El Gobierno de Piñera abre una nueva fase política. Nos encontramos en la mitad de su gestión y en una coyuntura que no sólo clama por reformas políticas y económicas de magnitud, sino también se ha instalado cierto consenso en el mundo social y político sobre la necesidad de impulsar un conjunto de reformas. Ha llegado la “era de las reformas”.
Se ha instalado en el centro del debate político la urgencia de impulsar reformas que tengan como objetivo ajustar la relación permanente entre desarrollo y política, y aumentar los niveles de legitimidad de la clase dirigente. Se trata de ajustar o encauzar la institucionalidad a la nueva realidad socio-política de Chile. El “movimiento de ajuste” busca equilibrar lo social y ciudadano con lo político y lo económico. La clase política sabe que hay que parar de alguna manera el “potencial reventón social” que durante el 2011 mostró su “rostro de malestar”.
La manifestación de estos hechos se ha sucedido durante todo el 2011. No sólo se trata de la emergente movilización social-ciudadana expresada en los estudiantes, en el movimiento ambientalista, en las luchas urbanas de Magallanes, Calama o Rancagua, en la acción espontánea de los consumidores del transporte público –transantiago y colectiveros-, en la igualdad de género, en los ciclistas y en el alza de las huelgas laborales, etcétera, sino también en la baja en las encuestas del gobierno, del Presidente y de la clase política.
Todo, finalmente, configura un escenario de crisis que se expresa en una crisis de participación, representación y legitimidad. Frente a estos hechos, la clase política se pregunta ¿qué hacer para revertir nuestra credibilidad y reproducir nuestro poder socio-institucional? Las respuestas han comenzado a movilizar a los actores. La solución ya la encontraron: reformas políticas y económicas.
En el plano económico se han instalados algunos temas que se vinculan directamente con dos situaciones; generar una mejor y más justa distribución de los ingresos y terminar con el abuso del capital sobre los consumidores. El primer punto se relaciona con la reforma tributaria y la agenda social (que todo gobierno tiene e impulsa); y el segundo, con normas y leyes que se dirigen a equilibrar la relación desigual que ha existido a lo largo de muchos años no sólo entre capital y consumidores, sino también entre capital y trabajo.
La Reforma tributaria ya tuvo su debut en las pasadas presidenciales. En marzo del 2011 vuelve a instalarse en el seno del debate con el “Chile 2030” de Lagos. Desde entonces se ha intensificado en la medida en que el movimiento social manifiesta su malestar y las desigualdades van haciendo cada vez más des-estabilizadoras. Arturo Martínez en el discurso del uno de mayo volvió a insistir en la necesidad de la reforma y cambios en materia laboral. Sin embargo, en su cuenta anual el 21 de mayo, el Presidente no mencionó esta posibilidad. Luego, siguieron los partidos –sobre todo, los de oposición-, los centros de estudios y en el último tiempo han surgido las voces de los empresarios. Sin duda, un consenso social implícito que el gobierno ha empezado a recoger y articular. ¿Habrá reforma tributaria durante este gobierno?
En relación con el equilibrio entre el capital y los consumidores han comenzado a circular algunas iniciativas que se orientan a terminar con los abusos. Durante este gobierno han emergido un cúmulo de hechos que dan cuenta de cómo el capital junto a la generación de altas utilidades han operado con una lógica que genera una relación muy desigual entre el capital y los consumidores que se ha expresado en a) situaciones de colusión real (farmacias y pollos) y potencial (supermercados), b) caso La Polar, c) Ventas atadas por parte de los bancos, d) multi rut y e) altas tasa de interés y cobros que nadie entiende. ¿Hay más?
Como una forma de ponerle freno a estas situaciones se está impulsando una agenda que considera el Sernac financiero, la iniciativa de un Sernac del retail, penas de cárcel para los carteles y sus responsables y otras políticas anti monopolios y anti colusión. Ya se verá cómo se avanza en estos aspectos.
En el plano político las reformas han sido un tema recurrente desde que se abre la transición a principios de los noventa. Han estado en el debate de forma manifiesta o latente dependiendo de las coyunturas. Hoy emergen con gran fuerza. El objetivo de estas reformas apunta a solucionar la crisis de participación, legitimidad y representación que caracterizan a la política chilena de hoy.
En esa dirección, las reformas políticas que circulan y debaten pueden agruparse en dos tipos; las de bajo impacto político (blandas) y las de alto impacto político (duras). Mientras las primeras son las propuestas del programa político del gobierno; las segundas, son las propuestas de las actuales oposiciones.
La Nueva Forma de Gobernar ha hecho el diagnóstico de que nuestra “democracia está enferma y necesita ser perfeccionada”. En esa dirección en su programa de gobierno y en los dos discursos del 21 de mayo se han planteado las soluciones. Entre las propuestas podemos identificar la inscripción automática, el voto voluntario y el voto de los chilenos en el exterior, el cambio en las fechas de elecciones de diciembre a noviembre, la elección democrática de los Consejeros Regionales, la ley de primarias, la iniciativa de ley, los plebiscitos comunales, la modernización del Estado y la declaración de patrimonio e intereses. No olvidemos, sin embargo, que muchas de ellas ya eran parte del debate político-legislativo y estaban en el parlamento. Se ha sumado a ellas, en los últimos días, la ley de cuotas, que hará que las mujeres tengan una cantidad asegurada de asientos en el parlamento.
Sin duda, son todas reformas menores y de bajo impacto. Incluso, la inscripción automática y la ley de primarias que sólo tendrán efecto en el marco de reformas duras.
Sin embargo, los hechos de este año (movilización social y bajos niveles de legitimidad) han instalado en el escenario “reformas políticas de alto impacto” que han comenzado a dominar el debate. Entre ellas, encontramos a) cambios al binominal, b) reforma constitucional de raíz constituyente que ponga fin, entre otros, al rol “subsidiario del Estado” y elimine los quórum calificados y c) plebiscitos nacionales y vinculantes. Si bien, no se ha planteado como parte del debate, la elección democrática de los Intendentes es una reforma de alto impacto que sí contribuiría a la profundización democrática. Incluso, en este nivel podemos ubicar una reforma que apunte a limitar el número de re-elecciones en las que cada parlamentario puede participar.
La nueva fase política abre la “era de las reformas”. El problema político para los próximos años no sólo es que el movimiento de la institucionalidad es más lento que el tranco de las demandas y movimientos sociales, sino también que vienen dos años electorales. Sólo espero que no aparezca el conocido gatopardismo ni que el eufemismo, la técnica y el cálculo terminen por imponer sus términos.
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Foto: Kena Lorenzini
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