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La ceguera de la élite financiera

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Pablo Eguiguren (ingeniero comercial PUC), director de políticas públicas del think tank “Libertad y Desarriollo” publicó el pasado 30 de agosto una columna de opinión en el Diario Financiero que, para mala fortuna de su autor, la tituló “Malditos 30 años” y que es replicada en el sitio web del centro de pensamiento al que pertenece.

Eguiguren inicia su columna formulando una pregunta central sobre “cómo Chile, uno de los países que más creció en el mundo en las últimas décadas, terminó cuestionándose los pilares que lo llevaron a ese impresionante salto de modernidad que permitió sacar a millones de chilenos de la pobreza y que entregó las herramientas para que cada uno desarrollara sus propios proyectos de vida”, para la que él sostiene que es probable que no se tenga una respuesta pero que, renglón seguido, inmediatamente culpa al sistema político de no encontrar una solución argumentando que “la democracia de los acuerdos” (1990-2014) fue un período donde mejor funcionó el este modelo de desarrollo neoliberal.


¿Por qué la insistencia en un modelo opaco, de acuerdos entre “expertos”? ¿Qué lugar tiene la gobernanza de las políticas públicas en su modelo?

Para este ingeniero comercial, claramente la participación ciudadana le da lo mismo, ni hablar de accountability (o rendición de cuentas) o de transparencia activa por parte del Estado. ¿Por qué señalo esto? Debido a que el período conocido como “democracia de los acuerdos” el sistema político tuvo una opacidad de tal grado que ni se cuestionaron las privatizaciones espurias de empresas públicas al finalizar la dictadura cívico-militar, menos se intentó terminar con los “cuoteos” en órganos como el Tribunal Constitucional u otras agencias del Estado, y ni mencionar los mecanismos de financiamiento del sistema de partidos políticos que permitió a los grandes grupos económicos cooptar a legisladores y otras autoridades políticas. De esto, ni una letra del director de políticas públicas de LyD.

Posteriormente, continúa su discurso apologeta de los “mejores” 30 años para la economía chilena y de crítica al sistema político, Eguiguren presenta el caso de la “crisis” (muy conveniente) de las ISAPRE y la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto el alza en los precios de los planes de salud, sosteniendo que persiste el problema, que no hay una regulación suficiente para la determinación de los precios y acusa falta de acuerdo entre el legislativo y ejecutivo a pesar de dos comisiones presidenciales para zanjar el asunto. El problema que no quiere hacer presente o desea obviar este profesional de la PUC, es que tanto en la “comisión Illanes” (primera presidencia de Piñera) y la “comisión Cid” (segunda presidencia de Bachelet) las mismas ISAPRES presentaron alternativas que en nada modificaban la situación o se restaron del debate, presionando; asimismo, a legisladores a votar cualquier iniciativa que fuera contraria a sus intereses en las comisiones. Entonces, ¿es solo culpa del sistema político? Dejo la pregunta abierta a la reflexión.

Otra materia que toca en su columna Eguiguren es que la falta de acuerdos no fue siempre la regla y que en la década de los 2000 hubo ejemplos de acuerdos transversales que lograron elevar el PIB de Chile por sobre la media internacional y menciona el caso de la aprobación del plan AUGE durante la administración de Ricardo Lagos, pero que, convenientemente, no indica el costo político de esa negociación con Longueira, cabeza de la oposición de la época, a favor de la industria, pero que el Tribunal Constitucional de oficio en 2010 corrigió, ordenando que las autoridades competentes entregaran una solución definitiva al problema de inconstitucionalidad de la tabla de cálculos de los factores de riesgo para el precio de los planes, por ser arbitrariamente discriminatoria a la garantía de acceso a las prestaciones de salud y de protección financiera universal.

El otro asunto es el crecimiento del PIB nacional y del PIB per cápita. Estos indicadores, particularmente durante el período que menciona Eguiguren, efectivamente fueron significativamente más altos que los medidos en la última década. Sin embargo, Marco Kremerman; investigador de la Fundación Sol, en una columna publicada en 2012, evidenció que la tiranía del promedio numérico nos presentaba que Chile mostraba un PIB per cápita de US$ 16.172 al año por persona, lo que se podría traducir en un poco más de $8 millones, o $32 millones para un hogar promedio compuesto por 4 integrantes, algo así como $2,7 millones de pesos al mes.

Nada mal y muy de acuerdo en lo que Eguiguren quiere demostrar. No obstante, Kremerman señala en la misma columna que “de acuerdo con los datos procesados de la Encuesta CASEN 2009, nos dice que el ingreso promedio anual autónomo per cápita en el decil 9, es de US$ 8.800, vale decir, en el 90% de los hogares chilenos, las personas viven con la mitad o menos del PIB per cápita promedio que el FMI calcula para Chile. Aún más, en el 60% de los hogares más pobres, las personas viven con menos de US$3.500 al año”.

Es decir, la alta desigualdad de ingresos no permitió el acceso a gran parte de los beneficios del desarrollo. Incluso, el mismo Kremerman, sostuvo que según los resultados de una encuesta aplicada por el Centro de Estudios Laborales del INFOCAP en 2011 dirigida a sus estudiantes, demostró que el 48,6 % de los alumnos con tarjeta de crédito la usaron para alimentarse, y si este dato se cruza con los datos de Casen 2009 que evidenció que el 80% de los hogares tuvo ingresos mensuales no superior a los $850.000, saltando a la luz la inequidad de ingresos de las familias, por lo que la tesis de Eguiguren sobre las bondades de la “democracia de los acuerdos” y los “malditos 30 años” nuevamente deja entrever la falta de reconocimiento de la fuente del problema, y que la insistencia en la mantención de un modelo agotado y que el beneficio que pregona de esas tres décadas de “envidiable” crecimiento económico solo benefició a unas 4.500 familias, que al 2012 correspondía al 0,1 % de la población.

Finalmente, remarca que ciertos sectores (me atrevo a decir individuos agrupados, y no necesariamente amplios sectores de la centroizquierda) hasta la derecha, presentaron un acuerdo transversal para rechazar la propuesta de nueva Constitución y que, de ganar la opción del rechazo, se continúe con el proceso constituyente. En este punto me surgen varias dudas, pero comparto tres:

¿Qué pasó con la certeza jurídica que se pregonó durante el plebiscito de entrada y que ahora, por arte de magia, desaparece de la lista de sus preocupaciones? Porque se debe convenir que una de las preocupaciones permanentes, además de la paz social y/o delincuencia, siempre fue la certeza jurídica o las reglas del juego claras. Sin embargo, como la propuesta no les agradó ni les convino porque se establecían mayor transparencia, mayor participación ciudadana y mayor democracia (porque estimulaba el debate y no lo clausuraba), desecharon esa certeza jurídica, que puede esperar y dejarse en el congelador hasta la próxima elección que les convenga.

La segunda cuestión que me surge, que en realidad son varias relacionadas, si son las políticas públicas su objeto de estudio, ¿por qué la insistencia en un modelo opaco, de acuerdos entre “expertos”? ¿Qué lugar tiene la gobernanza de las políticas públicas en su modelo? ¿Qué grado de jerarquía debe poseer para este experto la transparencia activa y la rendición de cuentas? Porque claramente para Eguiguren la “democracia de los acuerdos”, esa de los tecnócratas y expertos, de decisiones a puertas cerradas, sin participación ciudadana, sin gobernanza ni transparencia, fueron parte de los “malditos 30 años”.

La tercera duda es, ¿qué entienden Eguiguren y su sector por “nuevo proceso constituyente”? ¿Comité de expertos? ¿Asamblea o convención constitucional? Lo pregunto, porque la soberanía popular se expresó claramente por la vía de la asamblea y no un comité de “expertos”. ¿Cómo resuelven ese dilema, democráticamente?

Entonces, ¿para quiénes son esos malditos 30 años? El experto de LyD se ufana de los “eslóganes” de sus adversarios, pero él y su sector se llenan la boca de una libertad que no es para todas las personas, sino para aquellos lectores del Diario Financiero que no necesariamente residen en las comunas de menor ingreso. Por eso tú élite, a esa que escribes, persiste en su ceguera ideológica, la peor de todas.

TAGS: #CrecimientoEconómico #Desigualdad #ProcesoConstituyente

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09 de septiembre

El acuerdo Constitucional que se debe lograr es hacer una pelotita con la que jugaremos todos, a la que cuidaremos todos, porque la pelotita nos da a todos.

Esta pelotita la podemos entender como un conjunto de reglas que construyen un fondo económico nacional, propiedad del pueblo de Chile, con dineros del pueblo de Chile, para el beneficio del pueblo de Chile, con las que se hagan parte de las inversiones estratégicas nacionales, con la intención de que la pelotita tienda cada vez más a tener colores de una inversión nacional que es de todos los chilenos, más que de transnacionales o de grandes capitales locales.

El fondo de la necesidad de esta pelotita es el sobreendeudamiento de las personas (actualmente 30% de la población chilena). Esta cifra nos indica que la población ha vivido bajo el látigo de la esclavitud de altos intereses que pagarle a unos pocos, pero, no a todos, durante mucho tiempo.

Si tomamos el 1% del Presupuesto Nacional (digamos 800 millones de dólares) y lo ponemos a libre decisión de inversión de una Red Social Chilena, de una Cámara Ciudadana Digital y de un Congreso Digital de Nodos, y si esto lo hacemos año a año, aumentando un 1% del Presupuesto Nacional cada año, en poco tiempo seríamos un tremendo ejemplo mundial sobre cómo se hacen las cosas.

Podemos hacer, como propuesta, con ese 1% del Presupuesto Nacional una AFP de todos los chilenos y un banco de dinero de todos los chilenos . . .

Eso necesitamos, una idea, no derechos..

09 de septiembre

Hola Rolando. Gracias por tu comentario.

Comparto con usted que el marco constitucional son reglas del juego que deben ser aceptadas por todas las partes. Sin embargo, jamás se podrá contar con la anuencia unánime de los preceptos, el alcance, la naturaleza y un sin fin de otras características, por lo que se acepta que exista un apoyo mayoritario e inequívoco, que puede ejemplificarse con el 62 % que obtuvo el «rechazo».

Dicho aquello, ¿qué se entiende por «la pelotita nos da a todos»? ¿Que el interés superior prima en un choque de intereses? ¿Que los intereses privados se imponen en importancia según el monto que afecta? Es bueno definirse en esa materia antes de comenzar a entregar recetas o propuestas de financiación de políticas públicas. Y señalo esto en el sentido que, sin duda, las ideas y su ejecución son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, sin embargo, para implementar esas ideas sí se requiere de libertades y garantías que, hoy, no se ve muy claramente que existan. Sin libertad de expresión y de emprendimiento no pueden desarrollarse ni aplicarse ideas e innovaciones. Y he ahí la clave del porqué el debate y la política sí importan y por consiguiente sí se requieren derechos, porque se requieren ideas.

Saludos.

F.-

09 de septiembre

Hola Rolando. Gracias por su comentario.

Comparto con usted que el marco constitucional son reglas del juego que deben ser aceptadas por todas las partes. Sin embargo, jamás se podrá contar con la anuencia unánime de los preceptos, el alcance, la naturaleza y un sin fin de otras características, por lo que se acepta que exista un apoyo mayoritario e inequívoco, que puede ejemplificarse con el 62 % que obtuvo el «rechazo».

Dicho aquello, ¿qué se entiende por «la pelotita nos da a todos»? ¿Que el interés superior prima en un choque de intereses? ¿Que los intereses privados se imponen en importancia según el monto que afecta? Es bueno definirse en esa materia antes de comenzar a entregar recetas o propuestas de financiación de políticas públicas. Y señalo esto en el sentido que, sin duda, las ideas y su ejecución son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, sin embargo, para implementar esas ideas sí se requiere de libertades y garantías que, hoy, no se ve muy claramente que existan. Sin libertad de expresión y de emprendimiento no pueden desarrollarse ni aplicarse ideas e innovaciones. Y he ahí la clave del porqué el debate y la política sí importan y por consiguiente sí se requieren derechos, porque se requieren ideas.

Saludos.

F.-

09 de septiembre

Que nos dé a todos significa solo eso. No se interfiere a otros sistemas más que con una libre competencia que nace pequeña pero, que es disruptiva, esto es, que penetra al sistema de a poco y lo cambia.

Lo que hoy no existe es el derecho a participar en el proceso político con algo más que un voto o una protesta, lo cual no es civilizado. Civilizado es que si desde la sociedad provienen mejores ideas que desde la política, se ejecuten las mejores, debatiéndolas, pero, ese lugar de debate no existe. No lo ha implementado partido político alguno, ni Presidencia. Siempre se esconden, ahora el Sr. Boric más que nadie, porque no hay botón de escríbale a la Presidencia, que lo creó el Sr. Lagos.

Eso lo resuelve definitivamente lo que propuse, una Red S. Ch., una C. C. D. y un Congreso Digital de Nodos, abriendo la alameda de la democracia y la participación digital. Existiendo estos, dándoles la oportunidad de hacer inversiones en nombre de la población, con recursos de todos, se abriría, parafraseo, la alameda de la democracia económica.

El poder tener acceso a un sistema económico más barato en sus créditos y que dé mayor rentabilidad en sus inversiones al pueblo, es el sistema que se necesita en un pacto social, que es la demanda civil de una sociedad económicamente más justa, distributiva de poder político y pertenencia.

Sin un salto como esto en política y organización financiera, siempre habrá disconformidad económica y seremos cuna de más estallidos sociales.

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