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Incapacidad de Piñera para salir de la crisis

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El Presidente Piñera no ha sido capaz de distinguir bien entre vándalos, anarquistas y narcotraficantes involucrados en saqueos con los manifestantes pacíficos, reiterando con majadería un discurso que pretende vincular a ambos en los pillajes que han estado ocurriendo. Si en los saqueos han participado bandas de narcotraficantes en conexión con la delincuencia común y grupos anarquistas como lo ha señalado tanto el Presidente, la Vocera y el Ministerio del Interior, es pertinente preguntarse ¿Por qué actúan con tanta impunidad y la autoridad que los tiene individualizados no hace nada al respecto, dejando a la población civil a merced de la delincuencia?

Todo indica que el Gobierno no sabe qué hacer con esa roca de violencia cada día más grande y que les acabará ocurriendo lo mismo que a Sísifo, ese personaje de la mitología griega que fue condenado por los dioses a empujar eternamente una gran piedra hasta la cima de una montaña y que, antes de llegar al punto más alto, resbalaba por su propio peso y caía una y otra vez pendiente abajo.


Para Piñera la política sin espectáculo no es política y utiliza el relato y la imagen como únicos elementos de la actividad política convirtiéndola en pura teatralidad, sin reflejo alguno en la gobernanza del país.

La tarea de mantener el orden público, de acuerdo al ordenamiento Constitucional, es facultad privativa del Ejecutivo y esta debe ser compatible con el respeto a los derechos de las personas. Por tanto, el uso de la fuerza socialmente organizada por parte del Estado, bajo ninguna circunstancia, puede vulnerar las garantías individuales de los ciudadanos. Actualmente, la fragilidad política del gobierno, muestra que éste es incapaz de controlar el caos y la violencia callejera, por tanto, apela a un guion que oblicuamente deja entrever que para mantener el orden público es inevitable que las policías cometan abusos y que la violación de garantías civiles y políticas es un costo lateral que se debe asumir y usa las imágenes del laberinto violentista para criminalizar al movimiento social y atacar a los partidos de oposición.

Para Piñera la política sin espectáculo no es política y utiliza el relato y la imagen como únicos elementos de la actividad política convirtiéndola en pura teatralidad, sin reflejo alguno en la gobernanza del país. Esta lógica ha llegado a unos niveles en los que el qué se dice y el cómo se dice son mucho más importantes que las acciones políticas en sí mismas. El discurso y las puestas en escena lo son todo, el espectáculo se convierte así en la política misma: la sustituye. Pero la vida real continúa, la precariedad cotidiana, la violencia en las calles y el ejercicio ilimitado del abuso a los consumidores por parte de las grandes empresas se mantienen intactos y el deterioro institucional se profundiza.

El gobierno, a través de los cuerpos policiales, es el responsable de mantener la Seguridad Pública y combatir las amenazas que atentan contra la paz en los espacios públicos o contra la libertad e integridad de los ciudadanos. Lo que se ha visto desde el 18 de octubre es que los encargados de operar y de­sarrollar políticas para la contención, sanción, investigación de la violencia y los saqueos, pero principalmente, su prevención, han fallado.

Es esencial frenar la violencia, y eso no se consigue lanzando balines y bombas lacrimógenas en forma indiscriminada a los manifestantes, abusando de detenidos ni mutilando a los que protestan pacíficamente. Ese descontrol policial sólo sirve a los vándalos para ganar legitimidad como reacción a estos abusos y potencia un círculo vicioso en que la violencia de Carabineros y la delincuencial se retroalimentan mutuamente. Por consiguiente, es necesario refundar carabineros, resolver los déficits formativos que dicha institución arrastra, puesto que el país no puede tener una policía que comete graves violaciones a los derechos humanos y que se comporta como enemiga de la gente que ejerce su derecho a manifestarse. No es de extrañar, entonces, que el descontrol de esa fuerza policial es percibida, por una parte importante de la población, como un vector de la violencia, promoviendo un escenario irracional de confrontación violenta entre las fuerzas policiales y grupos antisistema que tensiona sin transformar y redunda finalmente en frustración colectiva, con el riesgo de minusvalorar la necesidad de reformas estructurales y puede terminar por sustituir una salida política institucional por una salida de autoritarismo represivo.

El informe que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado en relación con Chile, donde acreditó graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales a lo largo de las recientes movilizaciones sociales, constituye un inquietante llamado de alerta pero también una oportunidad para el país, pues abre espacio para buscar alternativas que permitan corregir estos delicados problemas y hacerlas aún más eficientes.

De acuerdo con las conclusiones del informe, se advierte un uso indiscriminado e indebido de armas de fuego, en particular en lo que toca a las escopetas “antidisturbios”, que han provocado daño ocular a más de 200 personas; disparos directo de gas lacrimógeno a manifestantes; maltratos, abusos sexuales y torturas durante las detenciones, así como denuncias de violaciones a los derechos humanos contra menores de edad. Se ha hecho ver que Carabineros carece de sistemas de control interno eficientes, lo que facilitó la comisión de estos graves hechos; asimismo, se señala la escasa preparación con que cuentan funcionarios policiales para el uso de armamento antidisturbios, en algunos casos incluso desconociendo los riesgos de su utilización.

Es a la luz de todo lo anterior que HRW recomienda a las autoridades reformular Carabineros de manera urgente. La gravedad de los casos denunciados sin duda resulta impactante y exige investigaciones exhaustivas, sin margen para la impunidad, pues de ello depende críticamente que el monopolio de la fuerza que detenta el Estado encuentre plena legitimidad y no sea resistido o cuestionado por la sociedad. Es de esperar que este informe no sea tirado al basurero y sirva para emprender reformas al quehacer policial, las que deberían incluir una reformulación más amplia de cómo ir especializando el rol de las policías.

El orden público solo se puede restablecer cuando las fuerzas policiales -Carabineros y PDI- cumplan eficientemente y profesionalmente con su cometido, en forma proporcional y respetuosa de los derechos humanos, para restablecer el orden público, previniendo e individualizando a los perpetradores de estos actos vandálicos y entregando los antecedentes al Ministerio Público para, posteriormente, sean juzgados y sancionados por los Tribunales de Justicia. Adicionalmente, en forma paralela, avanzar en la implementación de una agenda social sustantiva y en el proceso de elaborar la Nueva Constitución en una Convención Constitucional (100% electa por la ciudadanía) o por una Convención Mixta Constitucional.

Es necesario, por tanto, desinflamar el conflicto, siendo capaces de establecer marcos de diálogo; propuestas de cambios reales y que le hagan sentido a los ciudadanos y asumir la defensa irrestricta de la movilización pacífica y exigir y hacer efectiva las responsabilidades políticas, administrativas y penales por las violaciones de los derechos humanos. Lógicamente habrá que hacerlo dentro de los parámetros democráticos. Y eso exige estar a la altura de las circunstancias, contar con muchos actores políticos y sociales, como también estar genuinamente dispuesto a replantear el modelo de país, ya que la vía de oponerse a repensar las bases del sistema que la ciudadanía demanda es un camino que solo conduce a agudizar el conflicto y al fracaso, igual que la vía de negar la violencia estatal y de los vándalos.

Por eso es fundamental evitar que la violencia y el caos se mantengan en el tiempo, puesto que fragiliza y debilita los cimientos de la democracia y, además, puede llevar a la economía a una recesión, lo que obliga a la institucionalidad política a ser capaces de dar soluciones a un problema tóxico que hace al país ingobernable, salvo que no se quieran resolver las desigualdades materiales, sociales y territoriales que generaron la crisis.

El gobierno y los partidos políticos tienen ahora la responsabilidad imperativa de acelerar la implementación de la agenda social y política, haciendo cambios tangibles para la gente y que genere un contexto donde lo público prevalezca y bata en retirada a la violencia. De lo contrario, el caos podría lastrar y devaluar la democracia, creando una sensación de miedo y vulnerabilidad en buena parte de la población y convertir en cenizas las reivindicaciones sociales de la mayoría de la sociedad, simplemente por las inapetencias al cambio de la UDI, las contradicciones del gobierno y por la acción demente de pirómanos y el lumpen que están en las antípodas de un comportamiento democrático.

TAGS: #CarabinerosDeChile #DerechosHumanos #EstoPasaEnChile #GobiernoPiñera #Violencia

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