El brutal asesinato de Daniel Zamudio abrió un tema al debate público de vital importancia para la calidad de nuestra democracia: la existencia de una ley (de por sí insuficiente, ya que si bien la ley prescribe comportamiento, no asegura su efectividad en la vida real) que condene todo tipo de discriminación. La posición dividida que posee la derecha chilena contemporánea frente a este tipo de temas demuestra una constante desde la llegada de la “transición” a la “democracia” en este grupo político: una falsa unidad programático-ideológica con miras de un éxito electoral.
La derecha chilena contemporánea es una coalición ficticia creada con la finalidad de mantener a este grupo en todos los espacios de representación política que deban pasar por un procedimiento electoral democrático-representativo. Es ficticia en la medida en que las diferencias frente a temas valóricos e ideológicos pueden llevar a que los intereses de la coalición se vean mermados por la visión particular de cada bloque. Esta condición ha aflorado más aún desde que la derecha chilena contemporánea es gobierno, existiendo dos posturas claramente delimitadas: una derecha conservadora con rasgos neo-corporativos (UDI) y una derecha neoliberal (RN). Ambas derechas poseen una naturaleza propia, que las hace incompatibles en la medida en que los debates pasan de ser programáticos a ideológicos y valóricos. La derecha chilena contemporánea posee una naturaleza contradictoria, que la hace inestable a nivel político.
La inestabilidad se refleja en dos niveles: ejecutivo – legislativo y ejecutivo – municipal. El inicio de la contradicción siempre surgirá por la posición rígida del sector neo-corporativo.
La inestabilidad ejecutivo-legislativa es la contradicción más notoria en términos prácticos. Es producto de una incompatibilidad de la visión del ejecutivo con la del legislativo frente a temas de importancia nacional. Dos ejemplos ayudan a clarificar: la idea de legislar sobre el aborto terapéutico y la ley anti-discriminación. En el primer caso, el gobierno asume una postura favorable a discutir la idea de legislar, cuestión que es rechazada de plano por la bancada de la UDI. En el segundo caso, el gobierno da suma urgencia a la ley anti-discriminación luego de la muerte producto de la brutal golpiza que sufrió Daniel Zamudio por su condición homosexual, cuestión que la bancada UDI rechaza completamente ya que puede abrir las oportunidades para el matrimonio homosexual. De esta forma, las iniciativas del gobierno frente a temas de importancia para la ciudadanía se ven bloqueados por la capacidad de veto que posee la UDI en el legislativo, desprestigiando al gobierno, volviéndolo inestable e ilegítimo.
La inestabilidad ejecutivo-municipal es la contradicción que surge cuando el gobierno ha decidido asumir una postura conciliadora o en la búsqueda de una negociación, y han sido los sectores vinculados a la UDI los que, al defender su postura ideológica en su espacio local, han generado roces con el Ejecutivo, haciendo ver al gobierno como un sector sin capacidad de control sobre su conglomerado. El ejemplo más clarificador fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011, cuando los alcaldes de la UDI por Ñuñoa y Providencia, Pedro Sabat y Cristián Labbé, aplicaron mano dura contra las tomas en tiempos en los que el gobierno buscaba dar señales de querer negociar con los estudiantes. Además de ello, comenzaron una campaña de descrédito del gobierno, llamándolo “blando”, en el sentido en que eran en sus comunas donde los estudiantes se tomaban los liceos y el gobierno no hacía nada al respecto, dejándolos a la merced de los “subversivos”. De esta forma, los objetivos del ejecutivo se vuelven incompatibles con los objetivos del sector neo-corporativo de la derecha chilena contemporánea, haciendo que el gobierno en su totalidad deba hacerse responsable de la poca unidad de mando dentro de este sector político.
En síntesis, la derecha chilena contemporánea es una creación ficticia, ya que existe una clara naturaleza contradictoria dentro de los sectores que la componen: un sector neo-corporativo y conservador y uno neoliberal. Si bien el primero posee el control del ejecutivo, es la derecha neo-corporativa la que controla su actuar, dentro del mismo gobierno como desde los niveles municipales y legislativos. ¿Cuál es la consecuencia? La inestabilidad del gobierno, al no existir unidad de dirección y mando.
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