Isla Riesco: el lobby y el empresariado triunfan otra vez

Este martes nuevamente fuimos testigos de cómo las instituciones del Estado chileno trabajan solo para satisfacer los intereses de unos pocos. Este día se aprobó por votación unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permite el desarrollo del primero de 5 proyectos mineros que pretenden explotar a tajo abierto las enormes riquezas carboníferas que posee la hermosa reserva natural de Isla Riesco. Esta aprobación se dio de parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de Magallanes, presidida por una persona que solo comenzó a sonar en nuestros oídos después de su ineficiencia frente al conflicto por el alza del gas en Magallanes, la intendenta Liliana Kusanovic.

Pues bien, con la transparencia y representatividad que caracteriza a las COREMA, la COREMA de Magallanes, presidida por la intendenta de Magallanes y 10 Seremis, todos nombrados por el Presidente de la República, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que da luz verde para que se inicien las obras de construcción de la primera de 5 minas de carbón que se instalarían en la Isla Riesco. Cabe recordar que todas las personas con derecho a voto dentro de este organismo son cargos “de exclusiva confianza del Presidente de la República”, es decir, sus decisiones siempre han dependido de su jefecito que está en La Moneda y la participación de las comunidades dentro de las decisiones de este tipo de organismos solo es como oyentes o bien, para plantear sus ‘opiniones’ sin ninguna capacidad de resolución.

Basándonos en eso ya podemos comenzar a analizar las aristas de una aprobación que estaba absolutamente predefinida por el lobby de los grandes empresarios con las reparticiones del gobierno, por la presión de las mineras en conseguir energía a bajos costos y por un gobierno y un aparato estatal que constitucionalmente está hecho para servir a los intereses de los grandes empresarios.

Mas allá de hablar de los intereses económicos que tiene la intendenta Kusanovic en la región, intereses que muchas veces podrían prevalecer por sobre el bien común de los habitantes de la región, nos gustaría referirnos a cómo, en este caso especifico, el gobierno ha puesto todas sus instituciones a favor de los grupos Ultramar (familia Von Appen) y Copec (familia Angelini), para que de esta forma se apruebe la construcción de la Mina Invierno y el proyecto minero de Isla Riesco, incluso haciendo oídos sordos a informes que se han entregado y comprueban las irresponsabilidades cometidas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, basado en datos y estimaciones que para nada corresponden a la zona geográfica en la que se planea construir este megaproyecto, todo esto demostrando la obstinación de Presidente y su equipo de ‘expertologos’ que harán lo que sea para mantener satisfechos a los grandes grupos económicos.

Pero más allá de los comentarios de pasillo que dicen que la aprobación de este proyecto ya estaba predefinida por Piñera y su gobierno, debemos enfocarnos en los detalles que hacen reconocer que sin ningún estudio de por medio, el gobierno ya había visado el proyecto solo por el lobby realizado principalmente por el señor Jorge Pedrals, gerente general de la Minera Isla Riesco, con la autoridades.

Dentro de la aprobación del proyecto este martes pudimos ver el acto más patético y extraño que se ha visto en el último tiempo, en donde se le entregó solo 15 minutos a todas las organizaciones asistentes para plantear sus opiniones e indicaciones técnicas al proyecto, indicaciones que dejaban entrever serias fallas dentro del Informe de Impacto Ambiental. Por ejemplo, se cuestiona seriamente la veracidad del Estudio de Vientos en el que la empresa cifraba el promedio de la “racha de vientos” en 39 km. por hora, en una zona en la que los vientos se presentan con una velocidad de alrededor de 120 km. por hora, es decir, lo que según la empresa no traería ningún riesgo al ecosistema. En base a estudios mucho más realistas que los de la empresa, los fuertes vientos patagónicos traerían consigo el esparcimiento de las partículas de carbón y de esa forma, los índices de contaminación descritos por el EIA serían mucho más bajos de los que serán en la realidad. Este supuesto error no fue para nada considerado por la COREMA al momento de aprobar el proyecto y obviamente traería consecuencias devastadoras para el ecosistema no solamente terrestre, sino que también marino, debido a la construcción de un gran puerto para cargar el material que se extraiga de la isla.

Toda esta moda de parte de la COREMA de Magallanes en hacer oídos sordos a los intereses de la ciudadanía y a las verdades que plantean los expertos,  no viene de una idea planteada exclusivamente por las mismas personas que forman parte de esta institución, ya que al ser cargos de confianza del presidente, obedecen a una política económica destructiva que el gobierno esta continuando y profundizando. De hecho, en las horas previas a que se constituyera la comisión que aprobó el proyecto, el biministro de Energía y Minería (misteriosamente las dos carteras involucradas en el proyecto), Laurence Super Golborne, dio su completo respaldo a esta iniciativa y comentó que “no podemos oponernos a todo” haciendo alusión al mismo argumento con el que perdió Frei: el mal menor.

Ante las críticas de la ciudadanía, la Minera Isla Riesco precisó que, de las 26 mil 800 hectáreas que los grupos económicos adquirieron, sólo intervendrán 2 mil 145, lo que corresponde a un 0,4% de las 500 mil hectáreas de la isla que serán explotadas durante 25 años en una zona donde, según indicaron, ya existe una gran “colonización humana”. Frente a las preguntas sobre su extraña equivocación en el Estudio de Vientos y otras cosas que están incorrectas dentro del informe aprobado por la COREMA, solo dijeron que eran errores de tipeo pero no quisieron profundizar en el tema.

Lamentablemente frente a todo esto la que sigue perdiendo es la mayoría, mientras los que ganan son solo los grandes empresarios dueños de estos proyectos y también las grandes multinacionales que siguen saqueando los recursos naturales que deberían ser de todos. Así, la aprobación de la primera de 5 minas que pretenden destruir la poca riqueza natural que le queda Chile,  se enmarca dentro de un sucio lío de lobby, ambición, libre mercado y un gobierno que solo busca quedar bien con esos pocos que quieren seguir.