no llegue a convertirse en ley y pase a la historia como ejemplo de una manera poco inteligente de hacer populismo.

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