La cocina no era tan pequeña después de todo

Han pasado más de cinco años desde la polémica frase del ex senador y actual miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, Andrés Zaldívar, en la que aseguraba que “no todo el mundo puede estar en la cocina”, porque “los acuerdos muchas veces (…) requieren una manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública”. Una postura muy lejos de lo que se esperaría de un representante de la ciudadanía en la estructura política institucional del país, poniendo en jaque los conceptos de democracia del que tanto nos ufanamos desde el “fin” de la Dictadura, a la cual supuestamente se le venció con un lápiz y un papel, olvidando en el proceso toda la lucha que se dio y las vidas perdidas en estos oscuros años.

El pasado viernes 15 de noviembre se hizo público (de madrugada) un “histórico acuerdo”, que abarcó desde el Frente Amplio hasta la UDI, en donde se comprometen, entre otras cosas, a comenzar un proceso constituyente de verdad, incluyendo un plebiscito de entrada y otro de salida, que permitiese conseguir mayores grados de legitimidad de parte de la ciudadanía. Un acuerdo que si bien en el título suena auspicioso, es por lo menos cuestionable, para lo cual intentaré sintetizar las interesantes conversaciones que he tenido al respecto.

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Sigue sorprendiendo que proyectos políticos tales como el Frente Amplio defiendan (no todos) acuerdos de esta naturaleza, claramente de espaldas al pueblo chileno

Comencemos por el principio: en el punto primero de este documento se indica que los partidos que lo suscribieron garantizan su compromiso con el restablecimiento de la paz y del orden público, pero respetando los derechos humanos inalienables a cada persona. Esto es por lo menos contradictorio, sabiendo precisamente que en cualquier definición que busquemos del concepto de orden público, sólo encontraremos ideas que apuntan a reprimir los movimientos sociales que desestabilizan la estructura política. Además, es sorprendente que sean los partidos políticos quienes adquieran este compromiso, entendiendo que estos son parte de los llamados “cuerpos medios”, que interactúan entre la ciudadanía y el autoridad, para así canalizar las demandas de los primeros. En este sentido, los derechos humanos quedan relegados a un rol menos que secundario.

Otra cuestión relevante a destacar: los mecanismos propuestos para escribir esta Nueva Constitución son, por un lado, una Convención Mixta Constitucional, la que estaría integrada en partes iguales por parlamentarios y ciudadanos electos para estos efectos; y por otro, una Convención Constitucional, en la que la totalidad de sus integrantes vendría de elección popular. Vale preguntarse dónde quedó la Asamblea Constituyente, que de forma más o menos transversal sería el mecanismo deseado para este proceso, y que debiese reflejarse en la segunda de estas alternativas propuestas. Da la impresión de que hay un temor en colocar este concepto en una papeleta de votación. Es cruel manosear de esta forma el concepto de la Asamblea, ya que la construcción de la identidad social se basa en buena parte en los simbolismos. Se ha leído en varias pancartas “nos robaron tanto que hasta nos robaron el miedo”, bueno, en esta ocasión nos robaron hasta la Asamblea Constituyente.

Y, por cierto, que la trampa estará en la composición de una eventual Convención Constitucional, lo que la distancia de una Asamblea Constituyente, ya que el mecanismo a utilizar para estos efectos será el mismo que se patentó en la última elección parlamentaria, de naturaleza proporcional, y que dependerá directamente de las listas que se establezcan para el establecimiento de bloques de poder, donde los partidos políticos (y no la ciudadanía) serán los encargados de conducir el proceso. Olvidémonos de las cuotas de participación, por ejemplo a pueblos originarios, cuotas de paridad (real y no sólo para las papeletas), integración de los cuerpos sindicales, incorporación del movimiento secundario, el mundo académico o la vecina y el vecino de la esquina, cada uno con una visión distinta que enriquecería la construcción de una Constitución que sea realmente “la casa de todos” que con tanto (y sospechoso) afán llama la derecha de la clase política. ¿Por qué olvidarlo? Porque en el mismo acuerdo se establece la configuración de una Comisión Técnica que determinará los aspectos indispensables para materializar el proceso, vale decir, reglamento, composición, entre otros,  cuyos miembros serán designados de forma igualitaria entre oposición y oficialismo. El regreso del sistema binominal, dirían por ahí.

Ni hablar de los famosos dos tercios, quórum mínimo que permitirá establecer (o no) alguna figura específica en la Nueva Constitución, donde es evidente que el dominio de la minoría va a mandatar la evolución del proceso, más allá de que una buena cantidad de notables digan que esto obligará a conseguir acuerdos transversales, y que aparentemente no estarían amarrados a las trabas del sistema binominal, ya que ahora es por representación proporcional. En el párrafo anterior nos podemos dar cuenta que esto último es por lo menos dudoso. Da la impresión que hay que agradecer que la escritura de esta nueva Carta Magna sea bajo la lógica de una “hoja en blanco”, y no como la solicitud de la UDI que quería firmemente que, de no alcanzar los dos tercios mínimos para la aprobación de un artículo, siguiera vigente el articulado original de la Constitución de 1980. Es vergonzoso que después de casi 40 años de vigencia de una imposición dictatorial siga en cuestión la posibilidad de que la estructura organizacional sea realmente legitimidada por los ciudadanos.

Para cerrar, sigue sorprendiendo que proyectos políticos tales como el Frente Amplio defiendan (no todos) acuerdos de esta naturaleza, claramente de espaldas al pueblo chileno, cuando la promesa que se alzó en su génesis era precisamente la contraria, la de construir en conjunto una nueva forma de hacer política, de cara a la ciudadanía. No me trago tampoco la postura que tomó el Partido Comunista que forma oportuna se bajó de la discusión de este acuerdo, “porque estaba todo cocinado”. Es evidente que el retraso horario que tuvo la comunicación a la prensa de la firma de este documento refleja un tira y afloja continuo de parte de los cabecillas de los partidos políticos. No dudo que el partido liderado en la actualidad por Guillermo Teillier ya esté preparando su estrategia electoral para este proceso constituyente, en que la salida de la mesa de negociación podría ser una forma de captar votos de un porcentaje específico de la población que le desagrada notablemente esta resolución tomada dentro de las paredes de la sede del Congreso Nacional en Santiago. Mención aparte para la firma singular de Gabriel Boric, que contraviniendo una decisión de su partido, Convergencia Social, genera un quiebre dentro de sus filas, en que una figura reluciente que parecía ser un ícono para lo que era la “nueva forma de hacer política” frenteamplista, como lo es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, termine dando un paso al costado, así como otros 72 hoy ex miembros.

No puedo no volver a insistir en el punto inicial que comencé esta columna: los partidos políticos como garantes del compromiso en el restablecimiento del orden público. Sólo me pregunto si acaso el tema de Derechos Humanos dejó de estar al centro de la discusión o si acaso volvieron a ser aquella “especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”, como acusó hace años el hoy Ministro de la Segpres, Felipe Ward. Tenemos el triste registro de más de 2000 personas lesionadas, alrededor de 200 personas con daño, trauma o estallido ocular, 192 acciones judiciales por torturas y tratos crueles, 52 querellas por violencia sexual, 12 por lesiones y 6 por homicidio frustrado. Es llamativo que con todas estas cifras se siga dilatando la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, quien ha demostrado ser incapaz de tomar decisiones reales que atenúen la crisis, más allá de las medidas represivas y los discursos criminalizantes respecto del movimiento, es decir un presidente que no gobierna.

En fin, contrario a lo que dijera hace ya largos cinco años el ex senador Andrés Zaldívar, parece que la cocina no era tan pequeña después de todo.