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La fuerza de lo implícito

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El Gobierno se encuentra en pleno proceso de elaborar las bases para una nueva constitución. Convengamos que se trata este de un camino sumamente dificíl de recorrer pues involucra el cambio de fundamentos y anatemas básicos para el desarrollo del sistema actual de convivencia nacional, los que encuentran férrea defensa en aquellos sectores más conservadores o económicamente liberales como la derecha y parte de la Nueva Mayoría (sectores poderosos tanto en lo político como en lo económico).


La posibilidad de que la construcción de una nueva Constitución refleje el pensamiento ciudadano radica en la voluntad y capacidad ciudadana para «obligar» a quienes detentan el poder político a llevar a cabo un proceso que no solo se centre en lo legal, sino también en lo legítimo.

La necesidad de una nueva Constitución ha ido siendo establecida a través de una serie de actividades y manifestaciones en la cual han concursado un importante número de organizaciones sociales y ciudadanas, siendo una de las más visibles la de los estudiantes desde el 2011, e incluso la de los «pingüinos» durante la primera administración de Bachelet.

El proceso de marchas y de poner en el tapete la mercantilización de la educación en Chile, ha demostrado que existe la posibilidad de que mediante la denuncia y el descontento, es posible modificar el balance de poder dentro de la sociedad, siendo uno de los mecanismos principales (y de base) para este objetivo la reformulación del documento base que rige las relaciones políticas e institucionales de Chile como Estado.

Esta condición se ha hecho partícipe de la vida política en Chile durante el último lustro, propiciando cambios algunos bastante importantes y nos lleva al segundo punto: La dirigencia política actual se ha visto imposibilitada de escapar del juicio público y de su constante cuestionamiento a su manera de ejercer el poder. Huelga aclarar que el descrédito no se ha producido de la nada, sino que atiende un sinnúmero de malas prácticas y delitos asociados a sus excesiva dependencia del dinero o de una relación impropia con el poder económico del país, por lo tanto se van generando las condiciones desde lo social a lo político que apuntan a cambios cada vez más profundos y menos cosméticos.

El marco entonces se presenta propicio para progresar en uno de los puntos más importantes del programa de gobierno de  la Presidenta Bachelet: avanzar  en la confección de una nueva Constitución. El proceso se inició con el suministro de información a la ciudadanía respecto de lo que se quiere construir y cuáles son los pasos que el ejecutivo ha definido al respecto.

El pasado 13 de abril comenzó el periodo de inscripción de encuentros locales que serán los encargados de abrir los fuegos de manera formal en cuanto a debate se refiere. Dichos encuentros tienen como objetivo que los grupos interesados puedan exponer, suministrar ideas y proposiciones para la siguiente etapa que comprende la realización de cabildos provinciales y luego los regionales de los cuáles finalmente se evacuará un documento titulado «Bases de la Ciudadanía para una Nueva Constitución» que será, según el Gobierno, un insumo clave a la hora de diseñar un escrito que tenga la naturaleza de ser democrático y participativo y, por lo tanto, que sea legítimo de cara a la ciudadanía.

Es en este contexto en donde surgen entonces las dudas y las desconfianzas sobre cómo desembocará este proceso propuesto por el ejecutivo. El cuestionamiento surge principalmente por la falta de una acción vinculante dentro de esta metodología, los grupos sociales, actores políticos, ciudadanos y otros grupos de interés, desean ver incorporadas sus propuestas y sus visiones en el documento final pero desconfían de que en un último paso, éstas sean ignoradas si lo que se acuerda es que el congreso o una comisión de la cámara y el Senado, confeccione el documento final.

En atención a que no se ha visto dentro el «establishment» político de nuestro país, un interés importante en organizar una asamblea constituyente y se ve poco probable que se decida por esta opción, surge la necesidad de encontrar caminos que aseguren a quienes participen de este proceso, que su voz será escuchada y que sus propuestas serán consideradas.

La fuerza de lo implicito esta dada entonces por la presión que quienes participen en los encuentros locales (y regionales) sean capaces de hacer. Si un porcentaje importante de personas con una propuesta similar (asamblea constituyente por ejemplo) logra plasmar sus ideas en el documento final, será de suyo más dificíl para el mundo político ignorar estas o reemplazarlas con otras ideas salidas desde su «cocina».

Entendiendo por lo tanto que este es un proceso ya lanzado, la posibilidad de que la construcción de una nueva constitución refleje el pensamiento ciudadano radica entonces en la voluntad y capacidad que tengan estos de participar para «obligar» a  quienes detentan el poder político a llevar a cabo un proceso que no solo se centre en lo legal, sino también en lo legítimo

TAGS: #NuevaConstitución #ParticipaciónCiudadana #ProcesoConstituyente

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