Una máxima de la política electoral es que prometer lo que no se puede cumplir es de irresponsables. O de quienes saben que no serán elegido/as, total nadie podrá cobrar mañana la factura a quien hoy vende humo.
A menos de una semana del fin del plazo para inscribir candidaturas el 11 de enero, el proceso eleccionario de abril pondrá a prueba, una vez más, este principio de la política real.
En un país ávido de cambios estructurales (los abismantes triunfos del Apruebo y de la Convención Constitucional dan cuenta de ello), el terreno es fértil para ofertones de todo tipo. Y así lo hemos visto en postulantes al Congreso ofreciendo pavimentaciones, a los municipios canastas familiares y a los consejos regionales armando comités de vivienda. Y presidentes prometiendo de la noche a la mañana terminar con la UF.Cuando quieres cruzar la montaña, no se evalúan las decisiones sólo considerando al más preparado. Se toman pensando también en el último, en el que puede morir al final, el que también debe (y tiene derecho a) alcanzar el valle de más allá.
Lo cierto es que de todo hay en la clientelar viña del señor. Y que el mundo de los compromisos no es un universo fácil. Combina lograr objetivos con asumir responsabilidades.
El camino hacia la Convención Constitucional mucho tendrá de ello. De liquidación de derechos y garantías, con el fin de atraer a quienes se sientan seducidos por tales propuestas. Y esta advertencia no busca deslegitimar planteamiento alguno, sino sólo llamar al espíritu crítico ciudadano, que es el corazón del sistema electoral. Si tenemos presidentes y congresistas que se llevan lo público para la casa propia y de sus amigues, es porque alguien les votó. Al voto programático (que obliga a presentar programa) debiéramos, quizás, agregar el sufragio vinculante, donde lo/as electores de tal o cual candidato/o sean corresponsables de las eventuales sanciones políticas y legales que se apliquen a los representantes que votaron (total, soñar no cuesta nada).
La otra cara de esta discusión son los celadores de la realidad. Quienes bajo el argumento del realismo técnico económico pondrán cortapisas a todo principio que se aleje de sus propias ideologías. El problema es que muchos de esos perviven en otras naciones (con otra cultura, historia, realidad, claro está), pero allá sí funcionan.
Pienso en esto a propósito de una columna de Daniel Matamala de este fin de semana, titulada “En el mismo barco” en alusión a la recurrencia de la frase en los discursos del Presidente Sebastián Piñera. Con cifras y análisis comparativo, el periodista da cuenta de que, en realidad, la pandemia no nos ha afectado a todos y todas por igual. Que en Chile los más ricos ayer son más ricos hoy, incluida la familia Piñera Morel.
Ahí aclara que durante 2020, unos 4 millones de chilenos y chilenas destinaron todos sus ahorros previsionales a capear la crisis económica producto del COVID. Y quedaron sin fondos para su jubilación.
Tomando tal antecedente, la pregunta hoy es, ¿cómo lo harán, entonces, para tener una vejez digna?
Aunque suene ingenuo, la respuesta es sencilla. Con un sistema de previsión solidario, que la «capitalización individual» es un puntal individualista pernicioso. Cuestionado por la Organización Internnacional del Trabajo, incluso. Esto, junto a un sistema social que garantice derechos sociales y bienes comunes para un buen vivir.
Quizás la última línea del párrafo anterior parezca salida de la lista de supermercado constitucional. Es ahí donde los técnicos se preguntarán, ¿de dónde sacaremos las lucas? Matamala da luces apuntando a la desigualdad obscena de Chile. Partiendo por los impuestos. Yo sigo con economías solidarias.
Porque la discusión constitucional no es un debate sólo técnico-económico, es valórico. Político, en realidad.
Cuando quieres cruzar la montaña, no se evalúan las decisiones sólo considerando al más preparado. Se toman pensando también en el último, en el que puede morir al final, el que también debe (y tiene derecho a) alcanzar el valle de más allá.
Porque estamos todos y todas en la misma cordada.
Esa es la diferencia entre sólo competir y actuar como una verdadera sociedad. Y eso, fundamentalmente eso, queremos llevar junto a otros colectivos del país a la nueva Constitución.
Comentarios
06 de enero
A mi no me alcanza para solidarizar, considerando ipc acumulado, el dia en que pueda jubilar no me va a alcanzar para el sueldo minimo de esa fecha.
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06 de enero
La solidaridad es un hecho voluntario. Nace del genuino interés por el otro; no de la imposición del Estado. Por lo tanto, querer que una Constitución mandate al Estado para que obligue a las personas a «actuar solidariamente» es solo un eufemismo que degrada el real sentido de este sentimiento.
Siguiendo el lineamiento de la cordada en el montañismo, eso exige que todos los miembros de la cordada tengan una capacidad parecida, una voluntad parecida, etc. No se hacen cordadas con tipos muy expertos y novatos, pues es incluso peligroso. Y ahi entra, como siempre, la pregunta de si ponerle un handicap al mas experto, o potenciar al novato. Pero lo que rompe de inmediato la relación es si empiezan a haber personas que viven del sistema
+1
08 de enero
Que viven del sistema…relacion….lineamiento, ojala sean expertos los que redacten los lineamientos.
18 de enero
Efectivamente la solidaridad como una forma de ser, es parte del individuo y dificilmente se puede imponer contra la voluntad,,,,,,,,, pero así como como la subsidariedad de la actual Constitución potenció el individualismo y a la larga destruyo comunidad,,,,, una Constitución que se levante sobre principios de solidaridad, a la larga forjará un carácter idem en los asuntos cotidianos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, no a todos, obviamente, pero a los necesarios para construir una sociedad muy distinta a la presente.