En Chile el poder económico es sinónimo de ostentar el poder político.
La clase política en Chile pertenece a la elite, es decir a un grupo social privilegiado por el que pasan la mayoría de las decisiones políticas y económicas del país. Una de ellas, el valor del precio en el transporte público.
Todo estalló el domingo 13 de octubre con la noticia: “Nueva alza en el metro, pasaje en hora punta llegara a los $830”. El alza de $30 en el valor del pasaje, en cualquier otro contexto podría haber parecido de lo mas banal. Sin embargo, debido a los últimos escándalos ocurridos en instituciones publicas, resulta que esta alza sea considerada por el ciudadano medio como un abuso.
Los $830 del alza, significan para una familia que vive con el sueldo mínimo, $50.000 menos destinados exclusivamente para desplazarse de su casa a su lugar de trabajo y viceversa. En términos de porcentajes, viene representando un 20% del total percibido por una familia. Dicha situación es un abuso mírese desde cualquier punto.Las evasiones responden a un pudrimiento en la base de las instituciones y autoridades políticas. Tal hecho es sumamente peligroso pues se propaga de una en otra, provocando una cadena interminable de corrupción. O de acuerdo con Mario Vargas Llosa, tal como lo declara en uno de sus tantos libros celebres, provoca una jodida de la jodida
Sin duda, la sociedad política se encuentra muy alejada de las realidades sociales de las que dice representar. Desde esa perspectiva, no deja de extrañar los dichos de un ministro del gobierno de turno: “la mayoría de los chilenos somos propietarios. La casita, dos departamentos…. una casa en la playa.” Esta situación conlleva a que la clase política, gobierne privilegiando sus propios intereses y no los intereses de la mayoría del pueblo.
En ese sentido, la clase política no entiende la repercusión del alza. A ellos no los afecta. Los grupos sociales bajos y medios de la capital, que constituyen el 80% de la población capitalina, día a día protagonizan una verdadera guerra por un puesto en el metro a fin de cumplir con la hora de llegada en su trabajo o recinto educacional, siendo víctimas de gritos, insultos, empujones y hasta golpes. Esa rutina, claro está, no lo sabe la clase política porque nunca la ha vivido. Dicha realidad no le pertenece, le resulta ajena.
La expresión de las masivas evasiones son un reflejo del malestar que siente el pueblo al ver la desigualdad entre las clases. Evasiones millonarias de políticos que después resultan impunes, colusiones durante décadas en artículos de primera necesidad por parte de empresas multinacionales con utilidades millonarias, desfalcos en instituciones públicas, la misma muerte de Camilo Catrillanca por efectivos de carabineros, o el caso de los jueces corruptos en Rancagua, quienes recibían aportes del narcotráfico para reducir condenas a los delincuentes.
En fin, en vista a estos casos ¿la ley a quien protege? ¿a todos chilenos o solo a la elite? ¿realmente lo igualdad ante la ley, funciona como tal?
Así, las evasiones responden a un pudrimiento en la base de las instituciones y autoridades políticas. Tal hecho es sumamente peligroso pues se propaga de una en otra, provocando una cadena interminable de corrupción. O de acuerdo con Mario Vargas Llosa, tal como lo declara en uno de sus tantos libros celebres, provoca una jodida de la jodida. Ante los hechos del 18 de octubre, el pueblo se pregunta, ¿si las autoridades realizan un actuar incorrecto resultando impune, porque nosotros no podemos hacer lo mismo?.
Las evasiones en el metro responden a un reclamo legitimo liderado por los estudiantes del país, quienes han asumido las banderas del movimiento, siendo la voz de los pasivos ciudadanos poseedores de un descontento no expresado, o también llamado conformismo. De hecho, no es de extrañar que a un joven periodista de la TV lo deslumbran los hallazgos que encuentra en la mayoría de las consultas a ciudadanos, señalando que apoya la evasión en el metro, puesto que pagar $830 por un pasaje es un abuso.
Durante días anteriores las manifestaciones tan solo consistían en el salto por parte de los estudiantes del torniquete de control de pago sumado a canticos y gritos. Sin embargo, la presencia policial en las estaciones, sumado al uso de la fuerza de forma arbitraria provoco un ambiente de tensión. En suma, el gobierno se encargo de transformar la manifestación en un campo de batalla. Situación que, sin lugar a duda, al gobierno del presidente Sebastián Piñera se le escapo de las manos.
El uso de la fuerza policial fue abusivo, llegando a herir incluso a una mujer por un impacto de bala en Estación Central. Hechos así, solo expresan lo desclasados de los carabineros del país. Personas comunes que al tener un poco de poder en sus manos se desbordan y lo ejercen de forma abusiva. No importándoles nada. Arrojando bombas lacrimógenas en presencia de niños, personas mayores y embarazadas.
Ante estos hechos, la clase política vale por su ausencia. Esta desaparecida. Sus intereses están en aprietos. La única aparición, es la del ministro del interior Andrés Chadwick Piñera (por cierto, primo del presidente), quien señalo que se invocara la ley de seguridad del estado para las situaciones puntuales de disturbios en las estaciones de metro. El gobierno no entiende nada. El gobierno está intentando apagar el fuego con bencina. Además, este mismo personaje cataloga los hechos ocurridos hoy como actos de “violencia y vandalismo”. Claramente un individuo totalmente ajeno a la realidad del ciudadano medio cataloga toda acción social como vandalista y “contraria a los principios democráticos.”
Es indudable que cualquier hecho de vandalismo es repudiable. Sin embargo hechos como los de hoy, responden a una suma de rabias, molestias y descontentos sociales acumulados durante el tiempo que están dirigidas a la inoperante clase política.
El pueblo ya se hartó, exige respuestas a su realidad, las exige pronto y el gobierno debe dárselas.
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