El lunes recién pasado, Jovino Novoa informó su «decisión de guardar silencio”, argumentando que en su opinión la investigación en su contra, en lo que se refiere a la denominada arista política, se había desvirtuado, puesto que el procedimiento se ha mediatizado y se ha creado un ambiente acusatorio anticipado. Finalizó su declaración expresando que “estamos frente a una investigación ideológicamente falsa». Culpa de esta situación, aunque no en forma exclusiva, al Ministerio Público, por tanto, se reserva declarar sólo ante los jueces y no ante ese ente investigador
También esta semana, parlamentarios de la UDI acordaron reactivar un proyecto de ley que busca modificar el artículo 52 de la Constitución, para incluir al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales como autoridades afectas a una acusación constitucional por parte del Congreso Nacional.Últimamente, las “artes retoricas” empleadas por la UDI, al carecer de consistencia argumentativa, no pueden tener un éxito disuasorio, teniendo en cuenta que solo pretenden servir a un auditorio particular (militantes y simpatizantes UDI) y exentos de validez y muy poco convincentes para todo ser racional, en el concepto kantiano.
No sorprende que Jovino y la UDI, ante las indagaciones por los aportes irregulares a sus campañas políticas, hubieran salido a campo abierto a defenderse, contraatacando y utilizando viejos artilugios acomodaticios. Primero, insinuando que el proceso judicial estaría viciado, tratando de poner en tela de juicio la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre los delitos cometidos. Y, en segundo término, amedrentar a los fiscales con eventuales acusaciones constitucionales, bajo el pretexto que «se debe disminuir el riesgo de que los fiscales hagan campaña en vez de buscar justicia» (Diputado Ward). ¿Pretenden no ser investigados y castigar a quién se atreva a investigar al gremialismo?
La estrategia de la UDI sigue las recomendaciones del estratega militar Carl Von Clausewitz quien plantea que la idea fundamental de la defensa es de parar de un golpe, destruyendo las “fuerzas enemigas”, no sólo limitando este concepto a las “fuerzas físicas” sino que también en el ámbito moral. Es por eso que Novoa y sus incondicionales pretenden erosionar la credibilidad del Ministerio Público, aspirando que sus cuestionamientos produzcan un debilitamiento y sospechas –interno y externo- en esa entidad.
Esta estrategia amerita una reflexión de amplias proporciones, considerando que busca destruir el prestigio de un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Además, no es parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.
Al sustituir argumentos por el recurso de la intimidación y descalificación, absteniéndose de responder a las contundentes pruebas acumuladas en la carpeta investigativa sobre el caso Penta, solo pueden minar el valor de las refutaciones hechas por el imputado Jovino Novoa, particularmente cuando se apela a un argumento Ad hominen, o sea, atacando a la entidad persecutora, en vez de responder o refutar la cualificación de los ilícitos expuestos en la acción penal, introduciendo una cuestión irrelevante (filtraciones, publicidad del juicio), sin ponderar la fuerza de las razones esgrimidas en su contra.
Últimamente, las “artes retoricas” empleadas por la UDI, al carecer de consistencia argumentativa, no pueden tener un éxito disuasorio, teniendo en cuenta que solo pretenden servir a un auditorio particular (militantes y simpatizantes UDI) y exentos de validez y muy poco convincentes para todo ser racional, en el concepto kantiano, ya que no oponen antecedentes verosímiles que refuten los medios de pruebas deducidos por los fiscales.
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