La democracia de tránsito

Los tiempos son convulsos; una cirugía total en el comité político ministerial del gobierno sacudió, al menos comunicacionalmente, una semana, a mi parecer, extremadamente relevante para el análisis de la construcción de la nueva democracia chilena.

El jueves 23 de julio se terminaban los trámites constitucionales, propios del Congreso Nacional, para despachar, en este caso, una Reforma Constitucional sobre el retiro excepcional del 10% del total cada fondo de los afiliados al sistema de ahorro forzoso de las AFP. Lo fundamental ocurre antes.

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Y por ello, la agitada semana de julio y todas las configuraciones que caracterizan esta República de tránsito, nos obligan a repensar una cuestión elemental: la democracia y la ciudadanía

En primer lugar, es relevante destacar la dificultad que significó para la ciudadanía la comprensión del ‘’proceso legislativo’’, y es que no es solamente significa una cuestión substantiva; no se trataba de comprender o no el fondo del debate fundamental del proyecto, sino que una cuestión adjetiva. Hay una sensación generalizada de incomprensión de los trámites constitucionales del proceso legislativo, y no se trata de una genuina ignorancia por rechazo a lo que se ha denominado ‘’el mundo político’’, sino más bien se trata de la responsabilidad de un mecanismo institucional que impide la voluntad participativa de las y los ciudadanos, el cual tiene su origen en la teoría jurídica inspiró nuestra Constitución de 1980. Y es aquí, en segundo lugar, donde la realidad desborda las edificaciones jurídicas, pues el 14 julio las urbes, de la larga franja de tierra, vieron aparecer barricadas y ollas ¿se trata de una simple manifestación para presionar la aprobación de un proyecto de reforma constitucional útil para palear los efectos de la crisis económica y sanitaria? Bajo mi punto de vista, se trata más bien de un desborde de voluntad política inorgánica, mayoritaria y no representada en espacios institucionales, pero no por aquello ajena a esos procesos.

El viernes 24 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco, tras la presentación de dos recursos por el Ministerio Público, resuelve la prisión preventiva de Martín Pradenas como medida cautelar en el transcurso de la investigación de los delitos que se le imputa. Lo fundamental ocurre antes.

El 22 de julio, después de que el tribunal de primera instancia – Juzgado de Garantía de Temuco – decidiera, como medida cautelar, el arresto domiciliario de Martín Pradenas, se repetía el ambiente de ollas y barricadas, pero cuidado, ahora se trata de una medida cautelar. Esto último nos da otras dos señales, que bien pueden complementarse con lo referido entorno a la reforma constitucional del retiro del 10% del fondo de cada afiliado a una AFP, y tiene que ver, por una parte, con la fuerza y capacidad de respuesta del movimiento feminista y del movimiento contra la violencia a las mujeres, y, por otra parte, con la atención ciudadana hacia los procesos institucionales en general, pues, como es notorio, no se trató de la voluntad de un poder del Estado en cuya aplicación de funciones puede afectar la generalidad de las vidas (como es el caso de una ley, un decreto, etc.).

Es paradójico, en términos de la construcción de un Estado Constitucional de Derecho, que ante una crisis de representación, los representados no solamente ejerzan presión, sino que también, participen en la discusión en sus hogares, familias y trabajos tras una cuidada atención de los trámites y de la discusión parlamentaria. Por lo cual, es preciso distinguir y no confundir representación con interés político, la primera está en crisis pero la segunda no.

Lo anterior no es casual dentro de una República de tránsito, un futuro desafío constituyente lo plantea en su genuina existencia, pues una Nueva Constitución no solamente significa solución a los problemas del presente – según los intereses que la concreticen – sino que también significa la interposición de desafíos políticos futuros.

Y por ello, la agitada semana de julio y todas las configuraciones que caracterizan esta República de tránsito, nos obligan a repensar una cuestión elemental: la democracia y la ciudadanía. Y he ahí el desafío que nos plantea la ciudadanía para la democracia del futuro; superar, en palabras del sociólogo Tomás Moulian, la ciudadanía crediticia para avanzar hacia una ciudadanía política, y prontamente aquello, avanzar desde una ciudadanía política formal, que sólo reconoce derechos y obligaciones en el papel, a una ciudadanía política material, que signifique reconocimiento y mecanismos de participación efectivos, cuestión que no solamente depende de dispositivos constitucionales de forma, como la Iniciativa Popular de Ley presente en las Constituciones de España, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela, etc., sino también depende los dispositivos constitucionales de fondo, y es desde allí la importancia de las consideraciones de las relaciones sociales asimétricas para construir una nueva democracia.