Chile tiene un grave problema de representatividad de la ciudadanía. A pesar de mostrar regularmente buenos resultados en algunos indicadores internacionales de calidad democrática (Freedom House, por ejemplo), la percepción mayoritaria, y que se expresó con claridad en las movilizaciones sociales del 2011, es que nuestra democracia no da el ancho para responder a las demandas ciudadanas de esta nueva década.
Una democracia sana se construye sobre la base de la participación de la ciudadanía. Para que esta se exprese, el sistema político debe asegurar al menos: la representatividad de los electores, la competencia de las alternativas y la capacidad de decisión de la ciudadanía. Ninguno de estos tres objetivos se cumple en el sistema político chileno.
La institucionalidad democrática descansa en el sistema electoral binominal, el cual limita la representatividad del sistema político al sobre-representar a dos grandes bloques políticos. Por otra parte, el sistema electoral también limita la competencia, ya que salvo existan posibilidades de doblaje (que la primera lista doble en votos a la segunda), tampoco están los incentivos para mayores esfuerzos electorales. Y finalmente, los ciudadanos tienen una limitada capacidad de decidir dentro y fuera del proceso electoral. Dentro del proceso electoral, porque el sistema de quórum hace prácticamente imposible un cambio de reglas en el modelo, lo que desincentiva la participación: ¿Para qué votar, si aunque sea electo mi candidato, es poco o nada lo que puede hacer en el Congreso?. Y por otra parte, el sistema político, limita los mecanismos de consulta directa a los ciudadanos.
Estas tres características han determinado una democracia estable en lo político, pero con bajísimos niveles de participación, y por ende, con crecientes problemas de legitimidad al interior de la sociedad.
Por otra parte, y como es sabido, el sistema de registro electoral ha sido también una limitante a la participación política. Al hacer la inscripción electoral voluntaria y el voto obligatorio para quienes se han registrado, estableció un costo adicional para los electores, lo que ha sido determinante para desincentivar la participación, en particular, quienes cumplieron la edad de votar en el período democrático. De hecho, Chile tiene la tasa de participación juvenil más baja de la región. Mientras la participación promedio de los jóvenes en Latinoamérica es de 58%, en Chile es de apenas un 22%.
Generar renovación en la política pasa inevitablemente por impulsar profundas reformas a la institucionalidad política. La reciente aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario aborda solo una parte de los determinantes de la participación: los costos asociados a ella. Sin embargo, mientras nos se corrijan los aspectos que limitan la representatividad de los electores y el poder de decisión de los mismos, los incentivos a la participación serán limitados y seguiremos padeciendo una democracia sin plenitud de salud.
Lo anterior exige de las actuales fuerzas políticas, coraje y la convicción para enfrentar los enclaves autoritarios que fueron heredados de la dictadura y su diseño político. Sin embargo, tenemos aquí un problema de incumbencia. Los mismos llamados a reformar el sistema, son quienes obtienen beneficios del mismo. Para superar esta contradicción, se requiere una ciudadanía activa que empuje estos cambios, que se movilice en función de reformas políticas, y que exija no ser excluida del debate para un nuevo diseño político. A la ciudadanía no se le debe temer. Como se ha dicho, “los problemas de la democracia, se resuelven con más democracia”.
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