Isla Riesco y la equívoca señal de Contraloría

El pasado 22 de julio la Contraloría evacuó el dictamen N°45798 a requerimiento y consulta de la presidenta del PPD, Carolina Tohá, y del diputado Enrique Accorsi, sobre un eventual “conflicto de interés” que afectaría a los ministros miembros del comité que resolverá sobre los estudios de impacto ambiental que aconsejen o no levar a cabo proyectos que pudieran generar daño ambiental.

En este caso, se refieren al proyecto Mina Invierno, en Isla Riesco, cuyos dueños son Copec S.A. E Inversiones Ultraterra limitada, a través de la Empresa “Mina Invierno S.A”.

El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) presentado por Mina Invierno S.A fue aprobado el 15 de febrero por la Comisión Regional del Medio Ambiente. Fueron innumerables los reparos que se hicieron sobre el proyecto y el daño ecológico que generaría. Sin embargo, se aprobó igual y la ley instituye al “comité de ministros” como siguiente instancia para recurrir sobre la decisión.

Así, el comité, que deberá resolver sobre las reclamaciones sobre el estudio de impacto ambiental, estará formado por:

María Ignacia Benítez, ministra de Medio Ambiente; Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia; Alfredo Moreno, ministro de Relaciones Exteriores; Andrés Allamand, ministro de Defensa; Pablo Longueira, ministro de Economía; Joaquín Lavín, del Mideplan; Felipe Bulnes, de Educación; Laurence Golborne, de Obras Públicas; Jaime Mañalich, de Salud; Rodrigo Pérez, de Vivienda; José Galilea, de Agricultura; Hernán de Solminihac, de Minería; Pedro Errázuriz, de Transportes; y Catalina Parot, de Bienes Nacionales.

Estos funcionarios (todos designados de forma discrecional por el Presidente de la República), con su voto, resolverán sobre la suerte del recurso de reclamación, que pretende impugnar la resolución del 15 de Febrero de la comisión regional.

Es de público conocimiento que el Presidente Piñera posee 785.609 acciones de COPEC que, a la fecha, equivalen a 15 millones de dólares, aproximadamente. La anuencia de este proyecto, repercutirá decisivamente en cuánto se incrementará el patrimonio del Presidente. Para muestra, un botón: el 5 de Noviembre de 2010, Piñera anunció el Plan Magallanes, con una inversión en la región de 500 millones de dólares por parte del Estado y 100 millones de dólares por los particulares (dentro de los cuales estaba el proyecto de Isla Riesco). Ese día, la acción de Copec valía $9.390; el 8 de noviembre, el precio había subido a $9.744 y tuvo un récord de $9.897 el 10 de noviembre.

Volviendo a lo señalado por la Contraloría, y basándose esta en el Artículo 8° de la Constitución, relativo al principio de probidad, la ley de Bases generales de la Administración obliga a las autoridades, en su artículo 52, a actuar con “preeminencia del interés general sobre el particular”. El artículo 53 dispone que el interés general requiere medios idóneos de diagnóstico, decisión y control y que su ejecución debe ser razonable e imparcial.

En este último punto está la principal debilidad el dictamen, puesto que asume que la conformación del comité de ministros “no es consecuencia de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario”.

La imparcialidad, en este caso se ve abiertamente violentada, puesto que cada uno de los integrantes de dicho comité, comparecen en calidad de funcionarios de exclusiva confianza del presidente (Artículo 32 N°7 CPE), y como miembros del comité votan sólo por el hecho de ser ministros. Es más: el Presidente podría reformar la totalidad del Comité con un decreto en que haga otro cambio de gabinete.

Debemos elevar los estándares de conducta, en los conflictos de interés y evaluarlos ex-ante, ya que la Contraloría, señalando que los ministros están obligados a actuar a la luz del interés general, sencillamente limita la fiscalización a esta toma de decisiones tan trascendentales y las transporta al ex-post, cuando a todas luces, resultará más difícil revertir una decisión de tal magnitud.

Así, si seguimos teniendo comités de ministros que votarán “imparcialmente” sobré el futuro de la billetera del Presidente, nuestra institucionalidad se verá cada vez más mermada, y a pesar que ese capital del Presidente se mantenga bajo la figura del “Fideicomiso Ciego”, de seguro no será sordo.

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Foto: mirook / Licencia CC