La falacia de una mayor competencia electoral

Es evidente que son positivas para el país varias de las regulaciones que se establecen en los textos legales, que ordenan el financiamiento a la política; las campañas y el funcionamiento de los partidos. En su conjunto el sistema de partidos requiere de una precisión y límites que terminen con los abusos y posiciones dominantes.

Sin embargo, es bajo estos principios que durante el trámite legislativo se ha escondido un peligroso afán de limitar nuevamente la emergencia y competencia de nuevos actores en el sistema político, como si tuviéramos un binominal 2.0.

En efecto, se aumentan nuevamente las barreras para la creación de nuevos partidos y para la continuidad legal de estos. Ahora, de no obtener un 5% de votación de diputados en a lo menos 3 regiones contiguas o de lo contrario elegir 4 diputados en dos regiones distintas, la colectividad pierde automáticamente su vigencia como partido político, incluso sin la posibilidad de fusionarse con otra tienda. Cuatro diputados para un partido de 3 regiones, al ojo humano parece excesivo.

Lo aún más injusto, por decir lo menos, es la concentración de recursos fiscales que ostentarán los partidos que tienen representación parlamentaria gracias al binominal. Del presupuesto total (6.000 millones de pesos), el 80% se distribuye entre los partidos que tienen representación parlamentaria, en virtud del sistema binominal, según el número de escaños obtenidos. Solo el 20% del presupuesto total es de carácter basal y se prorratea entre todos los partidos, según el número de regiones en las cuales se encuentran inscritos.

En consecuencia, el discurso de más competencia será solo entre incumbentes, pues los partidos nuevos no tendrán acceso al 80% del financiamiento público. Es decir un partido nuevo- de tres regiones- puede pasar casi 4 años recibiendo solo alrededor de 1 millón de pesos mensuales.

En consecuencia, el discurso de más competencia será solo entre incumbentes, pues los partidos nuevos no tendrán acceso al 80% del financiamiento público. Es decir un partido nuevo- de tres regiones- puede pasar casi 4 años recibiendo solo alrededor de 1 millón de pesos mensuales. A dividir entre 15 regiones, solo por no tener una elección a su haber y, más aún, con el fantasma de la disolución. Claramente es una situación muy difícil de soslayar y ciertamente genera una desigualdad y pésimas reglas de competencia electoral.

Una legislación con real voluntad de cambios se hubiese hecho cargo de esta transitoriedad que tendrán que vivir todas aquellas expresiones políticas que deseen insertarse en la vida institucional, menos ellos, que se autoasignaron ese 80% del financiamiento público. ¿Que criterio primó? Usted concluya.