Informe de DD.HH. con una ayudita desde el extranjero

Cuando concluye el 2014 y a propósito de lo informado sobre Chile a principios de año por el Departamento de Estado estadounidense en materia de derechos humanos y sobre el subsidio estatal que recibe el duopolio Copesamercurial del Estado chileno y su nula repercusión en nuestra clase política y medios de comunicación en general, resulta pertinente recordar aquello.

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Desde el golpe de Estado de hace 40 años, que carecemos de instituciones republicanas suficientemente poderosas y representativas que develen nuestros vicios y carencias democrático-institucionales.

Es penoso tener que reiterarlo, pero hace mucho, específicamente desde el golpe de Estado de hace 40 años, que carecemos de instituciones republicanas suficientemente poderosas y representativas que develen nuestros vicios y carencias democrático-institucionales y dependemos del resto del mundo para avanzar hacia la recuperación democrática.

Así ocurrió hace ya décadas con la Comisión Church del Senado norteamericano, que reveló entretelones del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende con la participación de la CIA y la actividad sediciosa de El Mercurio y los pagos que esta empresa recibió de tal servicio de seguridad.

Tampoco hubo juicio alguno de derechos humanos que avanzase en nuestros tribunales hasta que la policía británica arrestó en octubre de 1998 al exdictador Augusto Pinochet en Londres, en cumplimiento de una resolución judicial de tribunales españoles. Recién entonces, se pusieron en movimiento los tribunales chilenos en las causas de derechos humanos.

Similar situación se produjo con el dinero atesorado por el dictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Estados Unidos, a través de operaciones que incluían la participación de numerosos testaferros y su propia actuación tras la chapa o alias de “Daniel López”.

Del mismo modo, ha sido necesario que el dueño del desaparecido diario Clarín Víctor Pey, confiscado por la junta de gobierno en 1973, haya demandado al Estado chileno ante el tribunal de la CEADI para poder aspirar a ser resarcido de tal apropiación, vergonzosa situación de injusticia que aún perdura mientras sucesivas administraciones posdictatoriales se han vanagloriado de no indemnizar al señor Pey.

Así, suma y sigue. Para nuestra vergüenza, sólo nos queda agradecer, una vez más, al gobierno norteamericano por esta puesta en tabla de nuestras carencias.